Francisco Vásquez
Oaxaca, México.- El pasado martes 31 de agosto, en sesión ordinaria, con 31 votos a favor y 7 en contra, el pleno de la LXIII Legislatura del Congreso de Oaxaca aprobó la desaparición del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, en su lugar se creo la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado.
Los legisladores argumentaron que en la entidad no se ha concretado un nuevo modelo de justicia debido a las carencias económicas y a que el Consejo de la Judicatura ya ha “extraviado sus objetivos”.
En este sentido, señalaron que la creación de la Junta despresurizará las adversidades presupuestales que actualmente se enfrentan en el estado, además de otorgar mayor capacidad de operación al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJO).
Agregaron que, la Junta operará como un órgano colegiado que fiscalizará la parte interna del Poder Judicial para garantizar la correcta aplicación de los recursos, con ello, se busca mayor transparencia en los concursos para la selección de jueces, peritos y demás personal especializado.
Además de mejorar y fortalecer el proceso de investigación y sanción por quejas o denuncias contra servidores públicos del Poder Judicial, lo que ayudará a mejorar el sistema de administración de justicia.
El Consejo de la Judicatura fue creado en el año 2011, durante el sexenio del ex gobernador Gabino Cué Monteagudo, su finalidad fue ser un órgano integrante de la estructura administrativa del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Desde sus inicios las partidas presupuestales asignadas fueron millonarias, por ejemplo para el ejercicio fiscal 2018, el presupuesto de egresos asignó al Poder Judicial de Oaxaca 819 millones 339 mil 886 pesos.
De estos 159 millones 280 mil 980 pesos fueron para el Tribunal Superior de Justicia, mientras que el Consejo de la Judicatura se autoasignó un presupuesto de 660 millones 58 mil 906 pesos, la mayor parte es empleada en el pago de salarios de los magistrados.
Cabe destacar que la pugna por tener el control y manejar los recursos millonarios del TSJO, se dio entre el protegido de Gabino Cué, el magistrado Alfredo Lagunas Riveras, y Raúl Bolaños Cacho Guzmán, consentido de José Murat Casab, padre del actual gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.
Alfredo Lagunas Riveras, fungió como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca durante el sexenio de Gabino Cué y durante un par de meses al inicio de la administración de Alejandro Murat, tras pedir licencia para ausentarse del cargo, llegó como presidente de este organismo, Raúl Bolaños Cacho Guzmán.
Cacho Guzmán, ya había sido presidente del TSJO durante el periodo de José Murat Casab, cuando fue requerido para ocupar el cargo por segunda ocasión se encontraba jubilado, sin embargo, regresó para el mandato de Alejandro Murat.
Durante el tiempo que ha estado al frente del TSJO y el Consejo de la Judicatura, ha sido señalado de múltiples irregularidades en el manejo de recurso, ceder a presiones sociales y políticas para dictar sentencia en asuntos de relevancia social, así como de proteger a jueces y magistrados acusados de corrupción.
Después de las modificaciones aprobadas por el congreso local a la constitución Oaxaqueña, por las que desaparece el Concejo de la Judicatura, Cacho Guzmán tendrá que dejar obligatoriamente el cargo en noviembre de este año, ya que uno de los artículos agregados señala que la edad mínima para ser magistrado es de 35 años y la máxima de 70 años, los cuales cumplirá el 13 de noviembre.
Cabe destacar que, Cacho Guzmán recibe como presidente del TSJO un ingreso anual de dos millones 120 mil pesos, entre su salario y otras partidas especiales.
Será en el mes de noviembre cuando inicie otra lucha por controlar el poder y recursos del Tribunal Superior de Justicia, ya que por la salida obligatoria de Cacho Guzmán, tendrá que nombrarse nuevo presidente, donde seguro volverán a entrometerse Gabino Cué y José Murat para acomodar a su delfín y poder seguir controlando la justicia en Oaxaca, cuando este órgano debe ser independiente.
Por otra parte, abogados oaxaqueños esperan que con la creación de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado, cambie el sistema de administración de justicia, ya que en la actualidad es pésimo, a esto suma la falta de profesionalización de los servidores públicos en los juzgados de primera instancia y la corrupción que abunda en el TSJO.
