Jaime GUERRERO
Oaxaca, México.- Ivonne Henestroza Matus, experta en materia de fiscalización y combate a la corrupción, señaló que en Oaxaca –por medio de una reforma a leyes secundarias y reglamentarias- se tiene que adoptar la ley general de responsabilidades administrativas, para tipificar las faltas administrativas no graves, que prescriben en 3 años, y las graves que prescribirían en el plazo de hasta 7 años.
La también consultora externa de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), destacó que se tienen que sentar las bases de un proyecto que tendrá que hacer consientes a los particulares en su participación en el combate a la corrupción.
En entrevista, recordó que con la entrada vigor, el pasado 19 de junio, de la ley general de responsabilidades administrativas, se tipifican dos tipos de responsabilidades, las graves y no graves.
Las no graves, prescriben en 3 años, contados a partir del día siguiente al que se hubieran cometido las sanciones o partir del momento en que hubieran cesado.
Las faltas administrativas graves, o faltas de particulares, prescriben en el plazo de hasta 7 años, contados en los mismos términos.
Cuando hay una falta grave, puede transcurrir hasta 7 años para que los funcionarios públicos puedan ser sancionados. Una vez homologado a nivel federal.
En algunos, Estados como Oaxaca, solo tres años de prescripción. “Hoy son no graves, tres años; graves hasta 7 años, e incluso a los particulares, entre ellos, propietarios de empresas que se prestaron a actos de corrupción en la obra pública, principalmente a los representantes legales”, advirtió.
Dijo entonces que en Oaxaca se tiene que adoptar la ley general de responsabilidades administrativas, complementarla con carácter obligatorio o bien replicarla. “No se sabe qué cambios habrá al respecto, o si se va a generar una nueva ley o adiciones a la que ya existe”, recalcó.
Actualmente, la LXIII Legislatura, analiza y dictamina las leyes reglamentarias y secundarias del Sistema Estatal de Combate de a la Corrupción y lanzó la Convocatoria para la integración del Comité Ciudadano del Sistema Anticorrupción.
Por lo pronto, Henestroza Matus, destacó que a nivel federal, la ley general de responsabilidades administrativas, obliga a los servidores públicos a presentar las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal, para subirlas a una plataforma digital y conocer la evaluación del patrimonio de los servidores públicos.
“Hay algo muy importante en la ley general de responsabilidades administrativas federal, la cual establece que se tendrá que llevar un sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de declaración fiscal de los servidores públicos, para ver la evolución del patrimonio de éstos para evitar delitos”, advirtió.
La especialista en materia de Fiscalización, pidió tener confianza en las instituciones, porque el combate a la corrupción debe de empezar por cada ciudadano, cambiar la mentalidad cuando se dice que en México no pasa nada y en Oaxaca no pasa nada.
Destacó entonces que hay precedentes importantes, como la ley general de contabilidad gubernamental en materia de transparencia, la ley general de acceso a la información pública, que dio paso a una plataforma nacional de transparencia, que obliga a los funcionarios a publicar información.
Lo mismo, la participación activa de la sociedad en el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción.
El sistema nacional anticorrupción y estatal, tiene la finalidad de detección, prevención y sanción de responsabilidades administrativas y en hechos de corrupción de funcionarios públicos, pero también de particulares, refirió.
Explicó que las funciones del Sistema Nacional Anticorrupción y Estatal, es determinar los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de las información, relativa a la fiscalización y control de los recursos públicos.
Henestroza Matus, reconoció que las reformas constitucionales que crean el Sistema Estatal Anticorrupción y la creación de la ley de combate a la corrupción en Oaxaca, es un precedente.
Recordó que en el 2015, se publican reformas a la constitución política del país que crea el SNA, posteriormente se pública la ley nacional anticorrupción y en consecuencia se da paso a reformas y adiciones, así como creación de nuevas leyes federales y se establece la obligación de los Estados de adoptar el Sistema Anticorrupción.
“En Oaxaca es importante la actuación de los legisladores de la LXIII Legislatura. En Oaxaca se trabaja en reformas a las leyes ordinarias y secundarias, como lo es la ley de responsabilidades que ya está vigente a nivel federal”, apuntó.
Lo mismo, la ley de fiscalización del estado, reformas al código penal, los cuales tendrán que aprobarse en breve.
Explicó que el sistema estatal de combate, estará integrado por el Comité Coordinador, integrado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Contraloría, el Fiscal Anticorrupción; además del Comité de Participación Ciudadana. Comité de Participación Ciudadana, será formado por 9 ciudadanos destacados por su contribución a la Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Henestroza Matus, reiteró que en el engranaje del sistema anticorrupción de Oaxaca, será vital la participación ciudadana y cambiar la mentalidad que en Oaxaca no pasará nada, porque existen leyes para sancionar a servidores públicos.
