•2 mil 433 desaparecidos reconocidos por Gobierno de Veracruz
•“Fisculín” inició procedimiento de registros. Winckler presume, pero no ejecuta acciones
•Veracruz permanece en segundo lugar de secuestros
Arantxa Arcos blog.expediente.mx para El Piñero de la Cuenca
Veracruz.- Para la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz sólo están desaparecidos dos mil 433 personas. Los casos permanecen estancados desde diciembre del 2016, cuando el actual funcionario, Jorge Wínckler Ortiz, entró el mando de la FGE.
A través del Registro Público de Personas Desaparecidas, se difunde un listado de hombres, mujeres, ancianos y bebés desaparecidos de 2006 a diciembre del 2016. La información no está actualizada. Siguen omitiendo casos de personas no localizadas en los casi doce meses del gobierno “del cambio”.
Al consultar las estadísticas del “Gobierno Abierto” de Veracruz, difundidas en la página web http://fiscaliaveracruz.gob.mx/Gobierno-Abierto/, al dar click en la opción, Registro Público de Personas Desaparecidas (RPPD), se refleja un total de 5 mil 934 casos.
De estos, el 59 por ciento, 3 mil 501 casos, han sido localizados, mientras el 41 por ciento restante, 2 mil 433 carpetas, siguen en proceso de búsqueda.
Las personas localizadas fueron ubicadas con y sin vida. Mil 221 hombres y mil 918 mujeres vivos. En tanto, 316 varones y 46 mujeres asesinados. Una vez localizados, las carpetas de investigación deben culminar el proceso.
Las diligencias de los ubicados reflejaron un 88 por ciento, 3 mil 68 casos no delictivos, y el doce por ciento, 420 casos, delictivos.
La búsqueda de las 2 mil 433 personas, reconocidas como desaparecidas por el Gobierno de Veracruz, se detallan en una lista en formato Excel. Esta empieza con los datos de Dylan Jesús Antonio Cárcamo Martínez de 17 años, desaparecido en Papantla y finaliza con el nombre de Janeth Torres Sánchez de 24 años, vista por última vez en Poza Rica.
La edad para los desaparecidos ronda entre los meses de vida hasta lo casi 90 años. Tal es el caso del bebé José Alfredo González Díaz en Tierra Blanca, Bernardo en Coatzacoalcos y Maia Miranda Hernández Guerrero, de dos años en Poza Rica, niña que no llegaba ni al metro de estatura.
Otros niños desaparecieron con sus hermanos; Nicole y Alehska López Talarico de uno y dos años, respectivamente en Cosamaloapan. Brandon de Jesús y Fátima Aracely de cinco y tres años, respectivamente, en Minatitlán. Ángel Guadalupe y Alan Yahir Parra Morales de tres y un año, respectivamente en Xalapa.
A diferencia de ocho décadas, los casos de desaparición citan a Alejandro Zacarias Clara de 85 años en Tres Valles y Feliciano Santiago Betanzos de 80 años en Cosamaloapan, por mencionar algunos casos de los menos de tres mil veracruzanos enlistados.
Del PRI al PAN
El registro de personas desaparecidas corresponde al Plan de Acción 2013-2015, iniciado en el sexenio priista de Javier Duarte de Ochoa. Cuando el entonces fiscal era denominado Procurador de Justicia y el cargo lo ocupada, Luis Ángel Bravo Contreras.
El cambio de nombre se consumó a principios del 2015, cuando el Congreso de Veracruz decretó la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General del Estado, como organismo autónomo, desapareciendo así la Procuraduría General de Justicia.
Bravo Contreras fue el primer fiscal. A través de nueve acciones, de febrero 2016 a enero 2017, este funcionario ordenó consolidar la herramienta de consulta para la ciudadanía. Misma que sería actualizada cada primera semana del mes en curso.
Antes de renunciar al cargo, el 28 de noviembre del 2016, Bravo Contreras firmó los últimos acuerdos para migrar los datos validados de personas desaparecidas a la plataforma y publicidad en el sitio web de la dependencia.
En sus últimos días, el mes de noviembre, autorizó la prueba piloto de la herramienta tecnológica y comparativa con la experiencia federal. Para el mes de diciembre, Bravo no figuraba en la FGE, Jorge Wínckler Ortiz tomaba el control.
Durante su primer mes, debió eliminar la prueba piloto, consolidar el Registro Público e iniciar la difusión de los casos, para su pronta localización. No se efectuó. Tampoco cumplió la acción novena, referente a atender recomendaciones e implementación final del registro.
Enero llegó y con él se cumplió el segundo mes de funciones de Wínckler Ortiz. El Registro Público de Personas Desaparecidas (RPPD) fue presumido por la comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Yolli García Álvarez.
“El panorama fue complicado, demasiadas deterioradas las relaciones Estado-Sociedad, alta la desconfianza e incredulidad, poco interés de los ciudadanos en vincularse”, pronunció durante la presentación de citador registro, en enero 2017.
Por su parte, Wínckler Ortiz pronunció “Dando la cara y permaneciendo de frente a quienes nos dieron la confianza y acuden exigiendo con tota razón, resultados de nuestra parte”.
El discurso se lee en diversas páginas web de portales informativos que dieron cobertura a la presentación del RPPD.
La actualización de casos se incumplió. La desaparición forzada incrementó en los meses transcurridos del gobierno panista. Familias que buscan a sus hijos, hermanas o padres recalcan que la desaparición aumentó con el cambio de siglas PRI a PAN en Veracruz.
Tan solo al consultar el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Públicas (SESNSP), la entidad veracruzana se ubica a cinco secuestros del primer sitio, ocupado por el estado de México.
Durante enero, los Ministerios Públicos de Veracruz registraron 15 secuestros, 23 en febrero, 19 en marzo, 13 en abril, 14 en mayo, 19 en junio, 16 en julio, 15 en agosto y 16 en septiembre. Un total de 150 secuestros en los nueve meses del mandato a cargo de militantes del Partido Acción Nacional (PAN).
