Jaime GUERRERO
La LXIV Legislatura, pidió al Gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, iniciar una investigación contra el Consejero Jurídico, Octavio Tinajero Zenil; el Secretario de Seguridad, Ernesto Salcedo Rosales; y del Comisionado de la Policía, Raúl Antonio Castillejos Solís, por organizar, planear y ejecutar un operativo que violentó el recinto del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, con elementos armados.
Por lo pronto, en el punto de acuerdo presentado por el Presidente de la Mesa Directiva, César Morales Niño, el petista, advirtió que de continuar la disputa de grupos y trastocar gravemente el interés público, el Poder Legislativo en uso de sus facultades Constitucionales podrá asumir una solución mediante medidas legislativas para restaurar el orden institucional, y dar paso a un nuevo Tribunal y nuevos magistrados con verdadera vocación de servicio a la ciudadanía.
El punto de acuerdo fue aprobado con 25 votos a favor y 8 en contra.
El pasado jueves 15 de agosto, un grupo de 8 magistrados destituyeron al Magistrado Adrián Quiroga Avendaño, como Presidente de ese Tribunal, argumentando malos manejos administrativos y presuntos actos de corrupción al intentar perpetuar al Magistrado Hugo Villegas Aquino como integrante del referido órgano jurisdiccional, sin seguir los procedimientos correspondientes.
El grupo de magistrados que destituyó al Presidente, sesionó de manera extraordinaria para designar a María Elena Villa de Jarquín como encargada del Despacho de la Presidencia del Tribunal.
Posteriormente el Magistrado Adrián Quiroga, ofreció una conferencia de prensa ostentándose aún como Presidente del Tribunal, argumentando que su destitución no había sido valida.
Quiroga Avendaño, acusó que al momento de notificarle un oficio de carácter administrativo, el notificador llegó con elementos de la policía estatal, armados, sin ninguna orden superior, ni comunicación oficial que le notificara de la incursión de los elementos policiacos al recinto del Tribunal, señalando como autor intelectual de tal maniobra intimidatoria y de su destitución al Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo.
Morales Niño, lamentó que las circunstancias administrativas actuales que vive el Tribunal, generan incertidumbre y falta de certeza jurídica entre la ciudadanía que recurre a solicitar los servicios de dicho órgano, ya que existe una magistrada que se asume como encargada del despacho de la Presidencia y un magistrado que se asume como Presidente.
En el caso de la incursión policiaca en forma arbitraria, en el recinto Oficial del TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, advirtió que se violenta la autonomía y la inviolabilidad de su recinto.
En tanto, en el exhortó a los magistrados y magistradas integrantes de ese Tribunal, les demandaron resolver sus diferencias personales o administrativas, mediante los canales institucionales y eviten generar actos de desestabilización que trasciendan a la ciudadanía en general, o en su caso que renuncien para preservar el buen funcionamiento y armonía institucional del citado órgano jurisdiccional.
Con el exhorto, justifica el documento, se busca privilegiar y defender la autonomía del Tribunal, además se pretende cuidar sus principios rectores, ya que es un órgano jurisdiccional que forma parte del sistema estatal anticorrupción, y dentro de sus funciones esenciales esta proteger al gobernado de los actos administrativos abusivos emitidos por las autoridades, y ahora con el conflicto interno que impera en dicho Tribunal, la ciudadanía se encuentra en total estado de incertidumbre.
Morales Niño, enfatizó que es sumamente lamentable que el Tribunal de Justicia Administrativa atraviese por una crisis interna que lo único que está haciendo es evidenciar la falta de ética y probidad de los magistrados y magistradas.
Así como la falta de profesionalismo y autoridad moral para garantizar el acceso a la justicia a la ciudadanía que va buscando refugio y protección contra las arbitrariedades cometidas por las autoridades administrativas.
Aun cuando, aseguró que el Congreso privilegia y respeta la vida institucional de ese órgano, y se exhorta a que los magistrados resuelvan sus diferencias en forma interna; advirtió que si se trastoca gravemente el interés público, el Poder Legislativo en uso de sus facultades Constitucionales podrá asumir una solución mediante medidas legislativas para restaurar el orden institucional, y dar paso a un nuevo Tribunal y nuevos magistrados con verdadera vocación de servicio a la ciudadanía.
“Repito, de no resolverse el conflicto interno con prontitud, lo más sano para Oaxaca es dar paso a un nuevo Tribunal, con nuevos magistrados, salvaguardando con ello, el interés público, el orden, el decoro y la ética judicial que el cargo de la magistratura reclama”, asestó.
