Francisco Vásquez
Oaxaca, México.- Habitantes de pueblos indígenas y organizaciones ambientalistas, campesinas y de derechos humanos iniciaron más de 30 juicios de amparo ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) en 12 entidades diferentes para combatir los diez decretos presidenciales de levantamiento de vedas publicados el pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación, por considerar que dichos mandatos abren la puerta a la privatización del agua y su concesión para proyectos mineros e hidroeléctricos que sólo beneficiarán a empresas privadas.
De acuerdo a los quejosos los amparos demuestran que el levantamiento de vedas fue realizado sin consultar ni cumplir con los procedimientos requeridos, dejando 51 billones de litros de agua al año expuestos a concesiones, vulnerando con ello los derechos humanos y territoriales de las comunidades.
Acusaron que de acuerdo al principio de la actual Ley de Aguas, el vital líquido es de quien la solicita primero, sin embargo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconociendo el derecho al agua, exigió reemplazar la actual ley antes de febrero de 2013 con una ley que garantice el acceso equitativo y sustentable al vital líquido.
Denunciaron que a través de los decretos presidenciales se pretenden levantar más de 10 vedas y crear zonas de reservas de aguas nacionales que corresponden al 40 por ciento de las cuencas del país, las cuales contienen el 55 por ciento de las aguas superficiales del territorio nacional.
A este posicionamiento se han sumado organizaciones como la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda), quienes han señalado que levantar las vedas para crear zonas de reserva parcial, más allá de ser una protección jurídica sobre las aguas superficiales para garantizarlas a las futuras generaciones y preservar el equilibrio ecológico, como lo pretenden hacer ver la Conagua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales esto tiene efectos jurídicos totalmente contrarios, ya que flexibilizan el uso y aprovechamiento del agua a las empresas transnacionales y privadas.
Además han dicho que la emisión de dichos decretos no contó con la participación de la ciudadanía, por lo que se desconocen los intereses internacionales que hayan motivado la determinación del gobierno federal, además de que la organización activa promotora del establecimiento de las zonas de reserva parcial, Fondo Mundial para la Naturaleza, se atribuyó una participación que la sociedad no le otorgó.
En este sentido, a través de un comunicado, la Coordinación de Derechos Territoriales de Pueblos Indígenas de la organización civil Servicios para una Educación Alternativa (Educa), informó que en el marco del Segundo Día Nacional de Acción por el Agua se realizarán movilizaciones frente a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua en todo el país, para protestar por una serie de y negligencia en el manejo de las aguas nacionales.
Ahí darán informes sobre los juicios de amparo, los cuales hacen consistir sus argumentos en que el levantamiento de vedas no respetó los procedimientos legales ni técnicos para su justificación, de modo que se abrió un gran volumen de aguas nacionales a ser concesionadas sin respetar el principio del acceso equitativo establecido en la reforma constitucional del 8 febrero 2012 que reconoce el derecho humano al agua.
También señalaron que se emitieron los decretos sin respetar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas potencialmente afectados, adicionalmente, uno de los amparos presentados en la Ciudad de México demostró que los decretos representaban una violación a los derechos de la naturaleza, los cuales son reconocidos en esa entidad federativa, afirmaron.
Destacaron que de acuerdo al Colegio de Biólogos los Decretos dejan a 51 billones de litros de agua expuestos a ser concesionadas por periodos de hasta 30 años, renovables, con la posibilidad de ser libremente transferidos.
Según el Registro Público de Derechos al Agua, a 25 días de la firma de los Decretos, la Conagua había otorgado más de 500 nuevas concesiones.
Analistas de la Coordinadora Nacional Agua para Todos Agua para la Vida, explicaron que los decretos representan un intento de “pintar de verde” el levantamiento de vedas, para así extender el mercantilismo de la actual Ley de Aguas Nacionales, en pleno desacato a la obligación constitucional de haber reemplazado dicha ley antes de febrero 2013 con una Ley General de Aguas que siente las bases para el acceso equitativo y sustentable a través de la participación ciudadana junto con la de los tres niveles de gobierno.
Con la promoción de los amparos exigen que el presidente de la República Enrique Peña Nieto vuelva a establecer las vedas, y proponen que el nuevo Congreso de la Unión priorice una ley de aguas que cumpla con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ambientalistas consultados, refieren que los decretos establecidos no cuentan con un enfoque holístico de las cuencas, ni establecen directrices sobre el uso, protección y cuidado de las aguas subterráneas, y por ende, el levantamiento de las vedas que protegían la extracción y aprovechamiento del agua, violentan gravemente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas a libre determinación y autonomía sobre los bienes sus bienes naturales.
Explicaron que en el caso de Oaxaca, las zonas de reserva se han dado en dos de las principales cuencas del estado, Atoyac y Papaloapan, con el argumento de que el agua existente en ellas se desperdicia.
Sin embargo, la región donde se estableció la reserva parcial correspondiente a las subregiones Río Papaloapan y Papaloapan A, de la Región Hidrológica número 28 Papaloapan, es una zona donde hay proyecciones para la explotación de hidrocarburos vía fracking, establecimiento de minas y la generación de energía eléctrica, hasta ahora las comunidades chinantecas se oponen a la construcción de una presa.
En esta acción colectiva participan los pueblos indígenas Teenek y Nahuas, así como organizaciones ambientalistas, campesinas y de derechos humanos, incluyendo la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro Mexicano por el Derecho Ambiental (Cemda), el Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Central Campesina Cardenista (CCC), la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), Colectivo de Abogados, Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, Salvemos Temaca, Instituto Vida e Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec).
