Jaime GUERRERO
Oaxaca, México.- Es una realidad las reiteradas quejas ante el incumplimiento de las obligaciones básicas en el ámbito de la prestación de los servicios de salud, la falta de médicos, especialistas y personal de enfermería necesarios, la falta de capacitación para elaborar diagnósticos eficientes y otorgar tratamientos adecuados, así como la insuficiente supervisión de residentes o pasantes.
También, la mayor parte de las quejas se debe a un trato poco amable e irrespetuoso a pacientes y familiares, en otros casos conductas discriminatorias que atentan contra la dignidad de los enfermos derivado de los limitados esfuerzos por establecer mecanismos preventivos e inhibitorios de estas conductas.
Al señalar lo anterior, el diputado local del PRD, Toribio López Sánchez, dijo que es necesario, que en los hospitales públicos del Estado, se incorpore un servidor público denominado “defensor de los derechos de los usuarios de los servicios de salud”, con facultades de supervisar los procedimientos de orientación y asesoría a los usuarios sobre el uso de los servicios de salud que requieran.
Que implemente los mecanismos necesarios a efecto de que los usuarios agraviados presenten sus quejas, reclamaciones y sugerencias respecto de la prestación de los servicios de salud, de igual manera para que reciba las quejas y brindar orientación en español y en la lengua o lenguas originarias en uso en la región o comunidad, en caso de comunidades indígenas.
El objetivo, aseguró, es para proteger y salvaguardar los Derechos Humanos de los usuarios que se encuentran frente a una situación de total indefensión, “por ello es indispensable la adecuación del marco normativo aplicable a efecto de establecer mecanismos y procedimientos que inhiban conductas discriminatorias y vulneren el derecho de la ciudadanía oaxaqueña al acceso a los servicios de salud de manera plena”.
De acuerdo a López Sánchez, el derecho al grado máximo de salud que se pueda lograr, exige un conjunto de criterios sociales que propicien la salud de todas las personas, entre ellos la disponibilidad de los servicios, condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos.
Refirió que la Organización Mundial de la Salud afirma que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano; abarcando distintas facetas como el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad.
El derecho a la salud también abarca libertades, la protección de la dignidad y el respeto a las personas que participan del mismo, como usuarios de los servicios: pacientes, familiares, visitantes y en general, todas las personas que directa e indirectamente tengan acceso a ellos, con independencia de si son considerados “derechohabientes” dependiendo del sistema al que se encuentren afiliados.
López Sánchez, advirtió que las violaciones de los derechos humanos en la aplicación de políticas públicas de salud pueden generar graves consecuencias sanitarias; por sí misma la discriminación manifiesta o implícita en la prestación de servicios de salud viola derechos humanos fundamentales.
“No es casualidad que veamos en las salas, consultorios, áreas de urgencias o en internamiento enfermos en espera porque faltan camas de hospital, o peor aún suelen dar de alta prematuramente a los usuarios, lo que puede dar lugar a altas tasas de readmisión, y en ocasiones incluso a defunciones, y constituye también una violación de sus derechos a recibir tratamiento”.
Por ello, insistió, es indispensable garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, pues se debe contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos, así como de programas que fomenten la accesibilidad, la aceptabilidad, la calidad, la rendición de cuentas, la universalidad y de manera muy especial, la implantación de mecanismos de acceso a la denuncia y la queja por parte de los usuarios de estos servicios en los casos de francas y evidentes violaciones de los derechos humanos.
Por lo pronto, lamentó que a lo largo de los últimos años resulta cotidiano escuchar en los medios de comunicación, las redes sociales e incluso conocer directamente, testimonios de personas a quienes por su condición social o pertenencia a una comunidad originaria, le es negada la atención y el acceso inmediato a los servicios de salud.
En algunos casos los propios medios han documentado que algunas mujeres han entrado en labor de parto en los pasillos de las salas de espera de las clínicas y centros de salud minutos después de haber sido rechazadas por el médico en turno.
López Sánchez, señaló que la violación a los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud, en la mayor parte el daño es irreparable y cualquier contraprestación a manera de reparación que pudiera establecerse como consecuencia de una queja o denuncia, se presenta demasiado tarde.
Bajo esa perspectiva, urgió a establecer mecanismos en beneficio de la sociedad y que en tiempo real exista la supervisión por parte de un defensor especializado que atienda y reciba las quejas por parte de los usuarios de los servicios públicos de salud, con las facultades para actuar e intervenir, evitando violaciones que actualmente se presentan sin que las personas cuenten con un aliado en la defensa y protección de sus derechos.
