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Presidenta del Poder Judicial de Oaxaca, rechaza “sabadazo” por liberación de ex funcionario de Murat, señalado de pagar indebidamente 51 mdp a ICA

Monika

Jaime GUERRERO | EL PIÑERO

La Jueza del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Mixteca, con sede en Huajuapan de León, María Antonia Esteva Dominguez, fue quien otorgó el cambio de medida cautelar al ex secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial (Sinfra), Javier Lazcano Vargas, para que continúe el proceso penal en su contra en prisión domiciliaria.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJEO), Berenice Ramírez Jiménez, evitó dar los argumentos jurídicos que presentó Lazcano Vargas para que la juez le concediera el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria y negó que fuera un llamado “sabadazo”.

“Esas son cuestiones muy sensibles, yo no soy quien debe externarlas, qué es lo que juez determinó para que no hubiera un riesgo de fuga”, respondió.

En entrevista, confirmó que el ex funcionario en el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, salió del penal de Tanivet que, tendrá un brazalete, y descartó riesgo de fuga.

La titular del Poder Judicial en Oaxaca, no se trató de un “sabadazo” como calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador a las decisiones de los juzgadores del país que se toman los fines de semana para liberar a funcionarios públicos, políticos, acusados de presuntos actos de corrupción o a miembros de la delincuencia organizada.

Lazcano Vargas fue liberado la noche del pasado sábado 28 de septiembre de 2024 del penal de Tanivet, y continuará su proceso en prisión domiciliaria.

“No fue un sabadazo, es un derecho que todos tienen el solicitar un cambio de medida cautelar”, aseguró Ramírez. Jiménez.

No está exonerado. Sigue su proceso en prisión domiciliaria con brazalete y no podrá salir de su domicilio.

La salida de Lazcano Vargas del penal de Tanivet, se concretó a 48 horas de que el Presidente, Andrés Manuel López Obrador deje el cargo.

Además, exhibe las pifias de la novata Fiscal Anticorrupción, Karina Reyes Ávila, quien desde el proceso en el que fue electa mostró públicamente su desconocimiento en la materia.

Apenas, el pasado 21 de septiembre, el Consejero Jurídico, Geovany Vásquez, declaró a un medio impreso que a raíz de la auditoría y de la recuperación del Centro Cultural Álvaro Carrillo por parte del Gobierno del Estado, Lazcano Vargas, tuvo una segunda vinculación a proceso.

Con esto, Javier Lazcano Vargas, aprehendido en noviembre de 2023 con otros cuatro ex funcionarios, sumaba una investigación más por el presunto ejercicio ilícito de atribuciones y facultades, explicó el consejero jurídico.

Esa nueva vinculación sucedía a la que Vargas tenía por el pago debido de más de 51 millones de pesos a la empresa ICA de Carlos Slim, por la obra de la ampliación de la avenida Símbolos Patrios.

Lazcano Vargas, fue detenido el 28 de noviembre del 2023 por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, el exsecretario autorizó pagos indebidos por un monto superior a los 51 millones de pesos para la construcción de una obra en la zona de Símbolos Patrios

No obstante, hoy Lazcano Vargas, ya se encuentra en su domicilio en la Ciudad de México, para seguir desde ahí su proceso penal.

Además de Lazcano Vargas, la Fiscalía de Oaxaca, había detenido a cuatro ex funcionarios de la Secretaría de las Infraestructuras del sexenio anterior. Todos eran imputados por el mismo delito.

Los detenidos anteriormente, fueron los ex subsecretarios, Manuel Meza Corres, Leopoldo Gilberto López López; director de Control y Evaluación de Obra Pública, Rubén César Mendoza Hernandez; y Alejandro Cristóbal Canseco Antonio, jefe de Infraestructura Urbana y Residente de Obra.

Los 4 ex funcionarios -y Lazcano Vargas- eran señalados por la Fiscalía de Oaxaca de provocar un perjuicio al erario por 51 millones 620 mil 945.70 pesos, al no administrar y verificar directamente el cumplimiento de los términos del contrato de esa obra, ocasionando en perjuicio del patrimonio del Gobierno del Estado, que se realizarían en 9 pagos ilegales.

La obra fue anunciada cómo concluida, pero con fallas posteriores.

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