– El único delito de Rafael Martínez fue querer vender su taxi; fue vinculado a una banda de secuestradores y sometido a tortura para declararse culpable
Por Sharenii Guzmán
México.- La vida de Rafael Martínez no volvió a ser la misma después del 6 de junio de 2014. Sufrió desaparición forzada, fue torturado y acusado de participar en un secuestro que no cometió. A unos meses de cumplir tres años en la cárcel, atraviesa un proceso plagado de irregularidades y negligencia que si no se resuelve a favor de su libertad cubrirá una pena de 55 años.
“Estamos ante una injusticia y un caso de fabricación de culpables” que buscarán llevar a instancias internacionales, asegura Adrian Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limedhh), organización que lleva el caso.
En 2014, Rafael manejaba un taxi y por orden de su jefe puso en venta el automóvil. Recibió la llamada de un hombre que no conocía, quien se identificó como César Bravo y dijo que estaba interesado en el vehículo. Se quedaron de ver afuera de la estación Observatorio del Metro de la Ciudad de México para cerrar el trato.
Mientras esperaba a bordo del taxi llegaron en una camioneta blanca unos hombres vestidos de negro, que después sabría que eran policías de investigación de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX (PGJ). Uno de ellos lo obligó a bajar del vehículo a punto de pistola, los demás lo comenzaron a golpear y se lo llevaron.
Minutos antes, los mismos agentes detuvieron a César Bravo alías ´El Chícharo´, sospechoso de secuestro y asesinato de un comerciante de nombre Ángel. Estaba acompañado de dos personas y también se las llevaron. Cuando lo estaban amagando, César recibió la llamada de Rafael para decirle que ya había llegado a Observatorio. Y a pesar de que les comentó que no lo conocía personalmente, los policías decidieron ir por él.
En su declaración, César estableció que los agentes le hicieron decir que Rafael le había llamado por teléfono para invitarlo a realizar un secuestro. Incluso al momento de ser detenido, Martínez no tenía ningún objeto consigo que lo relacionara a que iba a cometer un plagio.
Cuando los agentes subieron a Rafael a la camioneta estaban otros tres civiles esposados y golpeados. Después se enteró que uno de ellos era César, el que estaba interesado en comprar el auto. Los trasladaron a la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro (FAS) en lugar de llevarlos al Ministerio Público.
El trayecto duró más de cuatro horas, cuando normalmente se hacen 20 minutos. Ya en el FAS a Rafael lo metieron a un cuarto y lo hincaron, estaba esposado. Ahí lo tuvieron hincado con los brazos arriba para golpearlo mientras lo interrogaban. Los certificados médicos establecen que hubo lesiones, sin embargo no se tomaron en cuenta a lo largo de la fase procesal.
“Le preguntaron qué hacía en Observatorio y les dijo que vivía cerca de ahí, lo volvieron a golpear. Uno de los policías lo empujó al suelo y le zafó el brazo. Rafael comenzó a gritar. Le dieron unas hojas para que firmara y cuando las iba a leer, uno de los policías le dijo que si no firmaba, lo mataría, por lo que tuvo que firmar sin saber su contenido”.
La declaración que Martínez Cortés y sus codetenidos fueron obligados a firmar se convirtió en el único elemento inculpatorio y vinculatorio con el que contaba la FAS, y fue suficiente para que el Juez Trece de lo Penal declarara culpable a Martínez del secuestro y asesinato de Ángel, comerciante en la delegación Gustavo A. Madero.
Una llamada anónima
La noche del 26 de mayo de 2014 la Procuraduría General de Justicia (PGJ) recibió una llamada anónima que denunciaba que el señor Ángel había sido secuestrado, asesinado y su cuerpo abandonado en las inmediaciones del Río de los Remedios, en el Estado de México por una banda de secuestradores que operaba en la colonia Martín Carrera en la delegación Gustavo A. Madero.
Según la denuncia anónima registrada a las 21:43, la cual tuvo una duración de apenas tres minutos, los supuestos autores del secuestro eran César Bravo Mejía, alias “El Chícharo”, su hijo y un amigo suyo conocido en la colonia como el “El Tohui”. También se habló de una mujer a quien apodaban “La Enfermera”, quien se encargaba de cuidar a los secuestrados.
Con esta información, la PGJ logró conseguir una orden de aprehensión en contra de César Bravo, pero no había, en ese momento, en contra de Martínez.
Las irregularidades en el proceso
El defensor publico no cuestionó que Rafael fue detenido sin orden de aprehensión ni que tenía golpes o que lo llevaron a un lugar distinto y lo retuvieron durante varias horas antes de ponerlo a disposición.
El mismo día de la captura por la tarde noche, la juez tercero califica que no se configura la figura del caso urgente y decide que los cuatro hombres deben de ser puestos en libertad de inmediato. Sin embargo, los sacan del Reclusorio Norte y los llevan a una agencia en Cuautepec.
“Mientras estaban en la agencia, esa misma juez ordenó la detención, contrariamiente a lo que había determinado sin que el MP haya aportado ninguna prueba o dato nuevo. Con eso se califica de legal la detención y empieza el proceso con toda una gama de irregularidades”.
Explica el presidente de Limedhh que en el FAS tampoco tomaron en cuenta las pruebas de que el único vinculo entre Rafael Martínez y César Bravo era la venta del automóvil, y que no se conocían personalmente.
Además en ninguna parte del expediente los familiares del señor Ángel señalan que exista prueba de que Rafael haya participado en el secuestro y asesinato.
Hay otra serie de inconsistencias graves, por ejemplo, la presentación ante la cámara de gesell para que lo identificaran los familiares de las víctimas, Martínez la realiza sin su abogado defensor, cosa que violenta el derecho, pero el juez no lo valoró.
A Rafael no le permitieron la llamada telefónica que normalmente hacen los detenidos a sus familiares. Se consignó que sí se había comunicado, pero esto no fue cierto. Por lo que su esposa lo estuvo buscando durante dos días hasta que se enteró de la captura y que ya estaba en el Reclusorio Norte.
“Se concretó el delito de desaparición forzada transitorio de personas, que es otra violación grave a los derechos humanos de Rafael”, indica Ramírez.
La defensa
Aunado a ello, Rafael ganó dos amparos para efectos que en lugar de darle la libertad, lo que hicieron fueron devolverle al juez para que perpetuara el auto de formal prisión y sin pruebas suficientes le dieron una sentencia de 55 años.
La Liga Mexicana apeló la sentencia ante la sala tercera del Tribunal Superior de Justicia, y el pasado 17 de abril falló en favor de la reposición del procedimiento.
“Lo que sigue es que el juez 34 reponga el procedimiento, analice las pruebas que hay en relación a la tortura y dé una nueva sentencia, y si la sentencia es favorable, Rafael saldrá libre en los próximos meses”.
Si no fuera así, agrega, el recurso que le queda es un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por otro lado ya entraron en contacto con organizaciones internacionales y van a buscar que el caso se presente ante el Comité de Tortura de las Naciones Unidas.
“Estamos ante una injusticia flagrante, es una situación muy aberrante y lo peor es que como sociedad nos encontramos indefensos, mientras afuera hay delincuentes, dentro de la cárcel hay personas injustamente presas”.
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