Arantxa Arcos
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Desde el 10 de agosto del 2015, familiares del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril solicitaron recabar declaraciones de funcionarios de Veracruz con la finalidad de agotar la línea de investigación relativa a la actividad periodística que desempeñaba Espinosa en la entidad costera.
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) esquivó citarlos y considerar la línea de investigación en mención, además, filtró información privada de las víctimas; cuatro mujeres y un varón.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) publicó el expediente CDHDF/IV/122/BJ/15/D474, detallando las anomalías de una investigación en curso, a dos años de cumplir el asesinato de Mile Virginia Martín, Yesenia Atziry Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, Nadie Dominique Vera Pérez y Rubén Manuel Espinosa Becerril.
La investigación corresponde a cinco víctimas directas, cuatro mujeres y un varón asesinados, y a 21 víctimas indirectas, principalmente familiares de los ultimados en un departamento en la calle Luz Saviñón de la colonia Narvarte en la Delegación Benito Juárez de la Ciudad de México.
De acuerdo a la relatoría de hechos, el 10 de agosto del 2015, representantes de las víctimas, familiares del fotoperiodista, solicitaron recabar la declaración del gobernador de Veracruz con la finalidad de agotar la línea de investigación relativa a la actividad periodística de Rubén Espinosa.
Desde las 16 horas hasta las 17:45 que estuvieron reunidos, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, José Francisco Coronilla Argueta, acordó procedente la petición.
Tres días después de esta petición, a través de un acuerdo ministerial con fecha del 13 de agosto del 2015, se acordó procedente citar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, a su antecesor Sergio López Esquer y a la presidenta de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), Benita González Morales.
De los cuatro ex funcionarios, ninguno acudió a la cita por no activar la línea de investigación referente al desempeño que llevaba Espinosa Becerril en Veracruz, como fotoperiodista.
La recomendación número cuatro de la CDHDF, firmada por Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, exhibió que personal de la PGJCDMX omitió durante la integración de la averiguación previa las diligencias necesarias para agotar todas las líneas de investigación, vulnerando el derecho a la verdad y acceso a la justicia.
Del único varón entre las víctimas, no se agotó ni consideró la línea de investigación relacionada con su actividad periodística.
Es más, la misma dependencia de investigar, detener y procesar a los responsables de cinco homicidios, filtró resultados toxicológicos a algunos medios de comunicación.
Estos, crearon estigma en dos víctimas, entre ellas Espinosa Becerril, estigmatizándolo de consumir sustancias y dejando de lado las amenazas de las que previamente había sido objeto.
A Rubén Espinosa se le atribuyó el consumo de drogas o estar vinculado con algún tipo de delito, por el otro, a las mujeres se les acusó en algunos casos del consumo de alcohol y drogas, en otros, dedicación a actividades sexuales a cambio de dinero, narcomenudeo o relación con presuntos agresores, situación que tendió a colocar a las víctima como responsables de lo sucedido.
El Ministerio Público omitió solicitar registros relacionado con investigaciones de delitos o antecedentes de hechos, incurriendo en violentar la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o reputación.
“Una explicación de los crecientes índices de crimen y violencia subyace en la interacción y retroalimentación de varios elementos como la desigualdad económica, social y cultural, así como la corrupción, impunidad, ausencia o deficiencia en materia de políticas públicas y la falta de instituciones capaces de asegurar su efectiva incidencia y puesta en práctica”, se lee en la recomendación.
“Estos feminicidios y homicidio reafirman el clima de riesgo con que se vive en la Ciudad de México y visibilizan un vez más la violencia estructural y generalizada que existe en la misma, reflejando los resultados de la impunidad y corrupción imperante, así como las condiciones favorables que se presentan en la ciudad para la comisión de conductas delictivas”, continúa la recomendación número cuatro de la CDHDF.
VIOLACIONES AL PROCESO
El 7 de agosto del 2015 se presentaron familiares de Rubén Espinosa Becerril, requiriendo al agente del Ministerio Público la inspección ministerial en relación a diversas páginas web en las que obran entrevistas, reportajes y notas periodísticas vinculadas a la actividad periodística de Espinosa.
Durante el proceso ministerial, acudieron a comparecer ante el Ministerio Público, solicitando copia simple y por escrito, los detalles y acciones efectuadas en la investigación del asesinato de su familiar.
Seis días después de comparecer, el 17 de agosto del 2015, la autoridad ministerial declaró como improcedente la petición de las familiares, argumentando que se debía respetar la secrecía y relevancia del caso.
Misma secrecía que se violentó, reconocida en una inspección por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ya que se filtró información de una indagatoria.
Por ello, el 27 de agosto, familiares del fotoperiodista asesinado, promovieron un amparo contra los actos de la PGJ CDMX por omisión del resguardo de información relativa al agraviado de Espinosa Becerril, contenida en la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/04379/15-07 D1, violentando los derechos a la privacidad, intimidad, confidencialidad y reserva de datos.
La demanda radicó en el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo Penal en la ciudad de México con el expediente 804/2015.
La acción violatoria también fue señalada por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México el 28 de agosto del 2015. Y es que emitió la opinión consultiva 02/2015, advirtiendo la existencia de conductas discriminatorias en el manejo de la información por parte de medios impresos de comunicación.
Los impresos difundieron estereotipos, prejuicios, estigmas e incluso criminalización de las víctimas en el sentir de la opinión pública, circunstancia que se traduce en la injerencia a su vida privada, honra y reputación.
NINGÚN EXFUNCIONARIO FUE CITADO
La CDHDF enfatizó que el Estado debió asumir su obligación de iniciar sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva para el esclarecimiento de los hechos. Debió existir desde un principio coordinación entre las diversas agencias investigadoras para establecer debidamente sus competencias.
Las peticiones de los familiares, como testimonios en vida de dos víctimas asesinadas fueron solicitadas por la CDHDF para ser consideradas en la diligencia ministerial.
Para el caso del fotoperiodista, la línea de investigación exigía mandar a llamar a dos ex funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Sergio López Esquer y Arturo Bermúdez Zurita, actualmente recluido en el Penal de Pacho Viejo.
Además, a la ex presidenta de la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), Benita González Morales y al ex gobernador priista, Javier Duarte de Ochoa, recluido recientemente en Guatemala.
Dos de los citados están bajo procesos penales relacionados por su presunta vinculación a delitos como enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y crimen organizado.
La recomendación número cuatro de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) mencionó en su apartado “personas periodistas y en el ejercicio de la libertad de expresión”, datos difundidos por el organismo internacional para la defensa de periodistas y activistas, Artículo 19.
En citado informe de Artículo 19, se registraron 397 agresiones contra medios de comunicación y periodistas, en 2015, calificándolo como el año más violento para la prensa desde 2009.
