Jaime GUERRERO
Pese al reconocimiento público del Gobernador Alejandro Murat, hacia la Fiscal Anticorrupción, la fiscalía general del estado, a cargo de Rubén Vasconcelos -paulatinamente envuelta en la polémica por su actuación- incurre en omisiones a la ley orgánica dela Fiscal General, se reíste a modificar el Reglamento de la Fiscalía y va a en contra de la autonomía requerida acorde a los estándares internacionales dispuestos por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, así como el Sistema Nacional Anticorrupción.
Mediante decreto número 755, aprobado el 8 de noviembre del 2017 y publicado en el Periódico Oficial Extra el 24 de enero del año 2018 se reformaron diversos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, al interior de los cuales se reconoció a la fiscalía especializada como ente estatal con autonomía técnica y de gestión para el ejercicio de sus funciones.
Sin embargo, no se se designó un presupuesto exclusivo, no se modificó el reglamento respectivo, ni se logró materializar la autonomía requerida acorde a los estándares internacionales dispuestos por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el propio Sistema Nacional Anticorrupción.
Ante tales circunstancias y pesé a diversas gestiones durante el año 2017 e inicios del año 2018, fue hasta el 22 de septiembre de ese año, que mediante la publicación del Decreto número 1544 aprobado por la LXIII Legislatura el 7 de agosto del 2018 publicado en el Periódico Oficial número 38 Segunda Sección, se reformaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, dotando de autonomía administrativa, técnica, de gestión y decisión a la Fiscalía Anticorrupción de Estado de Oaxaca, obligando a su titular a garantizar la autonomía de ésta en el ejercicio de sus funciones, estableciendo una estructura orgánica mínima para su operación e instruyendo que dentro de los treinta días posteriores a la publicación de dicho decreto.
Es decir, a más tardar el 23 de octubre de 2018, se debía de modificar el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, conforme a la estructura prevista en el Decreto, relativo a la Fiscalía Anticorrupción6 y se procediera a su publicación.
No obstante, a pesar del Decreto publicado y de ser la Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca un órgano con autonomía administrativa, técnica, de gestión y decisión, ésta no cuenta con presupuesto ni recurso asignado, ni con la adscripción formal de personal para cumplir con sus funciones, ello derivado principalmente, a las omisiones del Fiscal General en los trámites para la publicación de la modificación al Reglamento de la Fiscalía General del Estado.
En la víspera, la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, emitió oficios en donde manifestaron su apoyo y solidaridad a Jorge Emilio Iruegas Alvarez, Fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción de Oaxaca, para que de forma inmediata las autoridades correspondientes realicen lo necesario para que la Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca cuente con la suministración presupuestal y financiera suficiente para continuar y fortalecer sus funciones.
Así mismo, se cumpliera el mandato legal que dispone la autonomía administrativa, técnica, de gestión y decisión de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Oaxaca.
Al día de hoy, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Oaxaca, aún y cuando no cuenta con el presupuesto ni el recurso humano mínimo necesario para su operación, tiene una capacidad de respuesta superior al 67 por ciento.
Además, con motivo del aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito en términos del artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales ha evitado que se genere un detrimento a la administración pública, al asegurar más de 23 millones de pesos.
De la misma forma, en un ejercicio que realizó la Fiscalía Anticorrupción, de las denuncias presentadas, el recurso desviado es de aproximadamente más de 3 mil millones de pesos, lo que representa, la misma cantidad que contrajo el ejecutivo en días anteriores en el Congreso del Estado. De asignarle lo mínimo para operar, la Fiscalía Anticorrupción podría recuperar esos recursos.
