*La salida de Cervantes, que fue legislador del PRI, abre el paso a la creación de una fiscalía independiente del poder Ejecutivo
El procurador general de México, Raúl Cervantes, presentó este lunes su renuncia ante el Senado. Cervantes, nombrado en el cargo por el presidente, Enrique Peña Nieto, apenas ha estado un año al frente de la PGR. Su salida abre el camino para lograr un fiscal general independiente, un cambio crucial en el funcionamiento de las instituciones del país. El pase automático de Cervantes de procurador a fiscal, como pretendía el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), había generado duras críticas entre las formaciones políticas y la sociedad civil.
“El Constituyente NO se equivocó cuando decidió, hace tres años, crear una Fiscalía autónoma”, ha asegurado Cervantes a través de su cuenta de Twitter al poco de presentar su renuncia ante el Senado. “La Fiscalía General de la Nación es la decisión correcta para que, con autonomía, fiscales o Ministerios Públicos decidan si procede o no ejercicio de acción penal”, ha añadido.
Hace tres años el Gobierno de Enrique Peña Nieto acordó con la mayoría de fuerzas opositoras, al amparo del Pacto por México, una reforma política que pondría fin a la Procuraduría General de la República (PGR), el órgano encargado de investigar y perseguir delitos, que depende del Ejecutivo y cuya credibilidad está en entredicho permanentemente. La falta de consenso ha impedido, tres años después, el desarrollo de la ley que prevé dotar al futuro fiscal general de un poder prácticamente omnímodo: un mandato de nueve años, tres más que el del presidente e independencia absoluta del Ejecutivo. Además, será el encargado de nombrar al fiscal que combata a la corrupción, una de las lacras que asola el país y, junto a la violencia, la principal preocupación de los ciudadanos.
El propio Cervantes presentó a principios de año un informe al Senado en el que recalcaba la necesidad de que el nuevo modelo tenga total autonomía y evidenciaba las deficiencias actuales, entre ellas, el nulo esfuerzo destinado a la capacitación de los funcionarios y los salarios poco competitivos, que lejos de incentivar su trabajo, los condiciona a realizar labores ateniendo a los intereses ajenos. Desde febrero hasta finales de agosto, la PGR, junto a otras instituciones —entre las que se encuentra el centro de estudios jurídicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)—, han desarrollado una suerte de hoja de ruta del futuro sistema que presentarán ante diputados y senadores el próximo octubre a modo de insumo. Cervantes informó que el próximo 25 de octubre se presentarán las conclusiones de ese trabajo.
La resistencia entre la oposición política y la sociedad civil a que Cervantes, exlegislador del PRI durante más de seis años, fuese el próximo fiscal era frontal. Diversos sectores políticos y civiles buscan impedir que nazca viciada una figura capital para el funcionamiento del país a partir del próximo año. Temían que Cervantes no fuese imparcial a la hora de juzgar casos de corrupción vinculados a la actual Administración en el futuro.
“Algunos legisladores y políticos han usado mi nombre y mis supuestas aspiraciones como excusa para no avanzar en aprobación de las leyes”, ha criticado Cervantes este lunes. “A efecto de no detener más las urgentes leyes que México necesita, he decidido enviar al presidente y al Senado mi renuncia irrevocable”, ha concluido.
La presión de la sociedad civil ha jugado un papel determinante. Dos asociaciones que aglutinan a unas 300 organizaciones, entre ellas la patronal empresarial Coparmex, se han movilizado como hacía tiempo no se veía en México. Esta semana se discutirán nuevas medidas en la Cámara de Diputados.
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