Jaime GUERRERO | El Piñero
El Juez Tercero de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF), Armando Chiñas Fuentes, concedió el amparo y protección de la justicia federal para efecto de que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat; el secretario General de Gobierno, Hector Anuard Mafud; el director de la Comisión Estatal del Agua, Héctor Pablo Ramírez, y el director general del Organismo Cuenca Pacífico Sur en la Comisión Nacional del Agua con sede en Oaxaca, realicen el procedimiento necesario para la reconexión de agua para San Pedro y San Pablo Ayutla, a fin de respetar, proteger y cumplir con el derecho humano de acceso al agua.
Así mismo, ordenó a las autoridades de Tamazulápam del Espíritu Santo y de la Agencia Tierra Blanca, “restituyan a lso quejosos el derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación”.
Esa comunidad, no carecia del acceso vital líquido del manantial en disputa, desde el 2017 cuando un grupo armado de la población vecina de Tamazulápam del Espíritu Santo se apoderó de predios donde se encontraba el manantial, que era utilizado desde hace 50 años como su sistema de agua potable, al ser cerrado y destruido.
No obstante, Ayutla cuenta con otros manantiales que le abastecen.
Así, San Pedro y San Pablo Ayutla entraron en una disputa con su población vecina de Tamazulápam del Espíritu Santo por un manantial que les abastecia por gravedad.
A tres años de litigio, el juez del PJF, ordenó el pasado 30 de julio -mediante juicio de amparo 795/2017- agotar todos los medios que tienen a su alcance para que se realice dicho acto, que deberá cumplir el volumen de metros cúbicos de explotación en los términos autorizados en la concesión 10OAX129282/28HOGR99, expedida a San Pedro y San Pablo Ayutla el 24 de diciembre de 1999.
En la resolución judicial se emite además un amparo constitucional que ratifica los derechos del poblado al uso del agua, a pesar de que mantengan un conflicto agrario con el municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo, que se dice único dueño y poseedor de la zona del manantial.
El pasado 6 de abril, la Cuarta Visitaduría del organismo nacional mandató a la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), a la Comisión Nacional del Agua (CNDH) y al gobierno de Oaxaca, girar las instrucciones necesarias para que de forma coordinada e inmediata se garantice el derecho de acceso al agua a los habitantes de la población.
Misma que ahora se soporta con el amparo ganado en el Juzgado Tercero de Distrito por el municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla.
En la resolución, el juez federal considera riesgoso que en medio de contingencia sanitaria por Covid-19 la comunidad con un censo poblacional de 7 mil familias carezca del acceso al agua, cuando hay que extremar las medidas de higiene para prevenir los contagios masivos.
Se urgió además que se trasladen brigadas médicas especializadas para realizar exámenes y pruebas a los lugareños, para identificar si existe algún reporte de contagio y se realizan las medidas de aislamiento preventivas.
San Pedro y San Pablo Ayutla no ha contado con el vital líquido desde el año 2017, por lo que, hasta la fecha ha cumplido más de mil días sin agua del manantial en disputa, derivado del conflicto agrario que prevalece por la disputa de un manantial y un bosque que mantienen con el municipio de Tamazulápam.
La autoridad municipal asegura que como derecho preferente y como recurso imprescindible para el desarrollo de la vida, la garantía del derecho al agua debe ser prioritaria y no debe estar sujeta a negociaciones.
Entre los municipios indígenas de San Pedro y San Pablo Ayutla y Tamazulápam del Espíritu Santo, prevalece desde hace 70 años una disputa de límites territoriales por 3 mil 600 hectáreas, donde hay un bosque y un manantial.
Tamazulápam advierte que, según sus documentos cartográficos, el manantial les pertenece y le niegan la dotación del agua a San Pedro y San Pablo Ayutla.
En tanto Murat Hinojosa, pidió el apoyo de la Secretaría de Gobernación (Segob) para mediar la situación y pidió a los habitantes respetar lo que determinen los jueces del Tribunal Unitario Agrario (TUA).
