➡️ Corrupción documentada del gobierno actual e impunidad
Benmorin | Colaboración especial para El Piñero
Oaxaca, México. — Para conocer y entender el presente y la realidad, debemos conocer nuestro pasado. A los mentirosos les facilitamos ENGAÑAR AL PUEBLO si no conocemos nuestra historia.
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Los sindicatos comenzaron a crearse a finales del siglo XIX, pero fue hasta la década de los 60’s que en México “despegaron” ligeramente. A pesar de un período de “estancamiento” en los años 70’s, a partir de los 80’s los sindicatos dignificaron a los trabajadores y “empoderaron” a sus líderes.
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A estas alturas, es de amplio conocimiento público lo que es un sindicato y cómo funciona, pero hagamos un resumen súper breve: Sindicato (trabajadores/empleados organizados y constituídos legalmente) exigen legislaciones y reformas y el respeto a sus derechos. Si no se respetan, utilizan distintas formas de presión para que se cumplan sus exigencias. Sus líderes (voceros, apoderados, representantes) son elegidos democráticamente.
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En Oaxaca los procesos sindicales de los trabajadores del estado, desde sus creaciones y evoluciones hasta las negociaciones agremiados-patrones, se desarrollaron a través de sexenios de diálogos y acuerdos co-protagónicos. Hablamos de gobernadores que datan desde Víctor Bravo Ahuja (1968-1970) hasta los más recientes, desde Heladio Ramírez, Diódoro Carrasco, José Murat, Ulises Ruiz, Gabino Cué y Alejandro Murat.
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Independientemente de otros sindicatos de otros poderes, hablamos de alrededor de 50 años de diálogos y acuerdos entre sindicatos y cada gobierno (gobernadores), en los que los sindicatos hicieron, ya sea pacífica o “violentamente”, sus exigencias. Y cada sexenio, cada gobernador que haya gobernado los años que le tocaron, así haya sido solamente uno, asumieron sus obligaciones de dialogar y negociar y ceder y cumplir con las exigencias sindicales, y en ese ejercicio administrativo del poder se generó un modelo, procesos, protocolos, conocimiento y experiencia gubernamental en la materia. Si se ignoran estos antecedentes históricos se está INCAPACITADO para gobernar, como el gobernador actual, Salomón Jara Cruz, que parece estar totalmente alejado de la realidad histórica, de todo conocimiento jurídico, político, administrativo y fiscal de lo que concierne a la relación laboral y contractual entre los trabajadores del estado y el gobierno que “aparentemente” dirige.
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Cada gobierno, los líderes sindicales “se sentaban” con el gobernador en turno para entregar, ya sea formal o informalmente (aunque oficialmente se debía documentar y requisitar todo trámite), su célebre y tradicional “pliego petitorio”. Entre las exigencias sindicales se encontraban dos esenciales, imprescindibles: Aumento salarial y formalización de cargos o “basificación”, lo que coloquialmente se conoce, entre otros motes, como “plazas”. A lo largo de años de negociaciones, cada período sexenal, muchos trabajadores ya tenían años trabajando y su basificación o plaza era merecida, con el reconocimiento legal de sus derechos y años de antigüedad.
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Se entiende por ser trabajador “de base” o “tener una plaza”, al formalizar una relación contractual de cada trabajador con el patrón (gobierno estatal) de manera indefinida, oficial, requisitada y documentada. Tal relación contractual establece mayores beneficios, derechos y prestaciones para el trabajador, así como reconocimiento de antigüedad. Toda relación parcial o temporal se conoce justamente como eso, como empleos temporales o “de confianza”, “de paso”.
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Conforme la población del estado de Oaxaca crece, todo crece: Escuelas con más grupos escolares y construcción de más escuelas, más dependencias, ampliación de hospitales, nuevos hospitales, más y mejores carreteras y calles, servicios públicos, ampliación de jurisdicciones y facultades, dependencias, responsabilidades, roles y división del trabajo. Y AUMENTA LA NECESIDAD DE MÁS profesores, enfermeras, doctores, policías, choferes y cargos administrativos, entre otros. Es obvio que, cada año, los egresados de la escuela normal necesitan ser contratados y la población necesita de más salones de clases.
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Es TAREA Y OBLIGACIÓN del gobierno estatal, es decir, del poder ejecutivo de Oaxaca, planificar con antelación todas las necesidades presupuestarias de egresos (gasto anual), y para ello debe ejecutarse responsablemente un proceso de investigación (SABER, CONOCER, RECOPILAR DATOS), además de una serie de cálculos y las debidas ingenierías administrativa, fiscal, contable, logística, jurídica y matemática, entre otras, para administrar y gobernar como manda la Ley. Para lo anterior, el gobierno estatal debe estar documentado SOBRE TODO lo que hay y calcular cuánto más crecerá: parque vehicular y población y sus necesidades y exigencias.
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¿POR QUÉ HA “FALLADO” EL GOBIERNO DE SALOMÓN JARA?
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Repasemos esta lista BREVE con sentido más o menos cronológico de los acontecimientos del gobierno actual:
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- FINANZAS: En la Secretaría de Finanzas, a cargo de Farid Acevedo López, apodado como “El Trocito”, a quien se le señala extraoficialmente como “experto facturero”, desde el primer día de ejercicio se cometieron una serie de irregularidades y errores. Primero, el subsecretario de planeación, José González Luis, presuntamente no tenía nombramiento oficial cuando firmó documentos del proceso de “entrega-recepción”, lo que dejaría sin validez legal cada documento que firmó sin ese nombramiento. Además, presuntamente NO ESTABA TITULADO COMO LICENCIADO al asumir el cargo (y probablemente aún no sea licenciado); es decir, tres grandes “errores” COMETIDOS DELIBERADAMENTE, que podría resultar probables delitos: No cumplía los requisitos legales, firmó como “Lic.” sin estar licenciado, y firmó sin tener nombramiento oficial y legal.
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*Nota: Estas formas de empleo de trabajadores sin cubrir requisitos legales mínimos se repitieron a lo largo y ancho no sólo de Finanzas sino de la mayoría de las dependencias.
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Además, al inicio del gobierno actual, en Finanzas despidieron a empleados especialistas técnicos administrativos, fiscales, jurídicos, etc., que estaban familiarizados con todos los procesos de aplicación de recursos públicos, y Farid Acevedo y sus empleados “de confianza” no tenían (ni tienen) el mínimo de conocimientos ni siquiera para saber “dónde estaba el dinero”, cuánto dinero había, pues se habían dejado disponibles CIENTOS DE MILLONES del gobierno anterior para el pago de nóminas y excedentes para gastos cotidianos; tampoco tenían conocimiento de cómo se accedía a las cuentas, cuáles eran “las fórmulas para mover” los activos públicos.
Cuando por fin pudieron acceder a las cuentas, después de decenas de asesorías (algunas con los propios ex empleados que previamente habían despedido), Farid Acevedo y sus empleados y de otras dependencias presuntamente no cubrieron totalmente los requisitos de comprobación del gasto público, y ello provocó una larga lista de señalamientos que acumulan cientos de millones de probables irregularidades y probable malversación a la fecha (alrededor de 300 millones), de auditorías que no cubren ni el 50% de lo ejercido hasta el momento. *Muchas de las “comprobaciones”, como constan investigaciones periodísticas, están sustentadas con facturaciones ilegales o irregulares.
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- CONSEJERÍA JURÍDICA: Como en Finanzas, en el ramo jurídico, el gobierno de Salomón Jara tampoco ha conseguido éxitos. El gobierno de Oaxaca actual acumula decenas de fracasos en ese terreno.
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El gobierno de Salomón Jara “eliminó” IRREGULARMENTE, sin el protocolo legal, mediante el congreso local, el Tribunal de Justicia Administrativa y “creó” al vapor uno nuevo, sin la propuesta ni aprobación de legislaciones secundarias, dejando sin efecto (jurídicamente) todos los procesos o hechos administrativos anteriores al tribunal “eliminado” (es decir, que no se pueden sancionar hechos de corrupción anteriores al tribunal desintegrado). Miembros del tribunal “eliminado” acusaron acoso y amenazas del gobierno si emprendían procesos legales y denuncias contra el gobierno por la “eliminación” irregular de dicho tribunal.
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Salomón Jara, también a través de su consejería jurídica, amenazó a trabajadores (acusaron) de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales con iniciarles procesos penales si se oponían al nombramiento de Tania López como rectora, esposa de Alejandro Jarquín (ex alcalde de Xoxo y actual titular de IOCIFED). Además, los protestantes fueron golpeados por grupos de choque que aparecieron como por arte de magia.
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Entre otros casos, quizás el último es el más preocupante: Salomón Jara mandó un decreto al congreso local (ya aprobado) para ELIMINAR ILEGALMENTE 1,344 plazas de trabajadores del gobierno estatal. Aquí dos irregularidades o actos ilegales:
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A. La relación contractual de trabajadores del estado-gobierno estatal es un acontecimiento jurídico CIVIL, no legislativo ni penal ni de ocurrencias ilegales. Los actos contractuales referentes a la actividad del empleo se rigen POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Ningún decreto ni resolución ni aprobación del congreso local tienen efecto mínimo alguno sobre la Constitución y la Ley Federal del Trabajo.
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B. Cuando no hay justificación legal, clara y verídica del despido de una sola persona (ahora imaginen 1,344), el gobierno estatal de Oaxaca está obligado a restituir al empleado en otro cargo de igual remuneración o indemnizarlo según la Ley. Tesis del Tribunal Superior de Justicia de la Federación ya se han presentado a discusión y aprobado en ese sentido. Las leyes estatales en Oaxaca están ARMONIZADAS. Cualquier acto que vulnere la Ley ES UN DELITO.
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C. La lista de los 1,344 trabajadores despedidos ilegalmente no está justificada. ES FALSO que se haya hecho una investigación profunda meses o años atrás. Entre los despedidos se encuentran trabajadores de 13 y hasta más de 30 años de antigüedad, según acusan los propios trabajadores. Sin embargo, no se consideró a diputadas en activo que mantienen sus plazas o familiares y amigos del gobernador y sus funcionarios en muchas dependencias, ni el reciente nombramiento del PRIANISTAPERREDISTA José Antonio Estefan Garfias como “encargado de los trabajos del Corredor Interoceánico”, cargo que no existe, primero, porque ese proyecto ES FEDERAL, no del estado de Oaxaca, y eso de “encargado de” es una evidente burla al pueblo oaxaqueño.
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Ha trascendido en los últimos días, que hay muchos empleados, amigos y familiares de funcionarios activos en el gobierno actual de Salomón Jara, que ocupan cargos ILEGALMENTE, primero porque se viola el principio y legislación que prohíbe el NEPOTISMO, o en otros casos porque no cumplen con los requisitos de ley o están ocupando dos cargos o probablemente más, al mismo tiempo (lo que presume un DELITO). Muchos de esos funcionarios han cometido presuntas irregularidades o actos de corrupción. Aunque la lista es larga, aquí algunos ejemplos, y es probable que se hagan públicos muchos más casos:
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- Emanuel Navarro Jara, sobrino de Salomón Jara, nuevo dirigente estatal de Morena.
- Yolanda Sagrero Vargas, Gerardo Vargas Sagrero y Martín Garfias, prima, sobrino y suegro de Geovany Vásquez Sagrero, asesor jurídico del gobierno de Oaxaca, son empleados de la Asesoría Jurídica y reciben altos sueldos y bonificaciones excesivas.
- Las diputadas Sandra Daniela Taurino Jiménez (Morena) y Biaani Palomec Enríquez (PT), que reciben un sueldo promedio como legisladoras de alrededor de 90 mil pesos mensuales, son trabajadoras de base en la Secretaría de Administración. En el caso de Sandra Daniel Taurino, recibió su nombramiento en el 2019.
- La ex presidenta de San Pedro Pochutla y actual titular de la Secretaría de Turismo, Saymi Pineda Velasco, le consiguió a su hermana Karina Pineda un cargo administrativo en la Secretaría de Gobierno sin cubrir el perfil académico mínimo. Su otra hermana, Alondra Pineda Velasco, cobraba como aviadora (sin acudir a trabajar) en el municipio de Pochutla, como constan los talonarios de pagos filtrados a finales del año pasado. Además, Saymi Pineda IMPUSO a su madre, María Velasco Ramírez, como diputada en el Distrito 25 de San Pedro Pochutla.
- Tania López, esposa del ex presidente municipal de Xoxocotlán, Alejandro Jarquín, fue impuesta como rectora de la Universidad de los Valles Centrales.
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La lista es larga, sumamente larga, pero evitaremos hacer aún más extenso el presente; ni con los gobiernos del PRIAN se habían visto estos altísimos niveles de NEPOTISMO y, además, que muchos de esos familiares de funcionarios del gobierno de Salomón Jara son cómplices y participantes activos de la presunta corrupción que se denuncia todos los días con pruebas tras investigaciones periodísticas.
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- TRANSPARENCIA, HONESTIDAD Y FISCALIZACIÓN: Nunca se había visto un gobierno tan opaco como el de Salomón Jara. En el gobierno de Gabino Cué, e inclusive en los anteriores, los números y acciones de gobierno estaban a la vista. En el gobierno anterior de Alejandro Murat, con la pandemia, FUE PÚBLICA la colaboración entre el gobierno estatal y el federal de AMLO para terminar y equipar hospitales inconclusos y construir otros nuevos, así como la culminación casi al 100% de la súper carretera a La Costa, entre otras obras públicas, y SE INFORMABA al Pueblo sobre los montos ejercidos. El gobierno federal (AMLO), entonces, prácticamente obligaba al gobierno estatal (Murat) a entregar los recursos federales de salud de vuelta para su ejecución por mezcla de recursos. Esa colaboración de ambos gobiernos dejaba muy poco espacio para el manoseo de los recursos públicos. Otros recursos provenían de BANOBRAS, por ejemplo, y TODO ERA PÚBLICO.
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Han sido investigaciones periodísticas de medios alternativos, las que cotidianamente han hecho públicos trabajos con los que se exhiben los altísimos presuntos actos de corrupción y malversaciones del gobierno actual. Tan sólo en el primer año de gobierno de Salomón Jara, la Auditoría Superior de la Federación encontró probables malversaciones por alrededor de 300 millones de pesos (repito: sólo en el primer año).
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En el terreno fiscal, también ha fracasado enormemente el gobierno de Salomón Jara. La falta de experiencia gubernamental provoca que tanto los flujos de dinero público bien intencionados, como los presuntos mal intencionados, se ejecuten SIN los requisitos de Ley.
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Uno de los problemas más graves es que, como se ha denunciado con trabajos periodísticos, en muchas dependencias se continúan “comprobando” gastos con facturas irregulares. Se trata de redes de facturación en las que se interconectan dependencias y funcionarios y factureros y sus familias o amigos. En muchos casos, los factureros no sólo facturan sino que son funcionarios activos del gobierno actual. Se ha exhibido, por ejemplo, la red de Saymi Pineda, titular de Turismo, hasta con el edificio, nombres y dirección en donde presuntamente operan. También se han denunciado estas presuntas actividades ilegales en Administración, en donde trabajadores acusan que existe un piso completo, custodiado por elementos de seguridad fuertemente armados, en donde se operan las “comprobaciones”, y donde sólo acceden familiares del ex titular (hoy senador) Antonino Morales.
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Jesús Romero, secretario de gobierno, también ha sido exhibido con su propia red de presuntas facturaciones irregulares. Su esposa, por ejemplo, habría cobrado apoyos de programas sociales mediante facturación. El cuñado y la suegra de Jesús Romero también estarían presuntamente implicados.
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Con AMLO y Alejandro Murat, la transparencia era cotidiana y a la fuerza. Hoy, con Claudia Sheinbaum y Salomón Jara, no sabemos en qué se gasta el dinero público de los oaxaqueños, pero sí sabemos que existen redes de facturación altamente nocivas, porque no permiten seguir el rastro de los destinos del patrimonio público que desaparecen de las arcas.
* - JUSTICIA, CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD: Aunque Salomón Jara promete y repite como perico “Cero impunidad”, la impunidad es la máxima su gobierno. Independientemente de las responsabilidades de ex funcionarios de gobierno anteriores, los funcionarios activos del gobierno actual de Salomón Jara son exhibidos TODOS LOS DÍAS por presuntos actos de corrupción, probables presuntos peculados o malversaciones y cínicos actos de tráfico de influencias.
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Shabin y Nabany Jara Bolaños, hijos de Salomón Jara, son acusados de “administrar” la ejecución de “la mayoría” de las obras públicas. Además, Nabany Jara ha proveído servicios de imprenta directamente contratados por el gobierno del estado sin someterse a concursos abiertos y públicos. Bajo ese esquema de tráfico de influencias y nepotismo, ¿Salomón Jara se atrevería a denunciar a sus propios hijos o a sus amigos, o a su hermano Noe Jara u otros parientes, si son cómplices de delitos o irregularidades?
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En el caso de la Seguridad Pública y Justicia, en Oaxaca los índices de delincuencia común, asesinatos, feminicidios, delincuencia organizada y desapariciones forzadas han aumentado DRÁSTICAMENTE desde que Salomón Jara asumió el poder, con respecto a los sexenios anteriores. Seguridad Pública, con el Capitán García Álvarez, ha mostrado que no tiene la capacidad mínima ni la capacitación ni la inteligencia ni la voluntad para contener las alzas de la delincuencia. La Fiscalía, con Bernardo Rodríguez Alamilla a la cabeza, es un adorno demagógico. En pleno centro histórico de Oaxaca de Juárez asesinan y roban, frente a turistas o a turistas.
* - COMUNICACIÓN SOCIAL: La vocería del gobierno del estado es pésima, la peor en sexenios. NO SIRVE ni como un ente comunicador de mentiras. No sabe comunicar, pero TAMPOCO SABE MENTIR. No tiene idea, ignora lo esencial de la Comunicación, lo bueno y lo malo.
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La incompetencia de la vocería del estado de Oaxaca ha ofrecido la corrupción gubernamental en carne viva y en bandeja de plata a la sociedad oaxaqueña.
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El argentino Rene Palacios, titular de la vocería de Salomón Jara, además, es acusado de insultar a mujeres y de malos tratos a trabajadores en general.
* - OBRAS E INVERSIONES INÚTILES: Alrededor de 400 millones de pesos se “invirtieron” en la construcción del Parque Primavera en Oaxaca para el que, acusan, los adultos deben pagar 5 pesos para entrar. Además, algunas “atracciones” tienen un costo extra.
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Pero… ¿Era necesario un parque? ¿Urgía mucho? Si hacemos evaluaciones serias sobre las verdaderas urgencias de Oaxaca, la lista es larga: Mejores sistemas de distribución de agua potable, captado y tratamiento; reparación y mantenimiento de sistemas de saneamiento, registros y alcantarillas; mantenimiento, modernización y reparación de semáforos y señalizaciones, calles y carreteras; equipamiento de hospitales; contratación de más enfermeras y médicos; contratación de más profesores y más salones y escuelas públicas; transporte público de calidad… Entre decenas más.
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El gobierno de Salomón Jara presentó un “ambicioso proyecto” de construcción de un gran complejo de departamentos y casas en zonas protegidas de Huatulco. OJO AL PARCHE: NO SE PRETENDÍAN OBSEQUIAR A LOS CIUDADANOS NECESITADOS sino venderse a quienes tuvieran los recursos suficientes. Era, a todas luces, un proyecto que se financiaría con dinero público pero, sin explicar cómo, era para venderse a particulares.
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La construcción de ese gran complejo habitacional ha visto muchos obstáculos en el camino, básicamente porque sería un descarado delito violar la declaratoria federal de zonas protegidas. Sin embargo, las intenciones de “invertir” en el negocio privado del sector inmobiliario, es una de los planes de funcionarios oaxaqueños afines a Jara.
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Extraoficialmente, pobladores y ejidatarios (anónimos, por proteger su identidad y seguridad) de Bajos de Tahueca, Pochutla, han denunciado que Juan Carlos García Márquez, alcalde de Santa Lucía del Camino, presuntamente “es socio” en la COMPRA de un gran terreno y la construcción de un enorme complejo de condominios de lujo en esa zona, llamado “Tahueca Condos”, que pretende incluir áreas recreativas, club de playa, acceso exclusivo a la playa, canchas de tenis, salón de fiestas y otros servicios de lujo. Los costos de terrenos en esa zona son altísimos, y estas acusaciones de los pobladores locales debería ya ser motivo para una investigación a fondo no sólo de este caso sino de otros probables similares. Pero Salomón Jara ni la Fiscalía Anticorrupción ni nadie en el gobierno de Oaxaca se ha ocupado de este serio caso.
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En otro caso que también incluye la inmoral comisión de nepotismo descarado, es el del piloto aviador Cuauhtémoc Almazán Cravioto, encargado del hangar del gobierno estatal, esposo de Yesenia Nolasco, “exitosa empresaria muy rica” y ex presidenta de Tehuantepec, actual funcionaria del gobierno estatal.
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Cuauhtémoc Almazán Cravioto solicitó al gobierno de Salomón Jara alrededor del 45 millones de pesos para la “reparación” de un viejo avión, adquirido por Ulises Ruiz en su sexenio, con valor de apenas 23 millones (nuevo), en un concurso de licitación en que una sola empresa ofreció su oferta (por lo que debió declararse “desierto”) y ganó de inmediato.
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Almazán Cravioto es piloto aviador, no experto en mantenimiento y reparación de aeronaves, ¿cómo llegó a la conclusión que es viable invertir casi el valor de dos aviones en uno tan viejo e inservible?
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Y para cerrar, aunque los casos son muchos más, los excesivos y elevados despilfarros de dinero público en la Secretaría de Turismo con Saymi Pineda como titular, que van desde la “inversión” de alrededor de 3 millones de pesos “en la compra de papel picado” (que terminaron en la basura), 2.6 millones en esculturas (aparentemente de cartón o fibra de vidrio), además de la inclusión de familiares y personas ajenas a la dependencia que dirige, a los viajes oficiales y su hospedaje en el extranjero.
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Los $ 1 mil 200 millones que “desapareció” Salomón Jara
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Recordemos que Salomón Jara fue despedido del gobierno de Gabino Cué. Fue objeto de investigaciones y obtuvo una orden de aprehensión por probables actos de corrupción y malversación como secretario de estado en el gobierno gabinista. La orden de aprehensión “se silenció” con Gabino Cué porque, se dijo entonces, “lo dejaron respirar”.
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La ex contralora Perla Woolrich detectó y denunció, tras una auditoría, un probable daño al patrimonio público por Salomón Jara. La Fiscalía Anticorrupción hizo público en el 2018 un informe detallado del probable robo descomunal: “Aún no se cuenta con los documentos necesarios que justifiquen el uso y destino de al menos 1 mil 200 millones de pesos” por parte de Salomón Jara, a su paso por la entonces Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (SEDAFPA).
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Otro caso “menor”, fue el de 34 millones que recibió Salomón Jara a través de SEDAFPA, del programa Almanza para el Campo. Jara “ejerció” los 34 millones en destinos AJENOS a los que habían sido etiquetados. Se le exigió la reparación del daño y sólo devolvió 19 millones a través de depósitos en ventanilla.
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Perla Woolrich ha hecho público, repetidamente, que trataron de obligarla a enterrar el caso. Asegura que la Auditoría Superior del Estado recibía solamente facturas apócrifas para tratar de justificar las probables “irregularidades” de Salomón Jara. Al final, cuando ella pretendía renunciar tras las presiones para la impunidad del hoy gobernador, quedaron pendientes 50 millones (aunque no deja claro si se lograron justificar el resto de los 1,200 millones).
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En el gobierno anterior, Alejandro Murat optó también por “dejarlo respirar” y no presionó de ninguna forma para que se ejecutara la orden. Ello permitió que Salomón Jara se convirtiera en senador y se fuera colando “engañosamente” a terrenos de la nueva izquierda mexicana.
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Hoy, Salomón Jara se ha convertido en un “apestado” para la dirigencia nacional de Morena y funcionarios afines y defensores de Movimiento de Transformación. Ha mostrado pública y cínicamente, lo que se quiere hacer pasar por “rasgos” pero que en realidad son abiertas declaraciones alarmantes de autoritarismo, misoginia y, si no corrupción (siendo amables), sí una gran tolerancia a la corrupción de sus amigos y funcionarios de su actual gobierno estatal.
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El gobierno de Salomón Jara y sus gabinetes acumulan ya cientos de trabajos periodísticos y denuncias que exhiben presuntos actos de corrupción CON PRUEBAS, desde las facturaciones presuntamente “irregulares”, por no decir justificación con facturas apócrifas o ilegales, hasta el tráfico de influencias y ejecución de obra pública, así como una tibieza preocupante para combatir a la delincuencia, entre muchos casos.
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Si hacemos un recuento del origen de los perjuicios al gobierno de Oaxaca, si fantaseamos un poco y pensamos que Salomón Jara no es culpable de nada malo, es fácil identificar las causas: Geovany Vásquez Sagrero, un asesor Jurídico INÚTIL, ignorante de las Leyes; Jesús Romero, alias Charbelín, pésimo secretario de gobierno que merece un libro aparte; Finanzas… Fiscalía Anticorrupción… Salud… Sí, imposible echarle la culpa a otros; Salomón Jara es el principal culpable.
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El próximo año, ante la posibilidad de la revocación de mandato, si Salomón Jara y su gabinete no respetan las leyes, ¿ustedes creen que respetarán la voluntad del Pueblo? Imposible.
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BenMorin
