Vicente BELLO/TREN PARLAMENTARIO
Ciudad de México.– México continuaba este viernes 6 de enero de 2017 cayendo en esa espiral por donde la Presidencia de la República lo empujó desde que anunció el incremento del precio de las gasolinas y el diesel.
Una gran irritación social se manifiesta en el país. Pero a ésta se le ha aupado la mentira y las ganas de enturbiar la expresión ciudadana, a través de saqueos y rumores sistemáticos, que la oposición y gobernantes como el de Nuevo León y la Ciudad de México, han sugerido que provendrían de los catafalcos del gobierno de Enrique Peña Nieto, para justificar el uso del ejército en estos meses en que ya se juega la carrera presidencial.
El presidente de la República, con el país en el filo de los cantiles, no ha dejado a la mentira como su herramienta principal de gobierno. Sigue reiterando que el alza de las gasolinas se debe no a la reforma energética sino al incremento del precio internacional del petróleo.
Al mismo tiempo, toma decisiones que la oposición tilda de superlativamente estúpidas, como la de regresar al gabinete a Luis Videgaray Caso, el ex secretario de Hacienda acusado de gran traidor a la Patria tras haber sido el artífice de la visita a México en agosto del entonces candidato presidencial Donald Trump, un declarado enemigo de México.
El nombramiento de Videgaray como nuevo canciller mexicano ya es considerado en los territorios del Congreso mexicano como el primer nombramiento que ha hecho Donald Trump en el país, y se le considera también como la claudicación absoluta del gobierno de Peña Nieto ante aquel enemigo declarado de México, Donald Trump, para oprobio, vergüenza y humillación de todos los mexicanos.
En los pasillos de San Lázaro se escuchan voces que dicen que Santa Ana entregó medio país a los estadounidenses después de una guerra fallida, muy mal llevada; pero Peña Nieto –rezumando cobardía y un tremendo analfabetismo sobre la historia marcada de sangre e injusticias ente Estados Unidos y este país- está entregando el resto sin un solo tiro de por medio.
Saqueos y rumores de sujetos embozados o encapuchados venían también, desde hacía varios días, enturbiando la manifestación de la gente irritada por el mega gasolinazo. Y lo mismo se aparecían en las goteras de la ciudad de México, provenientes del estado de México, que en Chiapas, Veracruz, Nuevo León… ¿Quién los manda?
Nadie este viernes se atrevía a decir con todos sus letras al posible responsable, pero versiones en corto, en el pasillerío de San Lázaro, susurraban: no puede ser más que el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque es el beneficiado de que la gente ya no se manifieste en la calle por el temor a ser reprimido, por los saqueos.
Saqueos y rumores que servirán de justificación presidencial para que los soldados ahora se hagan cargo de todo en las calles, cuando se ha adelantado la carrera presidencial de 2018 y cuando justamente el PRI da por perdida ya la Presidencia de la República, en una suerte de adelantamiento de una Ley de Seguridad Interior que está programada para ser aprobada en el Congreso en febrero próximo, para dar facultades al ejército a permanecer en las calles.
Y no quita Enrique Peña Nieto el dedo del renglón: este viernes 6 de enero insistió en justificar el aumento de los precios de las gasolinas y el diesel.
Pero el incremento de las gasolinas no comenzó el pasado 28 de diciembre, cuando la presidencia le puso las cantidades. Los opositores lo supieron desde los días en que se debatía en el Congreso la reforma energética, entre julio y agosto de 2014.
El 8 de octubre de 2016, los diputados del Pri, Pan, Pvem, Pes, panal y Prd, dieron el banderazo terrible cuando aprobaron la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Tenían que imponer a las gasolinas un aumento feroz de impuestos para tratar de tapar el tremendo hoyo que estaban dejando las petroleras trasnacionales, que así como llegan se quejan de que necesitan del Estado mexicano mayores niveles de deducibilidad, para extraer crudo y para importar gasolinas, y les sea negocio venderla.
Y cedieron con rapidez al chantaje: Peña propuso reformar esa ley para, fundamentalmente, autorizar deducir impuestos a las petroleras extranjeras hasta el 60 por ciento de sus inversiones, en tanto que a Pemex sólo le autorizaron deducibilidad por 6.2 por ciento.
El jueves 20 de octubre de 2016, aquellos seis grupos parlamentarios cerraron la pinza que ahora aprisiona a la población mexicana: durante la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, los diputados (y después los senadores) del Pri, Pan, Pvem, Pes, Panal y un sector otra vez del Prd, decidieron incrementar del 10 al 37.7 por ciento el Impuesto Especial sobre Producción Y Servicios (IEPS) al precio de venta de las gasolinas y el diesel.
En resumidas cuentas, se trataba –con este aumento del Ieps- de incrementar los ingresos fiscales por concepto de venta de gasolinas y diesel para tapar el hoyo que no quisieron llenar las petroleras trasnacionales. Un hoyo abierto por Peña Nieto, por 40 mil millones de dólares, ante la entrega del petróleo mexicano a compañías extranjeras.
De 30 mil millones de pesos, que el Ieps arrojaba al erario nacional por venta de gasolinas en 2015, con esta reforma del 20 de octubre de 2017 el gobierno de Peña ha proyectado recaudar 280 mil millones de pesos. Por eso subió tanto. Por eso se espera que suba más en febrero.