Por: Laura Castellanos/ @lcastellanosmx
El mazateco Miguel Ángel Peralta Betanzos, quien cumple una condena de 50 años de prisión por los delitos de homicidio y de tentativa de homicidio ocurridos durante el enfrentamiento en Eloxochitlán, Oaxaca, en 2014, de los que fue acusado por Elisa Zepeda Lagunas, diputada estatal de Morena, asistirá este jueves a una audiencia final para recibir una nueva sentencia.
El antropólogo está preso en el penal de Cuicatlán, Oaxaca, y fue hace once meses cuando el Juez Juan León Montiel, del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, le dictó sentencia al validar las acusaciones de la ahora presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia de la LXIV Legislatura del Congreso de Oaxaca.
En un enlace telefónico que el egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) realizó el lunes pasado, con motivo de una conferencia de prensa sobre su caso, externó que los delitos imputados a él y a 7 indígenas más, presos en el penal de Ixcotel, son fabricados.
“Mi encierro y el de mis compañeros, y la persecución a las y los integrantes a la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán, son por el solo hecho de defender nuestro sistema comunitario y nuestro territorio de intereses corruptos y caciquiles”, manifestó.
Peralta Betanzos y los 7 mazatecos encarcelados, están en la lista de 199 candidatos a la amnistía por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El Magistrado Arturo León de la Vega, presidente de la Tercera Sala
Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, como respuesta a
la apelación penal 08/2019, ordenó la nueva audiencia final porque Peralta
Betanzos no fue trasladado en la previa, acaecida el 26 de octubre de 2018,
violándose así su derecho como procesado.
Roberto López, del colectivo Los Otros Abogados, apunta que ese atropello
jurídico contra el mazateco es uno más de los que han impactado dramáticamente
la vida de unos 35 integrantes de la Asamblea Comunitaria, entre ellos 6
mujeres.
Puntualizó que el primero de marzo de 2019, cuatro de los ocho presos citados fueron absueltos del delito de homicidio calificado, no así del de tentativa. Además, 8 personas más estuvieron encarceladas, pero salieron libres al no acreditarse las acusaciones, y 8 más obtuvieron la negativa de orden de aprehensión.
“Si el poder judicial realmente es imparcial, objetivamente tendría que decretarle la libertad a Miguel Ángel, porque tiene los elementos suficientes”, aseveró. “De lo contrario, demostrará que responde a presiones políticas”.
SUMA DE CONTRADICCIONES
El 14 de diciembre de 2014, la Asamblea Comunitaria pretendió realizar cambio de una autoridad agraria, y fue tiroteada por el grupo de la diputada y de su padre, Manuel Zepeda, expresidente municipal, de acuerdo a testimonios recogidos por esta periodista para el reportaje La batalla de Oaxaca, Crónica de un enfrentamiento que divide una región, publicado en la edición de junio de la revista Gatopardo.
En el reportaje consigno cómo en Eloxochitlán están enfrentados dos tipos de gobierno, el del sistema comunitario, que elige a sus autoridades por usos y costumbres, y el de la familia Zepeda, un cacicazgo tradicional al que acusan de imponerse a través de la violencia.
La legisladora, en su declaración ministerial incluida en el expediente 02/2015, que posee la reportera, aseguró, por su parte, que el día citado ella fue víctima de una agresión masiva por parte de 34 personas, primero en la plaza del pueblo, y después en su casa.
Agregó que también testificó la golpiza contra su madre, Magdalena
Lagunas Ceballos, su hermano Manuel Zepeda Lagunas, y el guardia Gustavo
Estrada Andrade, los dos resultaron muertos.
Primero, Elisa Zepeda incriminó a Peralta Betanzos de presuntamente participar
en la agresión de la plaza, pues en la segunda únicamente responsabilizó a dos
agresores.
No obstante, en su ampliación de declaraciones, hecha el 5 de marzo de 2019, la diputada aumentó el número de agresores del segundo hecho de dos a 33, entre estos sumó a Peralta Betanzos.
“Quienes me golpearon nuevamente en mi cabeza y cuerpo para privarme de mi vida”, testificó en su ampliación de declaraciones la presidenta de la Comisión de Justicia.
La expresidenta municipal de Eloxochitlán, sin embargo, no determinó la responsabilidad criminal de cada uno, y en sus declaraciones, y las de sus testigos, hay múltiples discordancias, como lo registró esta reportera en la nota Diputada de Morena se contradice en declaraciones contra 8 presos indígenas, publicada en Aristegui Noticias.
Peralta Betanzos expresó, por su lado, para el reportaje de Gatopardo, que el día de los hechos no estuvo en Eloxochitlán, estaba en la Ciudad de México, pues Alfredo Bolaños Pacheco, entonces presidente municipal, lo había comisionado para comprar juguetes navideños.
El antropólogo, sin embargo, no pudo presentar evidencia de su viaje. Los camiones de segunda en los que se trasladó no dan boletos personalizados, y no consiguió que el vendedor de juguetes de la capital mexicana testificara a su favor: “no quiso hacerlo, tuvo miedo”, detalló.
El abogado López considera que sin esa evidencia, su defendido de todas formas sale libre, pues además del cúmulo de violaciones jurídicas, no hay ninguna foto, audio, video, o señalamiento concreto de la diputada en su contra.
Dice desconocer el nombre del juez del juzgado de Huautla que resolverá la nueva sentencia del joven de 36 años. Considera que el tiempo que le tome dictaminarla dependerá de la voluntad del mismo.
Especificó que el reglamento judicial establece que si el expediente contiene 200 hojas, el juez debe dictar sentencia en un plazo de 15 días, y tomarse un día por cada 50 hojas más.
“Pero son 7 tomos, aproximadamente de entre 500 y 700 hojas, lo que nos llevaría aproximadamente año y medio”. Y enfatiza: “Pero el juez podría dictar sentencia solo revisando las sentencias de libertad de los otros casos y en contraste, leer las declaraciones de Elisa y de sus testigos”. Teme que el poder judicial actúe en función de los tiempos políticos de Morena en el estado o en el Congreso, pues considera que la diputada ha sido respaldada por su bancada ante resoluciones judiciales que la desfavorecen.
Los otros siete presos son: el ya mencionado Alfredo Bolaños, Jaime Betanzos Fuentes, Herminio Bonfil Avendaño, Isaías Gallardo Álvarez, Omar Hugo Morales Álvarez, Fernando Gavito Martínez y Francisco Durán.
Su defensa legal advierte que hay, además, 16 órdenes de aprehensión vigentes, las cuales han suscitado diversos desplazamientos forzados de Eloxochitlán.
