Jaime GUERRERO
Oaxaca.- El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, confirmó que en la Secretaría de Administración, Turismo, de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura, las Infraestructuras, así como en el Seguro Popular, durante la administración de Gabino Cué Monteagudo, miles de millones de pesos, fueron puestos a “sudar” para que le redituaran ganancias y cuyos recursos se investiga el paradero.
En el periodo de Cué Monteagudo, el titular de Administración fue el polémico, Alberto Vargas Varela, quien presuntamente comerció con la nómina de empleados del gobierno a través de una empresa, que por conducto de terceros, como Grupo Sim y RH Corporativo, negocian seguros de vida y microcréditos de nómina; también con la empresa Crediamigos.
También Vargas Varela, operó para que la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo Acreimex absorbiera las deudas de los más de 4 mil defraudados de las cajas de ahorro, para que el Fideicomiso Fipago la subsidiará con cerca de 30 millones de pesos, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de ahorros.
En la Sedafpa, estuvieron al frente, Salomón Jara Cruz, virtual candidato de Morena al Senado de la República, señalado de malversación de recursos, al igual que el panista, Edgar Guzmán Corral y recientemente, Jorge Carrasco Altamirano -hermano del ex gobernador, Diódoro Carrasco Altamirano, hoy secretario general de gobierno del Estado de Puebla- quienes también son investigados por presuntos desvíos de recursos.
En Turismo, José Zorrilla de San Martín Diego, es investigado por malversación de recursos y irregularidades financieras en la construcción del estacionamiento del Cerro del Fortín. En SInfra, ya fueron denunciados por la entonces, Auditoría Superior del Estado (ASE), Netzahualcoyotl Salvatierra López y Sergio Pimental Cohello, por presuntos desvíos de recursos.
En el Seguro Popular, a las posibles malversaciones por casi 573 millones de pesos detectadas en 2016 en la ejecución del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), se añade otro presunto quebranto, éste por 915 millones 271 mil 700 pesos derivado de posibles malos manejos en los recursos del Seguro Popular que fueron enviados a esta entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó ayer la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El monto de las irregularidades detectadas equivale al 54 por ciento de la muestra de mil 694 millones 122 mil 800 pesos revisada por la ASF; o, bien, al 39.9 por ciento del total de los recursos, por 2 mil 291 millones 981 pesos, que, bajo este régimen, recibió el gobierno de Cué durante su último año de mandato.
A golpes mediáticos, Salvador Monroy y Germán Tenorio, director del Seguro Popular y secretario de Salud, respectivamente, en el periodo de Cué Monteagudo, pretendieron encubrir el dramático desbasto de medicinas en hospitales y centros de salud en el estado, que hizo crisis con el descubrimiento de toneladas de medicinas caducadas en la bodega en Tlalixtac.
En el ultimo tramo de Cué Monteagudo designó como nuevo director del Seguro Popular a Rogelio Hernández Cázares, quien se desempeñaba como director general del Monte de Piedad, en sustitución de Salvador Monroy Rodríguez. Hernández Cazares, también s señalado de malersación de recursos.
“Tenemos confirmado mediante investigaciones en la Secretaría de Administración, Turismo, Sinfra, Sedafpa, que en estas instancias se detectado mayores irregularidades del manejo del recurso público”, detalló, Iruegas Álvarez.
El monto aún esta en etapa de contabilización, puntualizó, “porque no solo es el recurso que estaba etiquetado y no fuera a parar a donde estaba destinado. Porque no solo fue malversado o vulgarmente dicho robado, si no que a partir de ese dinero, pusieron a sudar o puesto a caminar para que les redituara ganancias millonarias”.
“Yo sí puedo establecer un desfalco millonario arriba de miles de millones de pesos”, confirmó el Fiscal Anticorrupción.
Por lo pronto, son indagatorias que al día de hoy, siguen en trámite ante la Fiscalía Anticorrupción.
En un corte de caja al 15 de diciembre, se llevan 2024 investigaciones. A la llegada de Iruegas Álvarez, existían 1 mil 600, pero más de 600 se han radicado en 6 meses.
Las investigaciones por el “sudado” de recursos públicos en la administración de Cué Monteagudo, caminan de la mano con instancias federales, entre ellas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Unidad de Inteligencia Financiera y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) que dependen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y con la Procuraduría General de la República (PGR).
“Esas instancias indagan temas relacionados con el enriquecimiento ilícito por un lado y por otro, temas relacionados con la defraudación fiscal. Se camina de la mano”, anotó.
En el tema de la CNBV, aun cuando son tardadas las peticiones de información de cuentas bancarias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió un amparo promovido, y la petición no tendría que ser de PGR a CNBV, si no mediante una autorización judicial.
Iruegas Álvarez, aclaró que esos casos, al día de hoy no son vinculantes, porque no se ha modificado la ley, pero son temas que más adelante con la confección del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, se puede establecer que en delitos cometidos por servidores públicos o delitos relacionados con hechos de corrupción, la información bancaria, financiera y fiscal, fluya con mayor rapidez.
