San Marcos, 1965-Mazatlán, 2014
Asesinado con arma de fuego.
Ningún detenido.
Por: MIRIAM RAMÍREZ
Los tres balazos que acabaron con la vida de Octavio Atilano Román Tirado se escucharon en directo. La mañana del 11 de octubre de 2014, el líder comunero fue asesinado por dos hombres armados mientras transmitía el programa radiofónico “Así es mi tierra”, que conducía en la cabina de la estación Fiesta Mexicana en Mazatlán.
Un impacto lo recibió en el rostro y otros dos en el cuello. El crimen lo presenciaron su esposa, Guadalupe Ponce —que tras los disparos gritó, aún al aire: “¡No, no, no, él lo mató!”—, y la menor de sus tres hijos, una niña de apenas nueve años. Hasta la fecha, el asesinato sigue impune; la Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene abierta la investigación, radicada en la averiguación previa 060/2014.
Atilano lideró durante seis años la lucha de 800 familias desplazadas por la construcción de la presa Picachos, una obra hidráulica inaugurada en 2012 que inundó seis pueblos de la zona serrana de Sinaloa, entre los municipios de Mazatlán y Concordia.
El megaproyecto levantado sobre la cuenca del río Presidio prometía garantizar el abasto de agua potable en el puerto de Mazatlán y detonar la producción agrícola en el sur del estado, pero solo logró desatar un conflicto comunero.
Los pobladores de Casas Viejas, Los Copales, El Placer, Puerta de San Marcos, Las Iguanas y San Marcos, que fueron desplazados por la presa, aseguran que existe un adeudo de más de 400 millones de pesos por la indemnización de sus viviendas y tierras, un reclamo que hasta la fecha no se ha resuelto y que Atilano encabezó hasta su muerte. Debido a que no fue emitido un decreto de expropiación, los terrenos continúan siendo propiedad de los comuneros.
Una semana antes del asesinato, Los Picachos —como se denominó al movimiento de los comuneros— iniciaron un plantón de cinco días en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en Mazatlán. Pedían que les fuera autorizada la pesca comercial de tilapia en el embalse de la presa.
Tenaz, de ideas claras, Atilano se enfrentó a dos gobernadores de Sinaloa: el priista Jesús Aguilar Padilla (2005-2010) y Mario López Valdez (2011-2017), que contendió en una coalición del PAN, PRD y Convergencia. Ambos intentaron reprimir a los picachos, pero fue durante el mandato de Malova cuando Atilano estuvo preso en dos ocasiones por la radicalización de sus protestas.
“Los medios buscábamos a Atilano porque la gente lo reconocía como el líder. En las protestas veías a ancianos, niños, personas que creían en las decisiones que tomaba. La confianza que le depositaban era mucha”, relata Netzahualcóyotl Ceballos, periodista que cubrió el movimiento desde su inicio.
En marzo de 2010, Atilano y más de 700 comuneros recorrieron a pie los 218 kilómetros de autopista que unen los municipios de Mazatlán y Culiacán, impidiendo el paso de vehículos. En la capital se instalaron en el Congreso del Estado e hicieron un plantón en el Palacio de Gobierno.
La caminata era para denunciar el incumplimiento de las indemnizaciones. Durante el trayecto de nueve días acamparon a la orilla de la carretera. Junto a una fogata, una mujer curó los pies de Atilano, a quien se le habían reventado las ampollas de tanto andar.
Cuando intentaron repetir la protesta en abril de 2012 con la intención de bloquear la autopista y la carretera libre que permiten el acceso a Culiacán, Atilano y otros comuneros fueron acusados de ataque a las vías de comunicación. Estuvo 19 días encerrado junto con tres picachos en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán; fueron liberados tras pagar una fianza.
Un año después, en febrero de 2013, la Policía Ministerial detuvo en el local de venta de pinturas que administraba Atilano al activista y a cerca de 30 picachos con los que planeaba irrumpir en el desfile del Carnaval de Mazatlán acompañados de travestis que personificarían al gobernador Malova, al alcalde Alejandro Higuera y a dos diputados federales.
La protesta no se llevó a cabo y los manifestantes salieron libres al día siguiente tras pagar una fianza. En junio de 2014, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 23/2014, dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa y al Ayuntamiento de Mazatlán, en la que documentó que se había cometido detención arbitraria, retención ilegal, allanamiento de morada, prestación indebida del servicio público y violación al derecho a la legalidad y seguridad pública en perjuicio de los picachos.
El reto y la burla a la autoridad en sus numerosas manifestaciones hizo que los picachos gozaran a la par de la simpatía de los ciudadanos y el repudio del gobierno.
“Una vez tenían un plantón en la zona turística de Mazatlán y las personas que pasaban en sus carros les gritaban: ‘¡No se dejen!’. La gente los apoyaba, les llamaban los ‘nuevos Zapatas’”, recuerda Ceballos.
Antes de encabezar la lucha, Atilano, con estudios en administración de empresas, se dedicaba al cultivo de sus tierras en la localidad de San Marcos y a administrar un local de pinturas en Mazatlán.
Conforme se consolidó el movimiento, los picachos decidieron pagar un espacio en la radiodifusora Fiesta Mexicana de la cadena ABC, donde se transmitía el programa “Así es mi tierra” por la frecuencia 98.7 FM, dedicado a recordar las tradiciones de los pueblos inundados por la presa y visibilizar las problemáticas que enfrentaban los comuneros.
En el programa era frecuente que Atilano estuviera acompañado de su compañera de lucha Hortensia Gutiérrez, quien solía tocar la guitarra y cantar corridos tradicionales de los pueblos durante las transmisiones.
“Él era una piedra en el zapato de los gobernantes. Se describía a sí mismo como una persona muy terca. Ya había recibido varias amenazas y estaba consciente de que tenía una hija muy pequeña, pero decía que prefería que sus hijos lo recordaran como un valiente y no como un cobarde que guardó silencio”, recuerda Sibely Cañedo, periodista y académica que ha estudiado el desplazamiento de las comunidades.
El periódico Noroeste dio a conocer en marzo de 2017 una entrevista inédita con Atilano, grabada dos años antes de su muerte, en la que denunciaba que el gobierno del estado había pedido a la delincuencia organizada que lo asesinara, acusándolo de haber solicitado la intervención del Ejército en su contra.
Su objetivo era que mataran a los principales líderes de los pobladores, aseguraba el activista, pero cuando los delincuentes se dieron cuenta de que el gobierno mentía, no les hicieron nada. “Ante ellos estamos limpios”, concluía.
En 2016, Betzabé Romero presentó el cortometraje documental Unsilenced, sobre la lucha de los picachos y el asesinato de Atilano. Resurgir desde la nada, el renacer de los pueblos, dice el activista a la cámara, es su objetivo.
El liderazgo de Atilano se caracterizaba por ser muy paternalista y autoritario, dice Cañedo. Un ejemplo es que quienes asistían a las marchas y manifestaciones tenían prioridad en los beneficios y las indemnizaciones.
“Ahí se generaban las inconformidades, porque era Atilano el que repartía. Pero era la manera que tenía para empujar el movimiento”, considera la investigadora.
La última marcha de los picachos ocurrió al día siguiente del homicidio de Atilano. “Luchador social incansable, te costó la vida defender a tu pueblo”, rezaba una manta que seguía a la carroza blanca que transportaba el cuerpo de su líder.
Tras ese día, los comuneros se replegaron y no volvieron a protestar. Los beneficios que prometía el proyecto hidráulico aún no han llegado.
“Cuando cortaron la cabeza, ya no hubo otro liderazgo, y lo más grave es el miedo que le impusieron a la gente”, lamenta Cañedo.
De Atilano muchos se resisten a hablar. Con su asesinato se apagó la voz del movimiento.
