México.- Por entregarles cheques sin fondo, más de 300 de ejidatarios de Río Frío y Santa Rita Tlahuapan bloquearon esta mañana los dos sentidos de la autopista y la carretera federal México-Puebla, a la altura del kilómetro 74, para exigir al gobierno federal el pago de 176 millones de pesos por el despojo de tierras hace 50 años.
Otro grupo más se trasladó a las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Puebla, ubicada en Vía Corta a Tlaxcala, donde también cerrarán la vialidad.
A pesar de ello, personal que labora en la caseta de peaje de San Martín Texmelucan permite el ingreso de vehículos, pues la Policía Federal no se encuentra en la zona para desviar a los automovilistas por el Arco Norte, para entrar a la ciudad de México.
El pasado 10 de septiembre, los mismos campesinos cerraron por 11 horas la autopista y la carretera federal a la capital del país y en sentido a Puebla, bloqueando los accesos a los estados de Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca, así como el resto de las entidades del sur y sureste del país.
Derivado de esta manifestación, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte emitió este miércoles un comunicado donde aseveró que pagaría ese mismo día 176 millones de pesos a los campesinos por el uso de 37 hectáreas de tierra en poder de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Esto como resultado del encuentro que tuvieron los labriegos durante un foro en el que participó el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, efectuado en Tlaxcala.
La SCT informó que el pago es por la compensación correspondiente a las afectaciones en sus tierras por la construcción de la autopista México-Puebla, desde hace más de medio siglo.
En un comunicado, la dependencia federal precisó que el cheque expedido por la institución bancaria BBVA Bancomer se encuentra en el juzgado desde el pasado 26 de julio de 2018, pero no se había entregado debido a que los campesinos no habían acreditado fehacientemente su personalidad jurídica, pues no contaba con la calificación registral emitida por el Registro Agrario Nacional (RAN).
Según la autoridad, el pago está estipulado dentro del cumplimiento de la ejecutoria de fecha 30 de noviembre de 2015, emitida dentro del juicio de amparo 44/2015, radicado en los Juzgados de Distrito con sede en el estado de Puebla.
Los ejidatarios señalaron que el gobierno federal los despojó de sus tierras que actualmente son utilizadas por la paraestatal, sin su consentimiento.
Por lo tanto, acusaron a la CFE y al titular del Tribunal Unitario Agrario número 23, con residencia en Texcoco, Estado de México, de despojo de su patrimonio. Este último, por alterar el proceso legal que se sigue contra la paraestatal.
Los agraviados expusieron que, desde 1967, trabajadores de la CFE derribaron árboles en una superficie de 10 hectáreas para la instalación de postes y cableado de corriente eléctrica, sin mandamiento escrito por la autoridad competente ni existir un convenio o decreto que lo manifieste.
Desde entonces, explicaron, se apoderaron de manera ilegal de la superficie en mención, sin haber pago de alguna indemnización al ejido de Ixtapaluca o a sus representados.
Informaron que el 20 de mayo de 2011 presentaron una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario número 23 en contra de la CFE, para exigir la restitución e indemnización de la superficie.
Siete años después, indicaron que el Tribunal Agrario falló a favor de los ejidatarios, quienes acreditaron los elementos para que proceda la restitución de sus tierras.
Aseguraron que la CFE fue notificada el pasado 14 mayo, y contó hasta el 5 de junio para impugnar el fallo, lo cual no sucedió.
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