A inicios de 2014, cuando circularon distintos borradores de lo que sería la ini-ciativa presidencial de ley secundaria para la reforma de telecomunicaciones, se prendieron focos rojos en distintos sectores de la sociedad civil. Quedó claro que concretar los principios constitucionales ya vigentes, sería muchísimo más complejo, tanto de analizar como de concretar en la ley; no por la cantidad de artículos, sino por la profundidad de temas que se tratarían en el Congreso y por los intereses relacionados. El temor fue correspondido por la Consejería Jurídica
de la Presidencia de la República, quien envió la iniciativa nal al Senado. A los
ojos de muchas organizaciones de la sociedad civil, la iniciativa claramente con-travenía la Constitución: saturada de elementos contrarios sus disposiciones, de violaciones a derechos humanos, retrocesos en materia de pluralidad, diversidad y competencia en el sistema de medios de comunicación (no así para las teleco-municaciones en el caso de la telefonía), y en los mecanismos para la protección de distintos derechos, entre muchos otros problemas.La iniciativa del gobierno tuvo como respuesta distintas campañas en redes sociales, manifestaciones en las calles, performances artísticos e incluso reco-mendaciones directas de los relatores para la libertad de expresión de la ONU y de la CIDH. Arte, protesta, crítica y propuestas se enfrentaron a la iniciativa presidencial, en la búsqueda por abrir la comunicación más allá de quienes has-ta ahora la habían concentrado. Hubo foros académicos, análisis de expertos
con información de https://es.scribd.com/document/274407101/El-periodismo-ante-la-nueva-regulacion-de-telecomunicaciones-y-radiodifusion