Francisco Vásquez
Oaxaca, México.- Miguel Zárate Santiago, coordinador de Persecución Religiosa A. C. en Oaxaca, denunció desinterés del gobierno estatal en apoyar a dos familias que fueron desplazadas por profesar la religión evangélica en la agencia de San Jacinto Yaveloxi, perteneciente al municipio de Santiago Choápam, en la región de la Cuenca.
Señaló que a casi seis meses del hecho, tanto el administrador municipal de Santiago Choápam, como la Secretaría General de Gobierno (Segego), a través de Asuntos Religiosos, se han desentendido del asunto, dejando en desamparo a 20 personas, entre ellas, ocho menores de edad.
El activista detalló que el acoso a estas dos familias empezó desde el año 2009, la cual se recrudeció el pasado 8 de marzo de 2018, cuando comunicaron a la asamblea de la comunidad que ya no iban a cooperar para las fiestas patronales porque ellos practican otra religión.
Por lo que la asamblea los amenazó que si no pagaban el día 19 de marzo los iban a encarcelar, el día 19, alrededor de las cinco de la mañana, se apersonaron 10 ciudadanos y rodearon el domicilio del pastor para apresarlo a él y a su familia, detención que se dio de seis de la mañana a seis de la tarde.
De igual manera, el día 20 de marzo fueron por la otra familia y les dijeron que si no cooperaban les iba a pasar lo mismo que le pasó al pastor y a sus hermanos, bajo esa amenaza la familia optó por cooperar, ese mismo día, el Cabildo convocó a una asamblea de todo el pueblo y ahí determinaron darles un plazo de mes y medio a los hermanos para que vendieran sus cosas y dejaran la comunidad por profesar la religión evangélica.
Asimismo, los obligaron a firmar un documento donde renunciaron a la ciudadanía de la agencia de San Jacinto Yaveloxi, cabe mencionar que las personas desplazadas han cooperado con los trabajos comunitarios, uno era tesorero de Bienes Comunales, otro topil y uno más vocal de la comunidad, asimismo, siempre habían cooperado con 500 pesos por adulto para la fiesta patronal, dando un total de dos mil 500 pesos por familia.
Desde el 20 de marzo las 20 personas integrantes de las dos familias salieron a refugiarse al municipio de Santa María Yahuivé, donde otra familia evangélica los alojó en dos cuartos, ante estos hechos, Zárate Santiago indicó que se inició en el mes de abril un expediente en el área de Asuntos Religiosos dependiente de la Segego, quienes se comunicaron con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (Ddhpo) y el administrador municipal, Élmer Cardoza Ojeda, para que calmaran las cosas.
Teniendo las partes involucradas un primer acercamiento en una mesa de trabajo realizada el día tres de mayo de 2018, donde estuvo presente el administrador municipal, el agente municipal, Sacarías Silverio Demetrio, y el secretario de la agencia, Alfredo Santiago Bautista, quienes no ofrecieron nada y no llevaron propuestas de solución al conflicto.
En este sentido, la parte afectada planteó ante la Segego que los dejaran regresar a su comunidad y ellos se comprometían a cooperar con los que pudieran, no 500, pero si 200 pesos, a lo cual se negó el Cabildo, ante esto los desplazados solicitaron el apoyo del administrador municipal para poder construir cuartos dónde vivir, el administrador se comprometió a entregarles 220 láminas de un apoyo que da el gobierno.
En junio, el activista se trasladó a la agencia de San Jacinto Yaveloxi, entablando contacto con el agente y mostrando la minuta donde se acordó con el administrador le entregarían las láminas, pero el agente se negó a entregárselas argumentando que la asamblea estaba inconforme con darles el apoyo a los evangélicos.
Fue hasta junio pasado que el administrador les entregó 100 láminas y cinco mil pesos a los 20 desplazados, con esto la Segego cerró el caso alegando que ya habían apoyado a las familias.
Zárate Santiago acusó la inoperancia del área de Asuntos Religiosos de la Segego, ya que sólo mediaron, convocando a las partes involucradas a llegar a un arreglo, más no tienen poder de coacción para que se respete la ley, ya que la Constitución Política Mexicana le permite a cada ciudadano mexicano elegir su propia religión y la puede practicar, individual, colectiva o masivamente.
Aunado a esto, la Ley de Asuntos Religiosos señala que si una persona profesa una religión no tienen por qué ser obligado a cooperar en otra religión que no profese, desde la prestación de un servicio hasta económicamente, por lo cual existe una flagrante violación a las garantías individuales que otorga la Constitución Mexicana.
Por último, el activista pide que el administrador municipal compre un terreno donde los desplazados puedan construir una casa y tengan dónde vivir, asimismo, ante el desinterés del gobierno del estado en atender a estas personas indígenas, acudirán con el gobierno entrante, yendo ante el nuevo secretario de Asuntos Indígenas del gobierno federal, Adelfo Regino Montes, para que mediante su área de derecho indígena atienda el asunto, además pedirán audiencia con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.