Jaime GUERRERO
Oaxaca.- Según el estudio “Democracia y Cultura Política en Oaxaca” el 80% de los oaxaqueños y oaxaqueñas está de acuerdo con que los partidos políticos estén obligados a postular el mismo número de candidatas mujeres que candidatos hombres. Sin embargo, de los 570 municipios que hay en la entidad, solo existen 38 presidentas municipales por la vía de los partidos políticos y 20 por los Sistemas Normativos Internos.
No obstante, los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Encuentro Social (PES) y Movimiento Ciudadano (MC) rechazan mayor participación de mujeres en candidaturas competitivas a cargos de elección popular -diputaciones locales y concejalías- que estarán en disputa el próximo 1 de julio del 2018.
Esos institutos políticos impugnaron el acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), mediante el cual aprobó los lineamientos de paridad de género que deberán cumplir los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes e independientes en el registro de sus candidaturas para las elecciones locales de 2018.
De acuerdo a los representantes de esos institutos políticos, entre ellos, la del MC, Ana Karen Ramírez Pastrana (mujer), señalan que en el documento de apelación que les causa agravios el acuerdo del IEEPCO, porque vulnera el principio de legalidad en sus vertientes de reserva y subordinación jerárquica.
Esos institutos políticos, aseguran que el IEEPCO vulneró el principio de reserva de ley e invadió el ámbito constitucional de competencia del órgano legislativo, impactando en los derechos fundamentales al introducir requisitos y categorías distintos a los previstos en la ley, porque reguló un ámbito que solo lo puede hacer el legislador y fue plasmado en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (LIPEEO), al establecer los lineamientos integrados por segmentos de mayor y menor competitividad.
Los partidos reconocen la facultad del IEEPCO para reglamentar, sin embargo, reprochan que tiene limitaciones.
En Oaxaca, en el proceso electoral 2015-2016 se implementó por primera vez la paridad en las candidaturas en el estado. En el caso de las diputaciones para el congreso local en la última elección, se pasó del 38% al 45% de representación de las mujeres.
Tras esos lineamientos, la trasformación más notoria se dio en el caso de las presidencias municipales, porque no existían cuotas de género. Así, en el sistema de partidos políticos se pasó de 54 mujeres como candidatas a la presidencia municipal en 2013 a 507 candidatas en 2016, 9 veces más que en la elección anterior.
Y mientras que en la elección de 2013 nueve mujeres fueron electas como presidentas municipales por el sistema de partidos políticos, en 2016 este número se incrementó a 38.
NO obstante, en el 24% de los 153 municipios que se rigen por partidos políticos gobiernan mujeres.
En los 417 municipios que eligen autoridades por medio de sus Sistemas Normativos Indígenas, actualmente se tienen sólo 20 mujeres fungiendo como presidentas municipales. Antes únicamente eran 8.
Simultáneamente, de acuerdo con datos la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales, hasta el 2017, se habían presentado 36 denuncias de casos de violencia política en contra de las mujeres.
En la víspera, el Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Gustavo Meixueiro Nájera, expusó en el seminario “Los aprendizajes y retos para una democracia paritaria”, que eliminar la violencia política de género en la postulación, en las campañas y en el ejercicio del cargo es una tarea de Estado, en la que todas y todos tienen que participar para eliminarla.
Recomendó, denunciar y hacer frente a los casos de violencia política y la simulación de la participación política de la mujer.
En tanto, dijo que los partidos políticos deben de transparentar y hacer buen uso del financiamiento que debe ser destinado para fomentar el liderazgo político de las mujeres, ya que ello contribuye a dotarlas de herramientas que les permitan ejercer sus derechos político-electorales.
Y al igual que en el sistema de partidos políticos, los sistemas normativos indígenas deben procurar la representación de todas y todos los miembros de la comunidad; “porque en el tema de la participación de mujeres en el ámbito público y político no hay marcha atrás”, sentenció.
