Jaime GUERRERO
La LXIII Legislatura, autorizó -en sesión extraordinaria- un decreto especial que autorizó al Ayuntamiento de Salina Cruz, para que de sus recursos propios incluya en su presupuesto de egresos de este 2017, en la partida “sentencias y laudos”, un monto por la cantidad de 2 millones 505 mil 37.60 pesos, cuya erogación será destinada para al pago de obligaciones que ordenó el juzgado primero de lo civil a la autoridad municipal por los servicios para el abogado, Rafael García Zavaleta, quien se ha visto involucrado en diversos conflictos laborales.
Sin embargo, el juez séptimo de distrito del Poder Judicial de la Federación de Salina Cruz, Nelsón Loranca Ventura, notificó al Congreso del Estado, que multó a los 42 diputados y diputadas que integran la LXIII Legislatura, por desacato al Poder Judicial de la Federación, al no cumplir en tiempo y forma el juicio de amparo 426/2016 promovido por Rafael García Zavaleta, a la pasada legislatura.
García Zavaleta, ha sido corrido de diversas dependencias por conflictos de intereses. En el IEEPO, el TEEO, ha entablado litigios en los que ha logrado arrebatarle cantidades que van desde los 2 a los 4 millones de pesos.
Fue el pasado 25 de abril, cuando el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Irineo Molina Espinoza, remitió al Presidente de la Comisión de Programación y Presupuesto, Toribio López Sánchez, “para su atención y efectos legales correspondientes, copia del acuerdo de fecha 24 de marzo del 2016, emitido en el juicio de amparo 426/2016, del Juzgado Sétimo de Distrito”.
Ese documento fue dirigido inicialmente a la LXII Legislatura, sin embargo, el pasado jueves 22 de junio, sesiona para aprobar el decreto especial, mismo día que el juez les notifica de la multa.
Y es que la multa proviene por un requerimiento que les hace el juez el pasado 6 de junio y que vencía para su contestación el día 12 de junio. La LXIII Legislatura, contesta que con fecha 1 de junio ya se había remitido a oficialía mayor el dictamen para ser aprobado por el pleno.
La actual legislatura, esperaba reanudar el segundo periodo de sesiones, sin embargo el pasado 22 de junio se cita a periodo extraordinario y se enlista el tema, para no esperar al 1 de julio, pese a que el juez no los obliga a sesionar para ese tema en especial.
NO obstante, para el Juez Sétimo de Distrito, venció el término legal del 12 de junio, debido a que no tenía contestación oficial, debido al retraso de la correspodencia, por tanto, impuso a cada uno de los diputados propietarios una multa equivalente a la cantidad de 200 unidades de medida, vigente en la ciudad de México que asciende a 16 mil 008 pesos, al tiempo que se giró oficio al administrador local de recaudación de rentas para que se haga efectiva la multa impuesta a los integrantes de la LXIII legislatura local.
Así mismo, fueron notificados de la sanción y la posibilidad de ser inhabilitados. Los diputados sesionaron el mismo jueves 22 de junio y a las 13:00 horas el Congreso emitió un decreto que contempla una partida especial para que los ayuntamientos paguen laudos y sentencias.
Pese a ello, el congreso tiene dos vía, esperar a el juzgado séptimo de Salina Cruz deje e insubsistente la queja por haber dado cumplimiento en tiempo y forma o en su caso, el procedimiento para hacer efectiva la multa aun no fenece, ya que el congreso tiene el recurso de queja para demostrar que se cumplió en tiempo y forma y dejar insubsistente la multa, confirmó la directora jurídica, Itzel Espinoza Rojas.
La funcionaria legislativa, sostuvo que no desacataron el mandato del juez y contestaron en tiempo y forma el procedimiento que ya habían iniciado con el dictamen que emitía un democrato especial para pagar el laudo al polémico García Zavaleta.
Con el decreto, el presidente municipal de Salina Cruz el priista Rodolfo León Aragón tendrá que acatar la orden del juez federal de pagar más de 2 millones 505 mil pesos García Zavaleta por los servicios profesionales prestados a ese ayuntamiento, de lo contrario, podría iniciársele un proceso de inhabilitación a todo el cabildo.
Cabe mencionar que en el trienio (2005-2007), la entonces presidenta municipal de Salina Cruz Edith Escobar Camacho firmó un contrato de servicios profesionales con el licenciado Rafael García Zavaleta para llevar el caso del ayuntamiento en contra de Petróleos Mexicano que se negaba a pagar el predial.
García Zavaleta interpuso un juico y logró embargar un barco remolcador de Pemex, situación que obligo a la paraestatal a negociar y pagara 12 millones 600 mil pesos por concepto de predial, el cual se iba a utilizar para el mercado de mariscos, sin embargo, la presidenta municipal se quedó con el dinero y tampoco le pagó los honorarios al abogado.
Por el incumplimiento de contrato, García Zavaleta inicio una demanda civil en contra del ayuntamiento y aunque la jueza civil de Salina Cruz emitió una sentencia a favor del abogado no le pagaron con el argumento de que los bienes municipales son inembargables.
El exfuncionario del IEEPCO y el TEEO, promovió un juicio de amparo en el juzgado de distrito, el cual ordenó al congreso del estado emitiera un decreto como marca la Ley Orgánica Municipal en donde dice que los municipios deben gestionar una partida especial para pagar laudos y sentencias.
Con fecha 8 de junio, la oficialía de partes dl congreso de Oaxaca recibió el documento con oficio 1118 y se canalizó a la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación, que preside el perredista, Toribio López Sánchez.
Pese a que el término legal es de tres días, se les otorgó una ampliación, la cual trascurrió del 9 al 12 de junio, sin embargo, desacataron tal ordenamiento judicial y se precedió a una sanción con fundamento en los Artículos 192, párrafo tercero, 238 y 258 de la Ley de Amparo, establece el documento emitido por el juez.