Jaime GUERRERO | EL PIÑERO
Pese al rechazo de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre el costo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el presupuesto precautorio para la realizar el proceso electoral extraordinario de 2025 -en el que se elegirán 881 cargos de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación (PJF)- por 13 mil 205 millones 143 mil 620 pesos.
En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el presupuesto precautorio para el ejercicio fiscal de 2025, para la organización de una eventual Consulta Popular y los proyectos específicos relacionados con el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
Ambos formarán parte del Anteproyecto de Presupuesto del INE para el 2025.
Para la Consulta Popular, el presupuesto precautorio aprobado es de 4 mil 620 millones 764 mil 137 pesos.
En el caso de la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, de los más de 13 mil 205 millones solicitados,
Las y los consejeros acordaron atribuir el carácter de precautorio al presupuesto aprobado y quedará sujeto a modificaciones derivadas de la resolución que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emita este martes 5 de noviembre en torno al proyecto de resolución elaborado por Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien propuso la inconstitucionalidad parcial de la reforma al Poder Judicial.
De igual manera, sostuvieron que la organización del proceso electoral sigue en pausa debido a las suspensiones y amparos concedidas por jueces.
Al respecto, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, aseguró que la aprobación del presupuesto precautorio tiene como finalidad no dejar “en estado de indefensión” ante la posibilidad de la realización de la jornada electoral.
“El acto de aprobación de este presupuesto precautorio obedece a las atribuciones que tenemos como Consejo General y también responsabilidades jurídicas en materia central y legal de nuestra legislación (…) de tal suerte que no podemos dejar al Instituto en un estado de indefensión ante la posibilidad cercana de que se realice el ejercicio electivo de todos los juzgadores del Poder Judicial de la Federación”, dijo.
Taddei Zavala aclaró que se deberán instalar cerca de 170 mil casillas, así como entregar, al menos seis boletas a las y los votantes, adquirir nuevo material, entre otras cosas que incrementaron el costo de la elección.
El consejero Jaime Rivera lamentó que, ante la premura de los tiempos para solicitar el presupuesto, el INE no pudiera esperar a que exista una resolución firme sobre la reforma al Poder Judicial.
“Admito que es ineludible aprobar este proyecto de acuerdo, ya que la Suprema Corte de Justicia desde 2020 ha ordenado que el Consejo General debe prever un presupuesto precautorio para procesos de realización incierta. Por lo demás, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha fijado como fecha límite para presentar proyectos de presupuesto el 5 de noviembre, o sea, mañana. En otras palabras, no tenemos alternativa”.
Por su parte, la consejera Claudia Zavala reiteró que la aprobación del presupuesto no intervendrá con las suspensiones otorgadas, así como la posible determinación de la SCJN, pues el INE deberá actuar para realizar las modificaciones necesarias.
La consejera, Carla Humphrey, aseguró que, con su determinación, la Suprema Corte definirá el tamaño de la elección judicial.
“Como sabemos mañana habrá una sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación esto definirá el tamaño de la elección del Poder Judicial a la par de lo que se tiene que resolver respecto a las suspensiones que también se han emitido y este órgano podrá determinar con mucha mayor claridad lo que tiene que ver con el presupuesto para el Poder Judicial”.
Por su parte, Sheinbaum Pardo,recomendó a las y los consejeros revisar el alto costo propuesto para la elección.
A su juicio el monto debía ser menor debido a que no habría rubros como financiamiento a partidos políticos.
El acuerdo señala que el presupuesto precautorio para el PEEPJF 2024-2025 se constituye conforme al Plan Estratégico del INE 2016-2026, observando lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en lo que respecta a que la administración de los recursos públicos federales debe realizarse con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.
Además, el Consejo General consideró el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la controversia constitucional 203/2020 que determinó que el INE tiene la obligación legal y la responsabilidad de prever recursos adicionales para garantizar la eficacia y transparencia, en caso de realizar una Consulta Popular, criterio aplicable de forma análoga para prever adecuadamente un presupuesto precautorio que, en su caso, será necesario para llevar a cabo un PEEPJF ordenado y eficiente.
Lo anterior, acorde a la obligación del INE de garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía en los procesos comiciales, lo que obliga a la institución a tomar las medidas eficaces para evitar afectaciones a esos derechos o se vean mermados ante la falta de previsión presupuestal.
