Jaime GUERRERO
Oaxaca.-Tras días de especulaciones, éste lunes, el Fiscal General Justicia de Oaxaca, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, presentó su renuncia al cargo, ante la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, bajo el argumento de que “he sido requerido a colaborar en otras responsabilidades”.
Carrillo Ruiz fue procurador de Justicia del Estado del 12 de noviembre de 2013 al 4 de agosto de 2015 cuando lo nombraron fiscal general al reformarse la Constitución local.
Aunque el mandato de fiscal es por cuatro años, Carrillo Ruiz se vio obligado a renunciar cuando apenas lleva 18 meses en el cargo donde desde diciembre de 2016 lo relegaron de sus funciones.
Como encargado de la Fiscalía quedó el vicefiscal Alberto Ramos hasta que la LXIII Legislatura ratifique la propuesta que Murat Hinojosa, les enviará en una terna. El reveló se prevé el próximo 3 de mayo.
Cabe señalar que Carrillo Ruiz, ex colaborador de Gabino Cué Monteagudo, fue relegado de sus funciones con la llegada funcionarios priistas del gobernador, Alejandro Murat Hinojoza.
Así, luego de especulaciones, la mañana de este lunes, en punto de las 9:30 horas, Carrillo Ruiz, entregó dos documentos originales a la Oficialía Mayor, en el que presentó su renuncia con efectos inmediatos al cargo de Fiscal General del Estado, cargo que la LXII Legislatura, le confirió.
“Lo anterior obedece a que he sido requerido para colaborar en otras responsabilidades. Por lo anteriormente expuestos, solicito se someta a consideración del pleno del Honorable Cámara de Diputados la presente renuncia”, plasma el escrito de Carrillo Ruiz, fundamentada en el apartido D del artículo 114 de la Constitución del Estado.
Carrillo Ruíz, presentó su renuncia a pesar de que le faltaban 28 meses para concluir con el plazo establecido en la Constitución local.
Carrillo Ruiz fue electo fiscal general por el Congreso del estado en agosto del 2015, y solo habría cumplido 18 meses en el cargo, de los 48 que le correspondían.
El procedimiento para elegir nuevo Fiscal
El artículo 95 constitucional, establece que el fiscal general del estado durará cuatro años en su cargo y será elegido por el Congreso del estado de una terna de juristas de reconocida capacidad profesional y solvencia moral que el titular del Poder Ejecutivo someterá dentro de los 20 días siguientes a partir de la ausencia definitiva del fiscal.
El Congreso (en este caso la LXIII Legislatura) elegirá al fiscal general del estado previa comparecencia de las personas propuestas por la mayoría de los diputados presentes.
En sus recesos, la Diputación Permanente convocará a un periodo extraordinario en el improrrogable plazo de 10 días hábiles para elegir al fiscal general.
En caso de que la legislatura no convoque en el plazo de 10 para elegir al Fiscal, ocupará el cargo la persona que de la terna designe el gobernador del estado. Si el Congreso del estado rechaza la terna propuesta o no hace la designación en los plazos establecidos, ocupará el cargo la persona que dentro de la terna propuesta designe el gobernador del estado.
El fiscal general dejará de ejercer su cargo por renuncia o podrá ser removido por el Ejecutivo por las causales de responsabilidad en los casos previstos en el título séptimo de la Constitución, y la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes del Congreso del estado dentro de un plazo de 10 días hábiles, en cuyo caso el fiscal general será restituido en el ejercicio de sus funciones, si el Congreso no se pronuncia al respecto se entenderá que no existe objeción.
Este es la tercera renuncia que se presenta de funcionarios de alto nivel, el segundo fue Alejandro Avilés Álvarez, quien se separó de una Secretaría General de Gobierno, tras un escándalo en el que se vieron involucrados sus hijos por el uso de aeronaves del Gobierno del Estado, para vacacionar en playas de Oaxaca.
La primera el pasado 12 de marzo cuando el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alfredo Lagunas Rivera, solicitará licencia por tiempo indefinido, para que entrará el revelo, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, quien ya había sido Magistrado Presidente en el Periodo del ex gobernador, José Murat Casab.
Además, Olivetti Paredes Zacarías, renunció al cargo de directora del Instituto de la Juventud de Oaxaca (Injeo), por exhibirla en el uso de recursos públicos para fines personales en el 2015, cuando aún no era funcionaria de la administración de Murat Hinojosa.