Jaime GUERRERO
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, advirtió que, ante el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, el cual implica un recorte de 1 mil 71 millones de pesos, el funcionamiento del órgano electoral se verá limitado en un año en el que debe organizar elecciones federales.
“El próximo año, el INE se verá obligado a operar en el límite y en potencial riesgo presupuestal”, dijo, junto con los otros consejeros electorales, dio a conocer el posicionamiento del instituto sobre la dismunción de recursos para 2020.
El viernes, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2020, con una reducción de 1,071 millones de pesos a lo que el INE había solicitado (12,493 millones de pesos).
Este recorte, señaló Córdova, es el más alto en la historia de la autoridad electoral.
De acuerdo al titular del INE, se requiere conservar y fortalecer tanto la autonomía de la institución, como su estructura de personal profesionalizado permanente, acompañado de la participación central de las ciudadanas y los ciudadanos en los procesos electorales.
Destacó que los resultados están a la vista de todas las personas: los avances en las condiciones de imparcialidad, certeza y equidad han posibilitado múltiples alternancias, de las que se han beneficiado todas las fuerzas políticas sin excepción; estabilidad política y que el modelo mexicano se haya posicionado como un caso de éxito a escala internacional.
Mantener actualizado y seguro el Padrón Electoral, emitir anualmente alrededor de 16 millones credenciales para votar con múltiples datos biométricos, credencializar a medio millón de ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero al año, sortear a más de doce millones de ciudadanas y ciudadanos en cada elección federal, visitarlos, capacitar a más de un millón y medio de ellos, instalar más de 156 mil casillas para acercarlas al electorado, imprimir material electoral en papel seguridad, garantizar su custodia permanente, votar en boletas con talones foliados, organizar el voto desde el extranjero, desarrollar programas de resultados preliminares y de Conteo Rápido, hacer los cómputos en los distritos, organizar los recuentos de votos, procesar impugnaciones, fiscalizar los recursos ordinarios de los partidos y de miles de candidatas y candidatos en las campañas, monitorear permanentemente más de 2 mil señales de radio y televisión en todo el país, contar con un Servicio Profesional Electoral, mantener en funcionamiento 32 Juntas Locales y 300 Juntas Distritales, son parte de los candados y las medidas incorporadas, en las últimas tres décadas, a nuestro sistema electoral para generar certeza en las elecciones, resumió.
Cordova Vianello, afirmó que más que un costo se trata de una inversión que el país decidió hacer para contar con un sistema electoral que nos ha dado estabilidad política y paz social.
Sostuvo que ninguna de las complejas tareas que despliega el INE se deben al capricho de sus consejeras o consejeros: al contrario, son mandatos constitucionales y legales que los propios actores políticos han exigido y pactado en el Congreso de la Unión para competir, pacífica e institucionalmente por el poder político y con ello ofrecer certeza en el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y el fortalecimiento de las condiciones de competencia.
Eso es lo que el INE garantiza: que sea a través del voto libre y secreto como se defina cada puesto de gobierno y de representación popular. El sufragio efectivo, ese anhelo histórico de nuestro país hoy es una realidad y no debe sacrificarse por motivo alguno, apuntó.
En este contexto, agregó, el INE presentó una solicitud de presupuesto para el año 2020 que ascendía a 12 mil 493 millones de pesos. Se trató de un monto calculado sin excesos, para poder cumplir cabalmente todas las funciones, atribuciones y servicios bajo nuestra responsabilidad. No obstante, la actual legislatura decidió imponerle al INE una grave reducción al monto solicitado. El recorte de mil 71.5 millones de pesos aplicado el viernes pasado es el más alto en la historia de la autoridad electoral.
En medio de las pretensiones de reformas electorales que ponen en riesgo la autonomía, reiteró que el INE es afectado con recortes cada vez mayores que colocan en una potencial zona de riesgo sus funciones y ponen al límite su capacidad operativa.
“Y ello ocurre ahora, precisamente, en el año en el que tendremos que iniciar la preparación de la que será la elección más grande de la historia, tanto por el número de electores –que se estiman en alrededor de 96 millones–, como por el número de cargos de elección popular federales y locales que estarán en disputa: 3 mil 495, que significan 260 más que en 2018”.
Nos obliga a revisar múltiples proyectos, a posponer varias inversiones de las que depende un buen servicio a la ciudadanía y la calidad de la organización y el arbitraje electoral, e incluso nos obliga a revisar algunos de los convenios de colaboración que hemos suscrito, y que hoy suponen que le demos servicios gratuitos a varias dependencias del gobierno federal, para enfrentar el déficit presupuestal con el que arrancaremos el próximo año.
Destacó que desde este año, 2019, la Junta General Ejecutiva atendió la disminución de salarios que determinó la Cámara de Diputados para este ejercicio fiscal. Distintos trabajadores del Instituto decidieron acudir a instancias judiciales para que se revise la constitucionalidad de esa decisión, no obstante, el INE ha acatado de manera puntual las resoluciones de los jueces en esta materia.
Por lo pronto, anunció que el próximo 11 de diciembre el Consejo General adecuará de manera definitiva el presupuesto de la institución para el 2020 para ajustarse así a lo autorizado por la Cámara de Diputados.
Sin embargo, anticipó que al menos tres áreas importantes sufrirán afectaciones presupuestales:
1. La reducción hará imposible la inversión necesaria para renovar la infraestructura informática que permite realizar el monitoreo permanente de 2 mil 200 canales de radio y televisión, a pesar de que esos aparatos ya llegaron al final de su vida útil y en cualquier momento pueden, por su uso y obsolescencia, presentar fallas en ese servicio.
2. Se tendrá que suspender la inversión programada en la infraestructura física en los módulos de atención ciudadana, que tenía el propósito de brindar una atención más eficiente y adecuada a las y los ciudadanos que acuden a tramitar su credencial para votar y hacer modificaciones a su situación registral.
3. Tendremos que revisar los calendarios con los que pensábamos operar el inicio del proceso electoral federal 2020-2021, para posponer hasta el límite aquellas decisiones y procesos que mandata la ley, como la instalación de los órganos colegiados del INE, responsables de la operación desconcentrada de la elección, para tratar de generar el mayor ahorro posible para atender el déficit que genera el recorte aplicado por las y los diputados al Instituto.
Insistió que INE se verá obligado a operar en el límite y en una zona de potencial riesgo presupuestal, de manera permanente. Pese a ello, el Instituto le cumplirá una vez más a la ciudadanía.
Recalcó que las autonomías constitucionales y los mecanismos institucionales de control en un sistema democrático, como los que ejerce el INE, no se concibieron para estar en contra de algún gobierno o fuerza política. La autonomía y los contrapesos en una democracia se diseñaron para evitar los excesos de los poderes públicos y para evitar que el ejercicio de los derechos fundamentales se encuentre en riesgo, destacó.
