Por Noé Zavaleta/
POZA RICA, Ver. (apro).- “Hombres armados llegaron, los encañonaron y rápidamente los obligaron a subir a una camioneta. Vi como ocho jóvenes subidos a la fuerza, pero luego supe serían seis los levantados. Desde ahí no sé nada de mi hijo”, narra Elba Gutiérrez, madre del desaparecido Brayan de Jesús Hernández.
La señora, quien hoy vive a “salto de mata” por la serie de amenazas recibidas en casi cuatro años de búsqueda de su hijo, sospecha que la Policía Intermunicipal tuvo participación en la posterior desaparición masiva, en pleno centro de este municipio petrolero.
Cielo Cristal Guzmán Jiménez, de16 años, Brayan de Jesús Hernández Gutiérrez, de 17, Francisco Santis Benítez, de 20, y tres jóvenes más, llegaron con puntualidad al Parque Juárez, el 28 de abril del 2016.
A través de volantes publicitarios se enteraron de una propuesta de trabajo de 400 pesos diarios por atender un puesto de hamburguesas en Poza Rica, al norte de Veracruz.
Elba Gutiérrez es madre soltera. Ese día decidió acompañar a su hijo Brayan de Jesús a la atractiva propuesta laboral, en una región donde pulula el desempleo. Mientras su hijo aguardaba con los otros jóvenes candidatos, ella decidió ir a una mercería por hilos y estambre, pero cuando salió solo escuchó el rugir de una camioneta que arrancó con los jóvenes en cautiverio.
Desde ahí, Gutiérrez es la única madre que busca de forma pública a Brayan de Jesús, el resto de los padres de familia, lo hace de forma discreta, pues las amenazas del crimen organizado han sido constantes para hacerlos desistir de la búsqueda.
Una fiscal regional -cuyo nombre es confidencial–, ha renunciado por amenazas a su familia, mientras que agentes del Ministerio Público local se han declarado incompetentes para atraer el caso, pues argumentan que el caso corresponde al fuero federal.
En entrevista, Elba explica que un par de semanas después de la desaparición de su hijo y los otros muchachos, tres jovencitas fueron levantadas de igual forma en una camioneta, en el mismo municipio, cuando éstas acudían a una cita de trabajo, que presuntamente había convocado Telcel y que resultó ser un engaño.
“El triple levantón apenas apareció perdido (publicado) en un periódico local”, externa Elba Gutiérrez.
El terror se adueña del norte
En esta región que confluye Poza Rica, Papantla, Coatzintla, Tihuatlán, Tuxpan, entre otros municipios ubicados en el Totonacapan y la Huasteca veracruzana, al norte de la entidad, el terror se ha apoderado de la población, pues primero fueron Los Zetas, luego el Cártel del Golfo, posteriormente los Z-35, y ahora el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de nuevo “los del Golfo”, con su nueva modalidad, el “Grupo Sombra”.
De estas tierras son originarios Raúl Hernández Barrón, “El Flander 1”, fundador de Los Zetas y exmilitar desertor de la Secretaría de la Defensa Nacional; también de esta región es Efraín Teodoro Torres, “Z-14”, líder delincuencial en el Golfo de México y sureste mexicano, quien fue abatido en marzo de 2007 en una narcocarrera de caballos ocurrida en Villarín.
“El Nene”, figura clave
El 31 de diciembre de 2016, el entonces gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, presumió la detención de 37 probables adscritos a Los Zetas, en una casa de seguridad en Poza Rica. Entre los capturados se encontraba el menor de edad, José Jair Cárdenas Castillo, “El Nene”, exnovio de Cielo Cristal Guzmán, otra de las jóvenes desaparecidas en el Parque Juárez de Poza Rica.
En conferencia de prensa, Yunes Linares denominó a ese operativo “El golpe del estado” contra la delincuencia, pues se trató de una detención masiva para liberar a una persona que mantenían secuestrada, además del decomispo de armas de fuego, cinco taxis con reporte de robo y tres motocicletas.
En dichas detenciones también participaron elementos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y dependencias del gobierno estatal, así como una cuadrilla de élite del entonces fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz, prófugo de la justicia desde hace más de cuatro meses.
“Fueron varios días de trabajo de inteligencia, se utilizaron sistemas modernos para detectar la presencia de este grupo, se utilizaron drones por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, y logramos detener a 37 personas, sin que hubiera un solo disparo”, vanaglorió Yunes.
Hoy, esa célula delictiva, con sendos amparos bajo el brazo, espera por trámite obtener su libertad condicional, alegando falta de contundencia en las pruebas imputadas.
Elba Gutiérrez ha apelado a ministerios públicos poder hablar con “El Nene”, pues al ser exnovio de Cielo Cristal, ella cree que él podría ser clave en la desaparición de la joven y, por ende, del joven Brayan de Jesús. Incluso, en la sábana de llamadas del hijo de Elba Gutiérrez, aparecen varios cruces de llamadas entre Cristal y Brayan de Jesús, antes y después de la desaparición de los seis jóvenes.
Sin embargo, como “El Nene” fue detenido cuando aún era menor de edad, la ley penitenciaria le ha impedido a Elba Gutiérrez hablar con el infractor, quien hoy permanece recluido en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA) de Palma Sola, en Veracruz.
En su lucha, Gutiérrez tiene claro que para levantar a seis jóvenes en pleno parque central de Poza Rica hubo participación, por omisión o complicidad, de la Policía de la Fuerza Civil.
“Yo exigí un cateo de la camioneta de Fuerza Civil. La corporación me dijo que no le comprobé nada, pero extrañamente de un día a otro mi carpeta pasó de desaparición a desaparición forzada. Mi carpeta me la envían a Tuxpan con el fiscal especializado; desconozco por qué la mueven de Poza Rica”, sostiene.
En otras inconsistencias y rarezas de esta séxtuple desaparición ocurrida en el norte de la entidad en 2016, la primera fiscal regional que llevó el caso renunció por amenazas de muerte, y la siguiente fiscal asignada desistió de darle seguimiento, acusando incompetencia.
“Y ahora veo búsquedas imaginarias que hacen. La fiscalía está buscando en la nada”, lamenta Elba.
Hoy con un nuevo gobierno, la madre de Brayan de Jesús insiste en que aunque la fiscalía da “palos de ciego” en la búsqueda de fosas clandestinas, ella, en sus propias diligencias, tiene un punto que quiere explorar: un predio en la colonia Cahuatzi, una de las más violentas y de mayor índice delincuencial del municipio de Coatzintla, pero hasta el momento, la autoridad ministerial local se ha negado.
¿A que juega señor presidente?
María Herrera Magdaleno, quien busca a cuatro de sus hijos — Salvador, Raúl, Luis Armando y Gustavo, víctimas de desaparición forzada en Guerrero (2008) y en Veracruz (2010)–, considera que las desapariciones forzadas presentan muchos casos paradigmáticos que deberían pasar al ámbito internacional, aunque al gobierno mexicano no le agrade.
“Tienen que reconocer que necesitan recursos y ayuda internacional para la identificación de restos humanos”, expone Herrera, consciente de la actualizada cifra de más de dos mil fosas en el país y 61 mil desaparecidos.
Herrera ve una dualidad ahora: por un lado el tiempo sigue su marcha y cada vez se dificulta más la identificación de cuerpos; por el otro, la gente está “despertando” y apoyando esta emergencia nacional que representan los desaparecidos en el país.
“¿Que queremos? Que a futuro esta situación de desaparición de personas tiene que parar; buscamos, incluso, que a nivel de fuerza pública, Guardia Nacional, FGR, Policía Federal, Marina, policías estatales y locales, nos firmen un documento a nivel nacional, donde se comprometan a nunca más desaparecer una persona… eso sería un gran avance”, lanza.
María Herrera, quien desde hace 12 años está buscando a dos de sus hijos y hace nueve a los otros dos levantados, expone que es necesario un “mayor compromiso” por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues aunque en el discurso habla de tener como prioridad la “identificación de restos humanos” y la “búsqueda de desaparecidos”, la realidad es que la Comisión Nacional de Búsqueda les acaba de informar que este organismo solo tiene presupuesto para “búsqueda” hasta agosto próximo.
Así, de septiembre en adelante dependerán de la voluntad del gobierno federal o de una ampliación presupuestal legislativa para poder “allegarse de recursos”.
“Y así, ¿cómo buscamos a nuestros seres queridos?. Los familiares de desaparecidos aportan, la sociedad aporta, las iglesias ponen, pero, ¿y el gobierno?”, fustiga Herrera.
Herrera recuerda que para esta Brigada Nacional de Búsqueda, de la que Elba Gutiérrez es una de las 300 personas que la conforman, provenientes de 21 estados del país, activistas tuvieron que ir a tomar en dos ocasiones la caseta de Cuernavaca, Morelos, en aras de allegarse de lo indispensable.
“¿Y cómo respondió el gobierno? La primera vez, nos mandó 18 patrullas, no para protegernos, sino para intimidar… En la segunda, nos mandó a la Guardia Nacional, eso ya fue para darnos miedo. Falta un sentido de humanidad, aquí yo pregunto: ¿a qué está jugando, señor presidente?”, espeta.
María Herrera enfatiza que los nuevos gobiernos locales han estado apoyando en temas de logística y recepción, pero el gobierno federal ha organizado, si acaso, mesas de trabajo y solo escucha, sin dar presupuesto que la búsqueda e identificación de cuerpos necesita.
“Estamos con un pie adelante y otro atrás. Reciben y nos atienden, pero no hay resultados en las identificaciones”, insiste.
Al igual que la mayoría de los colectivos de desaparecidos en el país, María Herrera reprocha que la “credibilidad” y los votos de confianza se han perdido en el gobierno federal y en los locales, ello, por el avance paupérrimo en las identificaciones; peor aún, asegura que las desapariciones continúan ocurriendo.
Incluso, a decir de Herrera, esa desconfianza alcanzó a los medios de comunicación, y reprocha que Televisa y TV Azteca, durante 12 años, se constriñeron a reducir a “ajustes de cuentas” la mayoría de las miles de desapariciones en este país.
Con nostalgia, recuerda que uno de los pocos periodistas que cubrió los desaparecidos con veracidad y compromiso social, fue el fundador de Río Doce, Javier Valdez, periodista asesinado en Culiacán en junio del 2017.
