Redacción El Piñero | Corresponsalía
Oaxaca.- El Gobernador Salomón Jara Cruz, ha generado una serie de conflictos sociopolíticos en Oaxaca, por su omisión o ignorancia de sus funcionarios, que en lugar de sumar a la solución agravan la situación, como ejemplo se encuentra el despojo de tierras en Huatulco, la agresión a cristianos en San Juan Lalana y la violencia en San Miguel El Grande que ha dejado muertos, esto evidencia falta de acción efectiva por parte del Gobierno Estatal para proteger los derechos e intereses de las comunidades afectadas.
Al Gobierno de Salomón Jara le ha faltado experiencia política para abortar los problemas sin soberbia, tal como ha actuado el Secretario General de Gobierno, Jesús Romero López, que minimiza los problemas y ha dejado mucho que desear en este puesto clave para resolver los conflictos políticos antes de que escalen a violencia, tal como ha sucedido, inclusive hay muertos por el torpe para actuar del gobierno morenista y fracaso de la 4T en Oaxaca.
Es decir, el gobierno de Salomón Jara no garantiza la seguridad de las comunidades y mucho menos la libertad de todos los ciudadanos oaxaqueños, además se ha dejado ver como una dictadura, que no tolera las manifestaciones y que exhiban su pésimo actuar.
CONFLICTO POR DESPOJOS DE TIERRAS EN HUATULCO
Los comuneros de Coyula, municipio de Santa María Huatulco, región Costa, a inicios del mes de agosto, durante varios días realizaron bloqueo al acceso del Aeropuerto Internacional de Bahías de Huatulco, en protesta contra el decreto del Gobierno Federal que busca expropiar 2,800 hectáreas de tierras para convertirlas en zona de reserva ecológica.
A pesar de las solicitudes del presidente municipal de Huatulco, José Hernández, los comuneros se negaron a abrir las válvulas de agua que suministran a la Colonia 20 de Noviembre y colocaron una malla metálica para impedir el acceso y salida de la terminal aérea. El conflicto género inconformidad entre turistas y usuarios del aeropuerto, quienes han tenido que buscar vías alternas para llegar a sus destinos.
La protesta se radicalizó y los comuneros también mantuvieron cerrada la carretera federal Costera 200, en Piedra de Moros, acusaron falta de empatía y desdén de las autoridades estatales encabezadas por Salomón Jara Cruz y exigieron diálogo directo con el Gobierno Federal.
El decreto que busca expropiar las tierras ha generado un gran rechazo entre los comuneros, quienes aseguran que no darán marcha atrás en la defensa de sus tierras. El Gobierno Federal ha argumentado que la expropiación es necesaria para proteger el medio ambiente y preservar la biodiversidad de la región.
Sin embargo, los comuneros argumentan que la expropiación viola sus derechos e intereses, y que no han sido consultados ni compensados adecuadamente. El conflicto generó tensiones políticas en la región, con las desatinadas declaraciones del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, que acusó al edil electo de Huatulco, Julio Cárdenas, de causar desestabilización social con su apoyo a los comuneros.
Finalmente tuvo que ser el Gobierno Federal el que llamar al diálogo y gracias a su intervención cesaron las manifestaciones, la situación es delicada y requiere una solución urgente para evitar mayores conflictos y daños a la economía local.
CRISTIANOS AGREDIDOS EN SAN JUAN LALANA
La Iglesia Cristiana Internacional en Oaxaca denunció intolerancia religiosa en el Estado y exhibió la omisión del gobernador Salomón Jara Cruz y su administración para abordar el problema, representantes de la iglesia solicitaron una reunión con el gobernador o el Secretario de Gobierno, Jesús Romero López, para discutir la falta de acción en casos de intolerancia religiosa en los 570 municipios del estado, y específicamente en el caso de San Juan Lalana, región Cuenca.
Durante manifestación en la capital, la iglesia denunció que miembros de su comunidad en El Arenal, San Juan Lalana, han sido expulsados, sufrido violencia y despojo, y perdido sus propiedades. Acusaron al gobierno estatal de minimizar el problema y no tomar medidas efectivas para proteger los derechos humanos y prevenir delitos.
Después de la manifestación, el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, se limitó a reiterar el llamado al diálogo para resolver el conflicto religioso en San Isidro Arenal, San Juan Lalana, y convocó a las autoridades de la agencia municipal y al grupo religioso para que lleguen a acuerdos de paz y tolerancia.
Sin embargo, la situación se ha agudizado con la detención de dos pastores evangélicos y dos de sus acompañantes en San Juan Lalana, lo que ha generado tensión y violencia religiosa en la región. La comunidad evangélica ha denunciado un linchamiento en su contra y ha pedido la intervención de las autoridades para garantizar su seguridad y libertad.
La Iglesia Cristiana Internacional ha presentado denuncias en la Fiscalía de Tuxtepec y la Fiscalía General de la República, y ha solicitado la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para abordar el problema de la intolerancia religiosa en el estado.
El conflicto religioso en San Juan Lalana ha generado una situación crítica, con informes de violencia y agresiones en contra de la comunidad evangélica. La iglesia ha pedido a las autoridades que tomen medidas para proteger los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su creencia religiosa.
La situación ha generado preocupación entre la comunidad religiosa y los defensores de los derechos humanos, quienes han pedido al gobierno estatal que tome medidas efectivas para abordar el problema y garantizar la seguridad y libertad de todos los ciudadanos.
Además, la Iglesia Cristiana Internacional ha denunciado que el gobierno estatal ha recibido denuncias de intolerancia religiosa en al menos 570 municipios, pero no ha tomado medidas efectivas para abordar el problema.
Además la tarde de este viernes 16 de agosto el Pastor Moisés Sarmiento Alavés, el Pastor Esdras Ojeda Ignacio, así como dos de sus acompañantes Pablo Sosa y Nabor Ojeda fueron detenidos en el pueblo de San Isidro Arenal, en el municipio de San Juan Lalana, y se les acusa de profesar una fe diferente a la católica, luego de ser liberados tuvieron que escapar del lugar.
Antecedentes
La mañana del martes 6 de agosto, autoridades de la agencia municipal San Isidro Arenal, San Juan Lalana, región Cuenca, atacaron a creyentes evangélicos en su rancho Cerro Cajón, quemaron su iglesia, destruyeron sus árboles frutales, robaron su ganado y los agredieron físicamente, exigen intervención del gobernador Salomón Jara Cruz, por la violación a sus derechos humanos y detener las agresiones en su contra.
Las víctimas señalaron que, el ataque se registró por no renunciar a su creencia, les cortaron el alambre con el que delimitaban su solar, árboles frutales de mango, cacao, entre otros. Se robaron tubulares y láminas del criadero de cerdos, dos celulares, cadenas y candados, además de una mula, un caballo y cabezas de ganado.
Los agresores fueron alrededor de 20 hombres, armados con machetes, palos y piedras, que se transportaban en una camioneta, además agredieron físicamente a los habitantes del rancho. Este tipo de violaciones a los derechos humanos también se han presentando en Santiago Jalahui, localidad de San Juan Lalana y en otras partes del estado en los últimos años: San Juan Mazatlán Mixe, San Juan Yaá, Santa María Yohueche y San José Quianitas.
Esto demuestra la violación a los derechos humanos en la tierra del gobernador Salomón Jara Cruz, que no ha hecho nada para frenar ese tipo de agresiones, ahora urgen su intervención y que sienten un precedente para que no se vuelva a repetir.
CONFLICTO SAN MIGUEL EL GRANDE
La cineasta y actriz Ángeles Cruz Murillo realizó una protesta en la máxima fiesta de los oaxaqueños La Guelaguetza, en su edición 2024, el evento intercultural más grande de latinoamérica, para llamar la atención sobre la violencia que sufre su comunidad, en el municipio de San Miguel El Grande, en la región Mixteca.
La comunidad ha sido atacada por habitantes de la agencia municipal de Llano de Guadalupe, perteneciente a Tlaxiaco, y Ángeles Cruz ha denunciado que el gobierno estatal no ha tomado medidas efectivas para proteger a los pobladores.
Durante la protesta, el fotoperiodista Edwin Hernández fue agredido por escoltas del gobernador Salomón Jara Cruz, lo que ha generado una gran indignación entre la comunidad periodística y los defensores de los derechos humanos.
El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores de Oaxaca ha denunciado la agresión como una grave violación a la libertad de expresión y los derechos humanos. Ángeles Cruz ha denunciado que su comunidad ha sufrido ataques constantes y que el gobierno estatal ha minimizado el problema.
La Comisaría de Bienes Comunales de San Miguel El Grande ha respaldado las acusaciones de los ataques y ha pedido una intervención inmediata de las autoridades para garantizar la seguridad de la comunidad afectada. La situación es dolorosa para Ángeles Cruz, ya que su hermano fue asesinado el año pasado en la misma localidad.
La protesta de Ángeles Cruz en la Guelaguetza es un llamado de atención a la situación de violencia que vive su comunidad y a la necesidad de que el gobierno estatal tome medidas para proteger a los pobladores. La agresión al fotoperiodista Edwin Hernández es un ejemplo de la intimidación que sufren los periodistas que cubren temas sensibles en el Estado de Oaxaca y la intolerancia del actual administración de Salomón Jara.
