Jaime GUERRERO
Oaxaca.- El Coordinador de la Bancada del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, Jesús Romero López, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPC), iniciar con debate de la reforma político electoral de Oaxaca, para que la entidad tenga reglas claras en las elecciones presidenciales y concurrentes del 2018.
El legislador local, señaló que urgente la adecuación del marco jurídico estatal a las pujantes necesidades de reconocimiento a las diversas formas de determinación de quienes integran las comunidades indígenas, y también de los núcleos de población que han decidido regirse bajo el sistema de partidos políticos.
Destacó que en México, luego de la alternancia de partidos en el poder, en el año 2000, se han realizado reformas al sistema electoral y a la estructura del sistema político, que han transformado el rostro de los derechos políticos y la estructuración del sistema electoral y de partidos en México.
El petista, recordó que el último de esos cambios ocurrió a través de la reforma político electoral federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, la cual estableció entre otros temas, la unificación de las competencias antes distribuidas entre la federación y las entidades federativas, con la creación del Instituto Nacional Electoral, del cual depende toda la estructura de organización y vigilancia de los procesos electorales en el país, y también modificó el esquema jurisdiccional y todos los órdenes competenciales en esa materia.
Derivado de ello, la reforma constitucional estableció la necesidad de que los congresos locales llevaran a cabo sus respectivas reformas para adecuar sus marcos jurídicos a las nuevas disposiciones nacionales en materia de derechos político electorales, y pudieran tener una relación adecuada a la luz de lo que ahora se estableció en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Romero López, recordó que en Oaxaca, esa reforma fue realizada y publicada mediante el decreto 1290 en junio de 2015.
Sin embargo, luego de que varios partidos políticos presentaran diversas Acciones de Inconstitucionalidad, prácticamente todo el paquete de reformas en materia político electoral aprobado por la LXII Legislatura quedó expulsado del orden jurídico estatal al declarar inconstitucional el mencionado decreto 1290 y en consecuencia todo su contenido, al considerar que hubo violaciones graves al proceso legislativo en la emisión del decreto.
Uno de los argumentos fundamentales utilizados por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recordó, al exponer los razonamientos en los que fundaron la decisión de optar por la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas, fue el relacionado a que el procedimiento legislativo no se llevó a cabo correctamente, debido a que no existen indicios de que la convocatoria a los legisladores para la sesión en la que se aprobó la reforma constitucional, hubiera sido entregada en tiempo y forma a cada legislador para estar en condiciones de participar en el acto legislativo.
Además, la mayoría de diputados que aprobó el dictamen, no permitió que se desarrollara una sesión en la que las minorías pudieran participar y exponer sus consideraciones.
Empero, los argumentos más sólidos de los ministros tuvieron que ver con la clara intención de los legisladores locales por entrometerse en asuntos que estaban en su esfera competencial.
Tras la declaratoria de inconstitucionalidad, (5 de octubre de 2015) la LXII Legislatura ya no estaba en condiciones de enmendar sus determinaciones y aprobar una reforma que fuera acorde con lo que marca la Constitución de la República, y útil para el proceso electoral de Gobernador, Diputados locales y Presidentes Municipales que se desarrolló entre 2015, ya que las normas electorales no pueden ser modificadas sino antes de 90 días antes de que inicie el proceso electoral siguiente.
El diputado local, recordó que ese escenario, generó la necesidad de la autoridad electoral de emitiera reglamentos para poder solventar algunos puntos que se encontraban dentro de la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, pero que quedaron fuera del orden jurídico al ser invalidado el decreto que los contenía.
En la antesala de un proceso electoral, que iniciará en los últimos meses del 2017, alertó que Oaxaca se encuentra ante la necesidad de que la LXIII Legislatura emita una legislación de orden político electoral que resarza no solamente los problemas generados por la invalidación de la anterior reforma política, sino que además tenga un sentido de avanzada acorde a las necesidades de nuestra entidad.
Dijo entonces que es preocupante que, hasta ahora no existan trabajos formales de los organismos directamente involucrados en el tema, para la construcción de iniciativas y propuestas que se han presentado en la Legislatura para su análisis y discusión.
“Es apremiante que cada uno, en su respectivo ámbito de competencia y trabajo, pueda contribuir a la discusión amplia de propuestas y herramientas jurídicas para dotar a la entidad de una ley que es no solamente necesaria, sino merecida, y que debe tener el sentido de vanguardia jurídica que siempre ha caracterizado a los oaxaqueños en la confección de sus normas”, demandó Romero López.
