Jaime GUERRERO | El Piñero
El juez primero de distrito del Poder Judicial de la Federación (PFJ), Emmanuel Hernández Alba, dio un revés a dirigente de triquis, Lorena Merino Martínez, así como cerca de 30 de sus familiares y protegidos, quienes anteriormente gozaban de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hoy buscabaan evitar ser retirados del plantón que sistemáticamente ha instalado frente al Palacio de Gobierno.
Al resolver el juicio de amparo, 1416/2002, el jurisperito, determinó sobreseer, es decir desechar el amparo en el que los indígenas desplazados de San Juan Copala, reclamaban la orden verbal o escrita para desalojarlos del plantón indefinido que tenían frente al palacio de gobierno en el centro de la ciudad de Oaxaca de Juárez.
La orden verbal o escrita para no permitirles manifestarse libremente frente al palacio de gobierno o en el centro de la capital; la orden verbal o escrita para no permitirle reunirse más de cinco personas frente al palacio de gobierno; la orden verbal o escrita para no permitirles usar sus teléfonos celulares y también para no desalojarlos del albergue ubicado en la calle Venezuela número 306 en la colonia América Sur de Santa Lucía del camino.
Lorena Merino se amparó fallidamente en contra del gobernador, Salomón Jara Cruz; el secretario de gobierno, Jesús Romero López; el presidente del municipio de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri; el secretario de seguridad pública, Iván García Álvarez, así como de la directora de Comercio del gobierno capitalino.
La indígena Triqui, también buscaba el amparo de la de la justicia Federal para más de 30 de sus familiares y allegados, sin embargo el juez solicitó informes justificados y se dio intervención a la gente del ministerio público de la Federación, con quien se programó la audiencia constitucional, la cual se desarrollo en los juzgados federales.
A través de la representación jurídica los funcionarios estatales negaron los actos atribuidos, sin que Merino Martínez, hubiera ofrecido pruebas idóneas para desvirtuar las versiones negativas de los funcionarios.
En consecuencia, ante las negativas no desvirtuaras con fundamento en la ley de amparo se sobreseyó el juicio respecto a las autoridades y por los actos reclamados por parte de la indígena triqui.
Con ello las autoridades estatales y municipales tienen la protección de la ley para poder proceder en el retiro del plantón que ha instalado Lorena Merino sus familiares y allegados frente al palacio de gobierno
Y es que Merino Martínez, representante de un grupo de personas desplazadas de San Juan Copala, instaló una huelga de hambre para exigir un espacio donde vender, justificando el legitimo retorno a su comunidad de origen en San Juan Copala.
Acusó que después de casi tres meses de haber sido desalojados del corredor del Palacio de Gobierno, siguen sin tener respuesta sobre el lugar donde se pueden instalar para vender sus productos.
Acompañada de unas cuantas mujeres y menores de edad, señaló que la autoridad municipal de Oaxaca de Juárez, tampoco les ha devuelto la mercancía que les decomisaron el pasado 2 de diciembre, ya que, solo recuperaron un 5%.
Los artículos que les dieron estaban en malas condiciones y pese a firmar una minuta de acuerdo el 22 de diciembre, nada les han cumplido.
De paso, exigió la renuncia de la directora de Comercio en vía pública, Viviana García, así como del secretario Municipal de Oaxaca de Juárez, Felipe Canseco.
En este sentido, reiteró su señalamiento contra el secretario de Gobierno, Jesús Romero López por no solucionar el problema con ese grupo de desplazados.
Merino Martínez, reprochó a la autoridad que tampoco les da la garantía de seguridad para regresar a su comunidad de origen en San Juan Copala y demandó que el gobierno envíe a la zona al Ejército Mexicano, a la Marina, a la Policía Estatal y a la Guardia Nacional, para que pueda garantizarse la pacificación en la nación triqui.
Merino Martínez, encabeza un grupo de personas que instaló un plantón y cartulinas en la entrada principal al Palacio de Gobierno donde buscan instalarse de nueva cuenta, después de haber sido retirados por vender artesanías piratas sin los permisos del gobierno capitalino.
