Redacción | El Piñero
Oaxaca. – Autoridades auxiliares de la Agencia Municipal Guadalupe Victoria Mixe, desmintieron detención arbitraria de los ciudadanos Eduardo Pablo Rosales y Severino Carlos Laureano, y también descartaron que esté involucrado el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, se trató de un correctivo impuesto por la asamblea general del pueblo, toda vez que estos ciudadanos usurparon funciones.
“Hacemos del conocimiento de todos ustedes, por las notas que circulan en los medios de comunicación en donde involucran al Titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indigenas (INPI), Licenciado Adelfo Regino Montes, declarando que por órdenes de él se encarcelaron a los CC. Eduardo Pablo Rosales y Severino Carlos Laureano, por lo que categóricamente decimos que estas acusaciones son falsas”, señala el comunicado.
Las autoridades auxiliares agregaron que, en ningún momento han tenido algún acercamiento con dicho funcionario y que las falsedades que se mencionan son con el fin de desprestigiar su labor a favor de las comunidades indígenas y de la institución que representa.
“En efecto, el dia de ayer 14 de abril del año 2024 se realizó una asamblea general de comuneros para tratar el ultimátum que nos giró el municipio de San Juan Juquila Mixes, en donde hacen falsas acusaciones respecto a las problemáticas de nuestra comunidad”.
“Los CC. Eduardo Pablo Rosales, Severino Carlos Laureano y Celia Reyes Pérez participaron en la elaboración y firma de documentos donde manifiestan vivir en opresión y con maltrato y a su vez se hicieron pasar como representantes de nuestra comunidad, ante esta situación los asambleistas tomaron la decisión de aplicarles medidas correctivas por 12 horas de detención para que paguen por la falsa representación que dicen ostentar y por haber tomado decisiones sin el consentimiento de la comunidad”, detallaron.
En este sentido señalaron que el C. Eduardo Pablo Rosales confirmó frente a la asamblea que, efectivamente, si firmó dicho documento por lo que el pueblo lo declaró culpable. El 15 de abril, los ciudadanos fueron puestos en libertad.
Por ello, las autoridades auxiliares solicitaron su derecho de réplica ante medios de comunicación para que se publicaran sus aclaraciones en los mismos medios que fueron divulgadas las falsedades ya referidas.