➡ La administración penitenciaria federal en crisis y la impunidad que persiste
Oaxaca, México.- En un aniversario nacional que debería celebrarse con orgullo y transparencia en la administración penitenciaria federal, la sombra de la corrupción y la impunidad se cierne sobre el Centro Federal No. 13 en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.
Revelaciones impactantes de empleados e internos han sacado a la luz una red de privilegios, corrupción y complicidades que empañan la gestión de Antonio Azael Ruiz López como titular de los Penales Federales.
La administración ha estado sumida en la impunidad desde la llegada de la directora general, Nora Angélica Balderrama Cano, conocida como “Lady Cuotas”. Su apodo proviene de las denuncias que apuntan a que cobra privilegios a los reclusos y su estrecha relación con Eduardo Guerrero Durán, quien la dejara como directora general, oriundo de Chihuahua y exresponsable de dirigir los Penales Federales, quien ahora es prófugo de la justicia por presuntos desvíos millonarios en el caso de Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont, así como por el cobro de cuotas a Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Crisis alimentaria y de atención médica
La preocupación crece entre los empleados del Centro Federal, quienes temen que las crecientes inconformidades en la población penitenciaria desemboquen en un motín. Afirman que desde la llegada de “Lady Cuotas”, la empresa GIA, propietaria y administradora del centro, ha reducido la cantidad y calidad de la comida estipulada en el contrato de prestación de servicios, incluso después de una revisión por órganos fiscalizadores, ordenada por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para evitar actos de corrupción hace dos años.
Además, “Lady Cuotas” ha cancelado la mayoría de las dietas de los pacientes crónicos degenerativos, los análisis semestrales para la población penitenciaria, las actividades que promueven los 5 ejes de la reinserción social, los medicamentos y estudios de especialidad, y ha reducido el horario de la visita conyugal. Todo esto parece tener como objetivo forzar a los reclusos a pagar los sobornos que ella misma ha establecido en su reinado.
Sobornos y abusos
Estos sobornos varían desde mil pesos por comida, medicinas y actividades, hasta tres millones de pesos por pasar toda una noche en una visita conyugal. Actualmente, dos internos del Centro Federal gozan de este privilegio, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, tal como se registra en las cámaras de seguridad, donde se les puede ver durmiendo dentro de las instalaciones del centro, tras acuerdos con “Lady Cuotas”, el director de Seguridad Porfirio Cerqueda Osorio y Rubén Fuentes Trinidad.
Además de los sobornos, “Lady Cuotas” también se rumorea recibe un soborno mensual de 200 mil pesos por parte de GIA, así como el pago de sus boletos de avión quincenales, su gasolina y sus gastos personales. También se dice que disfruta de comidas especiales tipo gourmet diariamente, como camarones, cortes de carne premium, pastas y quesos, mientras ignora por completo las condiciones del personal a su cargo.
Complicidad y amenazas
Estos señalamientos han sido hechos por funcionarios públicos que han decidido mantener su anonimato debido al temor a represalias, lo que plantea interrogantes sobre la extensión de la complicidad entre los mandos superiores. La impunidad y la corrupción han sumido a esta administración penitenciaria en una crisis que debe ser atendida con urgencia para restaurar la confianza en el sistema judicial y garantizar la justicia para todos los involucrados.
Extorsión a reclusos y sus familias
A través de llamadas telefónicas, personas privadas de su libertad han expuesto una verdad aterradora: gran parte de las riñas y agresiones que sufren en su lugar de reclusión son provocadas por el personal de la institución. Acusan directamente a Porfirio Cerqueda Osorio, director de seguridad, y a Roberto Osorio Sánchez, encargado de la dirección técnica, de ser servidores públicos corruptos, quienes los van a extorsionar a los módulos y les piden una cuota para no cambiarlos de ubicación y, de no acceder a su soborno, los mandan a otro lugar donde viven internos que pertenecen a grupos rivales, sufriendo las consecuencias al ser golpeados, extorsionados y, en algunos casos, hasta abusados.
La corrupción ha alcanzado tal magnitud que incluso los mismos oficiales, bajo órdenes de sus superiores y de “Lady Cuotas”, se dedican a extorsionar vía telefónica a los familiares de los reclusos, utilizando la información proporcionada en el área de trabajo social para exigir una ayuda voluntaria, que es en realidad, forzada.
Existen registros de casos en los que, si se niegan a pagar esta “cuota”, se les cancela la visita familiar o la íntima, situación que ha llegado a un punto en el que, al ver disminuidos sus ingresos debido a las cuotas que no han podido recaudar y a las extorsiones que no llegaron a su bolsillo, las autoridades del centro federal, en contubernio con la directora general, Nora Angélica Balderrama Cano conocida como “Lady Cuotas”, el director de seguridad Porfirio Cerqueda Osorio y el encargado de la dirección técnica Roberto Osorio Sánchez, han cumplido sus amenazas. Además, se les ha unido en esta trama el director jurídico Enrique Nava Altamirano y el director administrativo José Rafael Inzunza Osuna al formalizar el acta de consejo técnico, la cual no cuenta con el acuse original para su legitimación ante Oficinas Centrales de Prevención y Readaptación Social.
Violación de derechos humanos
Han tomado medidas drásticas, como la modificación del horario de visita íntima, reduciéndola de 6:30 a 9:30 de la mañana y de 10:30 a 13:30 de la tarde, y las visitas familiares de 14:00 a 20:00 horas. Esto con el fin de forzar a los reclusos a pagar estas cuotas bajo amenaza de dejar a sus seres queridos en un estado de indefensión, al obligarlos a viajar de noche para ingresar y salir del Centro Federal, a pesar de que es un deber del estado mexicano garantizar la vida y la integridad de todos los ciudadanos.
En una decisión que desafía toda lógica, las autoridades penitenciarias han establecido nuevos horarios de visitas de manera totalmente arbitraria. Su argumento es tan inverosímil como inaceptable: afirman tener solo 6 habitaciones disponibles para visitas íntimas en un centro penitenciario con capacidad para albergar a 2,250 internos. Esto es particularmente desconcertante considerando que esta prisión federal fue construida siguiendo la modalidad de un centro de prestación de servicios.
Lo más alarmante es que las autoridades son plenamente conscientes del tiempo que se pierde desde el registro en el área de seguridad (resguardo) hasta llegar al área de visita íntima o familiar, lo cual a menudo consume de 80 a 120 minutos. Esta medida reduce drásticamente el tiempo para las visitas conyugales, pasando de 3 horas a tan solo 1 hora y media efectiva. La situación es aún más grave para las visitas familiares, que se ven reducidas de 6 horas a un tiempo aún menor, dependiendo del horario de la visita conyugal.
Lamentablemente, si la salida de la visita conyugal ocurre a las 13:30 horas, el tiempo perdido durante la salida y reingreso implica una pérdida mínima de 3 horas de tiempo de visita efectiva. Esto significa que las esposas o concubinas de los internos pasan más de 14 horas sin probar alimento alguno mientras esperan pacientemente. Esta situación es simplemente inhumana y plantea serias interrogantes sobre el respeto a los derechos humanos de las visitas y de sus hijos en el sistema penitenciario federal.
La injusticia es palpable, especialmente para las esposas y los hijos pequeños que viajan durante toda la noche para visitar a sus seres queridos, solo para encontrarse con largos tiempos de espera en la oficina de trabajo social, seguidos de una serie de filtros de revisión. Incluso, cuando las familias se ven señaladas por no pagar la cuota, se ven forzadas a desnudarse en las áreas de revisión o enfrentan excusas inventadas en los escáneres para negarles la entrada. Estos actos crueles e inhumanos no solo hacen perder tiempo, sino que también ponen en riesgo la dignidad y la integridad de los familiares.
Extorsión y arbitrariedad
Algunos reclusos han comentado que son trasladados a áreas de castigo bajo el pretexto de proteger su seguridad, quedando aislados hasta que puedan pagar la cuota. Se ha vuelto común que el personal del centro envíe reportes incorrectos a las autoridades judiciales, afirmando que los reclusos se encuentran en población general cuando en realidad están en hospitales o en áreas de aislamiento mientras se recuperan.
El costo de vivir en un módulo más tranquilo a menudo depende del capricho del director de seguridad, quien establece las tarifas según su humor, lo que lleva a que algunos reclusos paguen más que otros, perpetuando así la injusticia en el sistema penitenciario.
Abuso psicológico y violación de la Ley
Desde su llegada, “Lady Cuotas” ha estado al frente de un régimen que desafía la ley y el sentido común en el sistema penitenciario. En complicidad con sus subalternos, ha violado de manera flagrante la Ley de Ejecución Penal, sometiendo a las personas privadas de su libertad a un cruel abuso psicológico. Uno de los métodos utilizados para este abuso es la reproducción de programas de contenido para niños, como caricaturas, que en nada contribuyen a la reinserción social de los reclusos. En un descarado acto de contubernio con la empresa a cargo, estos programas no se transmiten en los días de visita de supervisión, dando una falsa imagen de una institución que cumple con los estándares adecuados en cuanto a menús (gramaje) y limpieza en general del centro federal.
Esta situación plantea preguntas cruciales sobre la integridad del sistema penitenciario y la necesidad urgente de poner fin a los abusos perpetrados bajo el mandato de “Lady Cuotas” por parte del comisionado Antonio Azael Ruiz López, Titular de Prevención y Readaptación Social. La corrupción y la impunidad no pueden continuar dominando un sistema que debería estar enfocado en la rehabilitación y la justicia.
Se espera que las autoridades competentes investiguen estas denuncias y tomen medidas adecuadas para poner fin a la corrupción y garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y de sus familias.
Corresponsalía
