Tras intensas protestas de integrantes del movimiento Mexicali Resiste, desde el pasado 13 de julio, el gobierno panista de Baja California canceló el polémico acueducto Villahermosa-Mexicali que se construía para beneficiar a la cervecera Constellation Brands, pero mantiene el proyecto de construcción de la compañía norteamericana que ahora pedirá 60 millones de pesos de indemnización por la cancelación del acueducto.

La tensión en Mexicali se incrementó en vísperas de la visita oficial del presidente Enrique Peña Nieto, el lunes 24 de julio. Será la primera gira del mandatario en este año, desde que emergió en la capital de Baja California un movimiento social en contra del gasolinazo, de la privatización del agua y de incrementos a servicios locales. Ese movimiento se aglutinó en torno a Mexicali Resiste.

Los jóvenes integrantes de Mexicali Resiste, así como productores del valle agrícola y grupos ambientalistas señalaron que no es suficiente la cancelación del acueducto, cuyo costo habría sido de 500 millones de pesos, porque la empresa Constellation no ha concluido su solicitud de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y realizó “omisiones graves a la política ambiental del estado y del país” en la construcción de su nave industrial y en el uso de recursos de la región.

Alejandra León Gastélum, representante ciudadana del Consejo Estatal de Protección al Medio Ambiente, declaró a medios locales que Constellation desde enero pasado inició un proceso no concluido sobre su MIA y que la licencia ambiental que le otorgó el gobierno local demostró una serie de incumplimientos como son la obligación de un proyecto ejecutivo de aguas residuales, definir el abasto de agua para los procesos industriales, la constancia de inicio de trámite ante la Conagua para la descarga de aguas residuales a los drenes del área, y la constancia de inicio de trámites de estudio de riesgo.

El miércoles 19 de julio, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid anunció en conferencia de prensa que se suspendía la construcción del acueducto y que debía encontrarse otra alternativa para llevar agua a la cervecera norteamericana que pretende producir 5 millones de hectolitros de cerveza.

“El proyecto del acueducto, hasta donde estoy informado, tiene que ver con la falta de cuota de agua de la compañía para que pudiera funcionar el acueducto y si esto no se tiene, obviamente no se puede construir”, afirmó Vega.

“Es un tema de orden federal, nosotros no administramos el agua ni cuotas, somos clientes de quienes administran el agua, que es la Comisión Nacional del Agua (Conagua)”, abundó el mandatario panista, quien enfrenta desde finales del año pasado un movimiento cívico en contra de los intentos de privatización del agua en la entidad.

La empresa constructora Urbanización y Riego de Baja California S.A. de C.V. (URBACA) pretende ganar 60 millones de pesos por concepto de indemnización debido a la cancelación del proyecto del acueducto, según informó Manuel Guevara Morales, titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidue) del gobierno estatal.

La información ha generado un nuevo brote de descontento entre quienes se oponen no sólo a la construcción de la nave industrial de la cervecera, en el valle agrícola rumbo al Puerto de San Felipe, sino también contra los otros proyectos de privatización del agua.

El movimiento Mexicali Resiste calificó de “proyecto ecocida” la construcción de la planta cervecera e inició desde el 13 de julio manifestaciones de protesta en las inmediaciones de Constellation Brand y han recibido hostigamiento de las fuerzas policiacas locales.

“Durante la lucha hemos descubierto lo que suponíamos: corrupción, tráfico de influencias, violación a los derechos humanos y colectivos, así como la sobreexplotación a los bienes comunes naturales”, destacó el movimiento en su comunicado.

El pasado martes 18 de julio hubo “fuertes discusiones verbales con riesgos de desalojo”, en el kilómetro 10.5 de la carretera San Felipe, en el ejido El Choropo.

Al mismo tiempo, trabajadores de la cervecera han denunciado en emails las condiciones laborales precarias en las que los obligan a trabajar.