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Pugna por control de TSJE afecta impartición de justicia en Oaxaca

El Piñero

Francisco Vásquez

Oaxaca, México.- Mientras continúa la pugna por el control político y el manejo de los recursos millonarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) persiste un grave retraso en la impartición de justicia por parte de los juzgados de primera instancia en el estado, afirmó en entrevista el abogado litigante Carlos Alberto Carballo Torres.

 

Señaló que el Tribunal no ha podido superar las malas prácticas que ha habido durante años en donde los mismos funcionarios obstaculizan el procedimiento y trámite de los expedientes dejando a un lado su obligación de ser imparciales e inclinándose por alguna de las partes.

 

El abogado refirió que es preocupante la dilación en los acuerdos que recaen a las promociones, ya que un escrito que debiera acordarse de trámite se tarda más de un mes, más el tiempo que le lleva a los actuarios judiciales en notificar dichas resoluciones a las partes interesadas.

 

“En términos generales está bastante mal en cuanto a los retrasos que hay por promociones, una promoción está dilatando más de un mes, hay un grave problema en los tiempos que se llevan para poder acordar un asunto”, explicó.

 

Carballo Torres mencionó que recientemente le fue notificado un acuerdo del juzgado sexto familiar que es de reciente creación, respecto al inicio de un juicio de alimentos que en términos legales son de orden público y se debe priorizar el interés superior del menor, para lo cual el juzgador debe actuar con celeridad para atender y garantizar la demanda de alimentos.

 

Sin embargo, el acuerdo de la autoridad judicial señala lo siguiente: “Con fundamento en el artículo 965 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y por así permitirlo las labores del juzgado y para dar oportunidad de llevar a cabo la diligencia de emplazamiento se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE para que tenga verificativo la Audiencia de Pruebas y Alegatos por lo que cítese a los litigantes para que comparezcan a la audiencia”.

 

Es decir, la fecha para la primer audiencia dentro de un juicio de trámite para poder decretar una pensión alimenticia de carácter provisional a favor de un menor de edad se señala para dentro de seis meses, a ello se suman los cientos de expedientes que no han sido acordados y que mantienen sobrecargados a los juzgados de primera instancia tan sólo en el Distrito Judicial del Centro.

 

“Ahora con los problemas que tiene el Tribunal con el Consejo de la Judicatura afecta demasiado, ya que de alguna manera muchos secretarios o incluso jueces se justifican, ya que no hay una autoridad como tal y en tanto no definan ellos su situación, la ciudadanía o los que están ávidos de que se les administre justicia son los más afectados”, agregó.

 

El abogado precisó que es un conjunto de factores que debieran mejorarse para garantizar una mejor impartición de justicia en Oaxaca, como es ampliar la infraestructura, garantizar el material de trabajo y capacitación del personal.

 

Resaltó que urge profesionalizar la calidad del servicio que brindan los operadores del sistema de justicia que van desde juzgadores, secretarios judiciales, actuarios, oficiales y hasta encargados de archivo que brindan un trato déspota y desde ahí se inicia una cadena de anomalías que el Tribunal ha detectado, pero no implementa acciones para afrontar esos problemas.

 

Por otra parte, reconoció que es necesaria la capacitación y el fomento de una cultura de la mediación y conciliación dirigida a los litigantes y demás profesionales del derecho, debido a que hay asuntos que no debieran judicializarse y que generan carga de trabajo obstaculizando el trámite de expedientes con mayor interés legal.

 

Dijo que todo ello ocasiona un retraso que puede derivar una queja o un juicio de amparo, pero en la mayoría de los casos, las personas no disponen de recursos para sufragar un gasto extra por una violación clara al artículo 17 de la Constitución federal que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes.

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