Ciudad de México.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se convirtió en una constructora muy poderosa en México, pero su disciplina militar no la blindó de cometer fallas en sus procesos de contratación. Esta investigación revela que en 17 obras militares y civiles el Ejército contrató como proveedoras a 100 empresas que incumplieron requisitos legales: no contaban con el personal ni la capacidad técnica para realizar los trabajos o simplemente eran empresas fachada.
Entre 2007 y 2018, en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, la Sedena realizó 851 obras que le fueron encargadas por varias dependencias de gobierno por administración directa, modelo previsto en la ley de obras que no se sujeta a una licitación pública.
En una revisión hecha sólo a 17 de las 851 obras, se encontró que la dependencia militar destinó 891 millones de pesos para contratar como proveedoras de bienes y servicios a un centenar de empresas con inconsistencias que firmaron contratos en un procedimiento desaseado o que advierten posibles actos de corrupción.
Ninguna de las 100 compañías estuvo inscrita en el padrón de proveedores de la Sedena; una veintena de ellas fue creada exprofeso para las obras; nueve se disolvieron meses después del contrato; siete no cuentan con registro ante la Secretaría de Economía, y tres fueron sancionadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Cinco empresas o sus socios están señalados en el listado del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como firmas que simulan operaciones; ocho proveedores no fueron localizados; nueve tienen algún incumplimiento fiscal que les impediría recibir contratos, mientras que en ocho casos más alguno de los socios formó parte de algún padrón de beneficiarios de programas sociales.
Tras visitar las direcciones fiscales y de los dueños de 70 de las 100 empresas, se encontró que nueve reportaron un número de vivienda que no existía; asimismo, en 31 domicilios no había ninguna compañía, porque nunca operaron ahí o fueron desmanteladas. En la dirección de una firma en el Estado de México, por ejemplo, había un gimnasio, y en otras dos en Puebla, un negocio de barbacoa y una papelería.
En otras tres compañías no había personal laborando o eran oficinas virtuales. En una más se estaban mudando de instalaciones y en otras dos los dueños desconocían la dirección exacta de su negocio.
Tras entrevistar a un centenar de personas, entre supuestos dueños, familiares de los accionistas y vecinos de donde se ubicaban las empresas, se encontró que algunos propietarios sólo fungieron como prestanombres y en realidad se dedican a trabajar de taxistas, meseros, o son empleados en un call-center, cargadores de mudanzas, taqueros o estudiantes.
Se detectaron al menos seis redes de empresas que comparten apoderados legales, accionistas, comisarios, gerentes, notarios, administradores y dirección fiscal, además de algunas creadas en la misma fecha.
También se contrataron a ingenieros militares en situación de retiro, quienes en 2012 constituyeron una empresa llamada Neproc Construcciones, la cual en su página web presume hacer obras para la Sedena y la Secretaría de Marina.
En los contratos otorgados vía transparencia por un monto de 51.5 millones de pesos, la empresa brindó como una de sus direcciones fiscales una vecindad en la colonia Popotla, en la alcaldía Miguel Hidalgo; sin embargo, allí habita una enfermera que dijo que ella nunca ha tenido un negocio.
En el segundo domicilio, que está en la colonia Anzures, en la misma alcaldía, un hombre que se identificó como el administrador de la firma dijo que todo lo relacionado con los contratos era información confidencial y se negó a dar una entrevista.
La Sedena comenzó a realizar obras por administración directa en el gobierno del expresidente Felipe Calderón y continuó en el de Enrique Peña Nieto, sumando 851 proyectos. En este gobierno la Sedena ha firmado cinco convenios de obras públicas, según el primer informe de labores. El más importante es la construcción del aeropuerto en Santa Lucía.
En las 17 obras revisadas para este reportaje se encontró que en los 160 contratos que realizó la dependencia con empresas que le ayudarán a ejecutar los proyectos se evadió la licitación pública, argumentando seguridad nacional o una necesidad inmediata por terminar lo antes posible la obra, por lo que no podía someterse a los tiempos establecidos en una licitación.
La Sedena afirma que hace obras por administración directa porque una de las misiones de las Fuerzas Armadas es “realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país”, según su ley orgánica.
Las dependencias federales que han firmado convenios con la Sedena son el Servicio de Administración Tributaria (SAT); las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa), de Salud (Ssa), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Comunicaciones y Transportes (SCT), y la Agencia Espacial Mexicana, entre otras.
Asimismo, ha hecho obras con los gobiernos de los estados de Guanajuato, Sinaloa, Guerrero, Puebla, Chiapas y Oaxaca, entre otros.
Entre las obras hay desde instalaciones militares hasta distribuidores viales, caminos rurales, carreteras, escuelas, hospitales, aduanas y parques.
Las empresas fantasma
Entre los proveedores de la Sedena hay cinco en los que el negocio o sus socios han sido declarados por el SAT como simuladoras de operaciones, como Grubernova, que vendió insumos en 2015 para la construcción de una escuela en el Campo Militar de San Miguel de los Jagüeyes, en el Estado de México.
En la dirección fiscal que reportó la firma hay un negocio de barbacoa llamado El Hidalguense, que opera desde mayo de 2017. Según vecinos, antes había una compañía llamada Birsa.
Además, hay otras ocho empresas o dueños de éstas que fueron reportados por el SAT como no localizados, como Francisco Javier López Rodríguez, de Servicios Integrales de Construcción e Ingeniería Ideal. Al acudir al domicilio reportado en Puebla, este medio no pudo localizarlo, pues el número de la vivienda no existe.
Constayma fue señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por simular operaciones con beneficiarios de subsidios de Sagarpa, al ser parte de una red que “facturó servicios que no fueron realizados, los equipos o infraestructuras facturados ya existían y, en otros casos, no fueron localizados”.
Esta empresa está en la colonia La Paz, en Puebla, donde también se halla Concretos Luaya, constituida en 2016 por el notario Mario Marín y la cual vendió concreto por 1.3 millones de pesos para la construcción de un Centro Aeroespacial en Zacatecas, en 2018.
Una de las personas que constituyeron esta empresa es Rubí Esmeralda Costeño, quien aparece en un padrón de beneficiados con techos de lámina de un programa de Desarrollo Social.
En el acta constitutiva la joven aportó una dirección incorrecta, ya que la calle no corresponde con la colonia: “Con domicilio en calle Tlacaelel, manzana letra A, lote 15, colonia Joyas del Sur, Puebla, Puebla”, manifestó.
Nacional Maderera Pucte, otra compañía donde el exgobernador fungió como fedatario, fue creada en febrero de 2016 y ocho meses después firmó un contrato con Sedena para venderle madera en una obra en Guerrero.
Fue constituida por José López Cruz, quien entonces tenía 19 años y trabajaba en una tortillería. Al visitar el domicilio, las hermanas del joven contaron que actualmente es mesero.
En entrevista, José aceptó haber firmado documentos, pero nunca supo dónde estaban las oficinas y tampoco recibió un peso: “Nomás hice lo legal y ya. De lo demás no me enteré”.
Mario Marín también dio fe de Islort Construcciones y Concretos, constituida por Telésforo García Baleón, quien declaró ser comerciante y vivir en la unidad habitacional San Miguel. Al acudir al domicilio, que está en una zona popular en Puebla, su hermana contó que él ya no vivía ahí y que trabajaba en una empresa de mudanzas.
Firmas operan en red
En Puebla hay una red de seis empresas que comparten accionistas, apoderados y administradores. Dos de ellas son Productos ERN y Zeni Industrial, que arrendaron equipo y vendieron “agregados” para la construcción del Eje Metropolitano del Rincón en Guanajuato.
Ambas empresas se crearon el 7 de mayo de 2018 con un notario de Tlaxcala. Al siguiente día, el mismo notario avaló la constitución de Brener, que habría de sumarse como proveedora en la misma edificación.
Las empresas tenían menos de dos meses de haberse constituido cuando la Sedena las contrató. Pese a su nula experiencia y haber competido con Cemex (la cementera mexicana que vende en 50 países), en el proceso de invitación restringida las tres obtuvieron contratos por 30 millones de pesos.
En el acta notarial de Zeni Industrial aparece como comisario Feliciano Aguilar Corona, quien ostenta el mismo cargo en ERN Productos. También aparece como accionista María Luz Martínez Sosa, quien igualmente es socia en Lizte Empresarial.
Luis López Carreón es socio de Shedar Soluciones y de ERN Productos. Su hermano Juan es socio de Brener y Shedar. Esta última tiene el mismo domicilio de Comercializadora Jicolapa, una empresa que se constituyó en enero de 2016 y se disolvió tres años después.
En el domicilio fiscal de Shedar y Jicolapa, en Puebla, actualmente opera otra empresa. En ese domicilio, afirman comerciantes de la zona, una persona es contratada para hacer el aseo y recibir la correspondencia. El modelo de contratación por administración directa que dio pie a estas irregularidades es el mismo que usó la Sedena en la construcción de la barda y camino perimetral de acceso en el cancelado proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAIM) y es el mismo esquema que se está utilizando en Santa Lucía.
