La curva de aprendizaje y los controles anticorrupción han influido en que el gobierno federal haya licitado apenas 31% de su presupuesto durante los primeros 10 meses del año, afirma la CMIC.Arrastra subejercicio de 72% a octubre
Alejandro de la Rosa
Pemex, que concentra más de dos terceras partes del presupuesto federal de obra pública y está en medio de un plan de reactivación productiva, marca el paso letárgico del gasto, pues tiene un ejercicio de apenas 28% de sus 271,656 millones de pesos asignados para este año, de acuerdo con un análisis de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
“Hasta octubre se registraron cerca de 7,000 contratos en diferentes dependencias, entre ellas la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Pemex, Conagua y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). A principios de año alertábamos del retroceso porque con los nuevos gobiernos se suele empezar casi de cero, en sentido figurado, y este año se ha licitado menos de lo esperado en cerca de 10 por ciento. Además, no hay proyectos completos de las obras. Entran nuevos funcionarios y el aprendizaje es lento”, explicó a El Economista Eduardo Ramírez, presidente de la cámara.
Adicionalmente, un funcionario federal que pidió no dar su nombre dijo que la reiterada petición de evitar actos de corrupción en la contratación público ha obligado a revisar una y otra vez la información en las diferentes etapas, incluso en algunos casos se han declarado licitaciones desiertas, las cuales se han vuelto a iniciar, y eso también ha causado retrasos. El gobierno federal licitó obra pública por 124,264.3 millones de pesos entre enero y octubre pasados, lo que representó apenas 31% del monto aprobado en el presupuesto de egresos para el desarrollo de infraestructura (399,715.1 millones de pesos) y, en el mejor de los casos, al cierre del 2019 se llegará a 50%, refiere el análisis de la CMIC.
Eduardo Ramírez consideró que aún con el aceleramiento que se ha dado a los procesos de licitación en los últimos dos meses no se podrá revertir la caída del sector, que rondará 2%, luego de un incremento de 0.6% en el 2018. Hasta septiembre, la actividad del sector constructor se había contraído 4.7%, de acuerdo con datos del Inegi.
Con base en el documento de la CMIC, la SCT es la dependencia que concluirá el 2019 con el mayor ejercicio de su presupuesto. A la fecha suma 68.3% de los 48,880 millones de pesos que se le destinaron, y la subsecretaría de Infraestructura (que implica el sector carretero) es la que mejor comportamiento ha presentado.
Este notable avance poco hace para compensar el retraso en el ejercicio de presupuesto de Pemex, que ha anunciado que está en medio de la ejecución de un plan para desarrollar de manera acelerada 22 campos productivos que le deberían permitir, según ha planteado, frenar y comenzar a revertir la caída en la producción de crudo.
El escenario es complejo
Adicional al bajo ejercicio de obra pública, la cámara determinó que la disminución de 8.6% en el presupuesto del gobierno federal para el 2020, respecto al autorizado para el presente año (principalmente para la SCT y la CFE, de 34 y 37%, respectivamente) ejercerá nueva presión a la industria de la construcción.
“En infraestructura lo que vemos es que el único motor que reactive la economía es la participación del sector privado con el acuerdo de inversiones anunciado la semana pasada, pero también hay que decir que se debe garantizar el Estado de derecho”, refirió.
Desde su perspectiva, se debe hacer valer las experiencias vividas este año para comenzar a planear el desarrollo de infraestructura a largo plazo, más allá de periodos de gobierno y, sobre todo, destacar acciones como las de la SCT, en donde participa gente conocedora de la obra pública. Otra prioridad federal debe ser el mantenimiento de la infraestructura, porque de no ponerle atención se convierte en reconstrucción de la misma, lo que incrementa “mucho más” los costos, dijo.
“Como sector privado queremos ofrecer propuestas al gobierno federal para una reactivación de nuestro sector. Una de ellas es que en todas las concesiones (carreteras, portuarias, ferroviarias) se incluya una participación de 30% de constructoras locales, con carácter de asociadas y no subcontratadas, para realmente generar un desarrollo económico en el país”, agregó Ramírez.
