Víctor Ruiz Arrazola/El Piñero
Oaxaca de Juárez, Oaxaca – La Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través de su Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, dio a conocer en la ciudad de Oaxaca su Protocolo para la instrumentación e implementación de medidas de protección del Sistema Interamericano, Universal y Nacional de Derechos Humanos, luego de un litigio que sostuvo el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) en contra del Estado mexicano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que derivó en el procedimiento conocido como solución amistosa.
El lanzamiento de este nuevo instrumento jurídico tuvo lugar el pasado 28 de agosto en el Salón de Gobernadores del palacio de gobierno de la capital oaxaqueña, con la presencia de la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño; del subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Alejandro Encinas Rodríguez; así como del gobernador Alejandro Murat Hinojosa.
También estuvieron como testigos el presidente de Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) A.C., Miguel Álvarez Gándara y Maurilio Santiago Reyes, presidente del CEDHAPI A.C.
Este protocolo fue un compromiso adquirido por el Gobierno Mexicano en la solución amistosa P-1014-06 Antonio Jacinto López Martínez suscrita el día veintitrés de septiembre del dos mil quince y homologado y publicado en la página de la CIDH el día ocho de abril del dos mil diecinueve, este caso fue litigado por el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante catorce años, el Protocolo de Implementación de Medidas Cautelares compromiso adquirido por el Gobierno Mexicano como un derecho de las garantías de no repetición, explicó en un comunicado el abogado Maurilio Santiago Reyes.
Este Protocolo contempla las reglas mínimas que deben de tener un procedimiento de implementación de medidas cautelares otorgadas por organismos nacionales e internacionales como son las fases de inicio de un procedimiento; comunicación oportuna con las personas beneficiarias y peticionarias; inicio del procedimiento en casos de urgencia e; inicio del procedimiento en casos de un procedimiento ordinario.
La CIDH determinó que debería existir un catálogo de medidas más comunes a implementarse, existiendo un plan de implementación de medidas, análisis de riesgo, se deben de respetar las garantías de los derechos de las víctimas, sin ser re victimizados por la actitud de los funcionarios que implementan las medidas, en la implementación de medidas cautelares están involucradas las autoridades federales estatales y municipales.
La consolidación de este protocolo fue el esfuerzo de muchas instancias, principalmente de la CIDH que instó al gobierno mexicano a cumplir con este compromiso internacional y desde la sociedad civil se tuvo que lidiar con muchos obstáculos que impedían que se elaborara y entrara en vigor el protocolo, por ello carece aún de muchos rubros, uno de ellos es la atención que deben tener las personas desplazadas internamente, la activación de mecanismos que sirvan para proteger los derechos a la salud, alimentación y la vivienda.
Antecedentes del caso Antonio Jacinto López Martínez
El 24 de octubre del 2004, Antonio Jacinto López Martínez fue nombrado como presidente municipal constitucional de San Martin Intuyoso, Tlaxiaco, Oaxaca por el Sistema Normativo Interno, Usos y Costumbres, para el periodo 2005-2007.
El 27 de diciembre del 2004, fue amenazado de muerte para que no asumiera el cargo. El 30 de enero del 2005, al intentar tomar posesión, fue víctima de una agresión con arma de fuego. Posteriormente intentaron asesinarlo.
El 29 de julio del 2005 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de López Martínez. El 8 de septiembre del 2006, se demandó al Estado Mexicano, ante la CIDH, por violar los derechos humanos de Antonio Jacinto López Martínez y los derechos de los pueblos indígenas en Oaxaca.
El 17 de octubre de 2011, ante una indebida implementación de medidas cautelares, Antonio Jacinto López Martínez fue asesinado en pleno centro de la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Y hasta el momento la Fiscalía General de Justicia no ha esclarecido su muerte.
Este caso refleja la Imposición de los intereses políticos de aquel entonces y que desde la Secretaria General de Gobierno ponían y quitaban a los presidentes municipales que no obedecían la línea política del gobierno del estado. Estos hechos ocurrieron en el mandato del gobernador Ulises Ruiz Ortiz; y fue el entonces subsecretario de Gobierno, Joaquín Rodríguez Palacios quien operó el desconocimiento de Antonio Jacinto López Martínez como presidente municipal de San Martin Itunyoso.