Francisco Vásquez
Oaxaca, México.- Integrantes de organizaciones sociales, indígenas y familiares de activistas presos, en conferencia de prensa anunciaron la conformación de la Coordinación para la Libertad de Personas Defensoras Criminalizadas en Oaxaca para continuar en la exigencia de justicia para 33 activistas en la entidad que enfrentan procesos judiciales relacionados con su labor social.
Informaron que solicitarán una reunión con el virtual presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador para pedirle que se lleve a cabo una revisión exhaustiva de los expedientes penales que enfrentan activistas y defensores de derechos humanos retirando la línea política de estado implementada por el gobierno federal para que sean juzgados conforme a derecho, ello como uno de los temas centrales que plantea la agenda del movimiento social en México.
Afirmaron que con estas acciones se pretende garantizar la libertad inmediata e incondicional de personas que han sido víctimas de una detención arbitraria y prisión injusta motivada por su labor de defensa a los derechos humanos y territoriales en las comunidades de Oaxaca.
Entre los 33 activistas que aseguraron han sido criminalizados por el sistema de justicia se encuentran Librado Baños Rodríguez, Enrique Guerrero Aviña, Damián Gallardo Martínez, Pablo López Alavés, Norma Cleyver Cruz Vázquez, William García Méndez, Nicaso Zaragoza Quintana, Felipe Rojas Ordunio, Teófilo García López, Antonio Zárate Bernal, Jaime García Matías, Luis Matías Hernández, Erick Omar Rodríguez Santiago y Bailón Rojas Gómez.
Así también Celso Castillo Martínez, José Alberto Andrés López, Usiel Matías Hernández, Javier Aluz Mancera, José Enrique Ordaz Velasco, Humberto Castellanos López, Feliciano García Matías, Eduardo Palma Santiago, Erick González Guillen, Eleuterio Hernández Bautista, Eugenio Hernández Gaytán, Jorge Chonteco Jiménez, entre otros.
Mencionaron que todos los activistas privados de su libertad, desde hace 5, 6, 9 y hasta 11 años, cuentan con Opiniones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y con el respaldo de diversos organismos internacionales protectores de derechos humanos sin que hasta el momento las instancias procuradoras de justicia en Oaxaca los hayan tomado en cuenta.
Dijeron que con la entrada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, éste heredará una deuda histórica del viejo régimen y una grave crisis en materia de derechos humanos derivada de una política represiva hacia los pueblos organizados en defensa de sus derechos, por lo que tendrá que coadyuvar en el resarcimiento de daños que han causado la detención arbitraria, desaparición forzada y en algunos casos la muerte de quienes han ejercido la labor de defensa desde las comunidades en todo el estado.
Explicaron que entre las causas que han motivado los abusos en contra de los activistas están su oposición a la implementación de las reformas que impulsó el gobierno federal, la defensa del territorio, su rechazo al ecocidio y destrucción de los recursos naturales, la defensa legal de indígenas y luchadores sociales, entre otras, que los han llevado a padecer procesos judiciales viciados, en extremo dilatados y con actuaciones fuera de la legalidad por parte de jueces del fueron común y federal, personal del ministerio público, magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), entre otros actores del sistema de procuración de justicia.
Resaltaron que todos los expedientes judiciales integrados comparten entre sí un patrón de conducta de Estado que utiliza el sistema de justicia mexicano para criminalizar la labor de los activistas, los cuales violan el debido proceso, en donde los jueces aplican mano dura retardando los cierres de etapas probatorias o sentenciando condenatoriamente sin realizar un análisis imparcial de las constancias que obran en los expedientes a su cargo.
En ese sentido, afirmaron que no pedirán al gobierno federal entrante la posibilidad de una amnistía o un indulto para los activistas presos, dado que los defensores sólo piden se haga una revisión exhaustiva de manera imparcial a cada uno de los casos para detectar de manera legal las actuaciones viciadas y corruptas por parte del sistema de procuración de justicia, lo cual implica retirar la línea política del estado que pesa sobre los expedientes y se actúe conforme a derecho para lograr su libertad.
Yolanda Ruíz, vocera de la organización Sol Rojo exigió la presentación con vida del defensor Ernesto Sernas García, abogado de activistas presos quien se encuentra desaparecido desde el 10 de mayo de este año, así también pidió se brinden las garantías necesarias para el regreso de los defensores indígenas Raúl Gatica Bautista y Juan Sosa Maldonado, quienes fueron exiliados desde 2005 y 2014 respectivamente.
Por esa razón los familiares y organizaciones que integran la Coordinación para la Libertad de Personas Defensoras Criminalizadas en Oaxaca solicitarán reunirse con el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador para que se priorice en su agenda de trabajo como tema prioritario la inmediata puntual atención a la situación jurídica en la que se encuentran los activistas criminalizados en Oaxaca.
Puntualizaron que confían en la apertura de este nuevo gobierno y la disposición del próximo titular del Poder Ejecutivo Federal para atender a defensores que se encuentran en situación de cárcel y puedan librar procesos jurídicos viciados, como práctica de justicia que puede hacerse extensiva para los demás casos defensores presos en México.
La Coordinación para la Libertad de Personas Defensoras Criminalizadas en Oaxaca está integrada por Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, el Comité de Familiares, Amigas y Amigos de Damián Gallardo Martínez, Corriente del Pueblo Sol Rojo, Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón”, Comité Enrique Guerrero Aviña, el Frente de Egresados de Normales Rurales Enruva, Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (Vocal), entre otros.
