Explica que de no realizar esta acción el país “le va a explotar” al nuevo presidente
Se requiere, afirma, que haya una auditoría social real, una gestión directa de proyectos
El principal objetivo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe ser insertar de manera efectiva a la sociedad en las instituciones, tanto en el control como en el manejo de los recursos, aseguró el presidente del Instituto de Acción Ciudadana, Edgardo Buscaglia en el programa Perspectivas de Rompeviento Tv.
Sostuvo que sólo con ese involucramiento verdadero de la sociedad civil en la vida pública de México las instituciones podrán tener legitimidad y confiabilidad. De lo contrario, apuntó que “el país le va a explotar” al nuevo presidente.
Una nación que no tiene legitimidad ni confiabilidad entre sus ciudadanos “marcha hacia explosiones sociales y más violencia social, donde la gente empieza a buscar alternativas violentas, como linchamientos, para hacerle un bypass al Estado”.
No obstante, apuntó que insertar a la sociedad civil no se traduce en realizar talleres, actividades de acercamiento o referéndums; ésas son condiciones necesarias pero insuficientes, concluyó.
Lo que se requiere, expuso, es que haya una auditoría social real, una posibilidad auténtica de gestión directa de proyectos desde la ciudadanía y una administración social de los bienes decomisados, de forma que éstos sean usados para la reparación masiva del daño que la violencia le ha causado a los mexicanos.
La auditoría social no implica tener una “fiscalía que sirva”, precisó, sino que debe fomentarse a través de “asambleas ciudadanas de barrio” que, por otro lado, consideró que era la forma de participación de la sociedad “en la que estaban pensado los revolucionarios en 1910. Eso era la revolución mexicana que se perdió por el camino y se mafiocratizó”.
Además, respecto al segundo tipo de inserción social relacionada con la gestión de proyectos, Buscaglia expuso que el compromiso del próximo gobierno de dar a conocer en qué se gasta el recurso hace referencia a la transparencia y también es una condición necesaria.
Sin embargo, agregó que una democracia funcional pasa por ir más allá y que los ciudadanos decidan directamente en qué invertir los recursos públicos sin otro límite que el presupuestario.
En cuanto a la administración de bienes decomisados, apuntó que debe ser la sociedad la que los reasigne con el objetivo de que sirvan de reparación del daño y de alternativas de vida para las víctimas del delito pues, además, puntualizó que ahora estos bienes decomisados son “una fuente de corrupción”.
Buscaglia hizo una precisión en torno a la participación ciudadana ya que dijo que previamente la sociedad civil debe ser regulada para determinar qué tipo de asociaciones pueden insertarse en las instituciones como representantes ciudadanos.
Este control, dijo, es indispensable debido a que hasta ahora hay empresarios, “cortesanos del Estado mexicano priísta”, que han aprovechado los vacíos que la sociedad deja para crear sus organizaciones y mirar por sus intereses y no por los de la ciudadanía.
La sociedad en México sostuvo que deja esos huecos porque, “a la hora de las grandes crisis, de las grandes fosas, que por mucho menos en países como Egipto o Argentina te paralizan las calles, la sociedad civil mexicana está atomizada y aterrorizada”.
Como ejemplo dijo que, “si la sociedad civil mexicana no ocupa las calles como en Brasil y Argentina y no ocupa el espacio de vacío de estado para imponer estas reformas, vienen los empresarios con sus vaciladas de la ley 3 de 3 y sus declaraciones tibutarias que sólo sirven para lavar dinero”.
Explicó que, en este caso, quienes son honestos no quieren publicar sus declaraciones tributarias por miedo a la inseguridad y a ser víctimas de delitos como el secuestro, mientras que los que sí la dan a conocer lo hacen “para lavarlo, porque el fin último de toda delincuencia organizada política es pagar impuestos”.
Este objetivo de insertar realmente a la sociedad civil en las instituciones debe lograrse en el nuevo Gobierno Federal para evitar una “explosión social” y con el fin de que la administración de López Obrador sea exitosa, pues de lo contrario “vienen alternativas cavernícolas como los broncos. Por eso, todos queremos que le vaya bien a este hombre”.
Y agregó, en este sentido, que la preocupación que tiene es la de algunas personas que rodean al presidente electo como Ricardo Monreal, ya que señaló que “no es un virrey y tiene que debatir y explicar por qué a mí me dijo personalmente que en México no se le puede dar tanto control a la ciudadanía cuando le propuse la auditoría social de Brasil”.
Los controles ciudadanos, dijo Buscaglia, deben extenderse a todas las áreas de gobierno, incluída la de seguridad pública y la labor policial.
Señaló que la transformación de las instituciones policiacas debe enfocarse a que los agentes dejen de ser elementos represores para convertirse en “símbolos de seguridad humana” y esto se logrará con tres tipos de controles: interno en la corporación, externo en el Poder Legislativo, y social por parte de la ciudadanía.
Asimismo, la participación de los mexicanos en la vida pública debe ser el eje en el que se sustente la amnistía que ha sido propuesta en materia de seguridad por el presidente electo, sostuvo.
En este sentido, dijo que no tienen que ser las autoridades las que decidan quiénes pueden sujetarse al amnistía, sino que esta determinación deben tomarla comisiones de la verdad que estén formadas por víctimas.
Además, apuntó que tienen que ser varias comisiones y no una, ya que la realidad del país, incluida la de la violencia, es diferente de acuerdo a la región y estas instancias tienen que conocer a detalle el contexto de cada caso que se analice.
