Jaime GUERRERO
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), concedió la suspensión para que el Poder Ejecutivo de Oaxaca, se abstenga de interrumpir o suspender la entrega de los recursos que por ley le corresponden al municipio de San Juan Bautista Lo de Soto, Jamiltepec.
Por ello, la Secretaria de Finanzas del gobierno estatal, está obligada a transferir a favor de ese gobierno municipal los recursos de los ramos 33 y 28 de los primeros cuatro meses del año, que equivalen a menos de dos millones de pesos.
El acuerdo fue resueltó por el Ministro Instructor Jorge Mario Pardo Rebolledo, el pasado 18 de mayo y establece que es Procedente conceder la suspensión para que el Poder Ejecutivo de Oaxaca, por conducto de la Secretaria de Finanzas estatal, se abstenga de retener emitir y, en su caso, ejecutar cualquier orden, instrucción o requerimiento que tenga como finalidad interrumpir o suspender la entrega de los recursos que, por participaciones y/o aportaciones federales, correspondan al Municipio con posterioridad a la presente fecha y hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, es decir, para que el Poder Ejecutivo demandado no deje de ministrar en lo subsecuente los pagos de participaciones y/o aportaciones federales que le corresponden.
Y es que la Presidenta Municipal de San Juan Bautista lo de Soto, Samantha Caballero Melo, interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una controversia constitucional, contra la negativa del Gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el Secretario de Finanzas, Jorge Gallardo Casas, de ministrarle los recursos del ramo 28 y 33, los cuales ascienden a más de 2 millones de pesos.
También, informó que el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo de San Juan Bautista Lo de Soto, presentó ante la LXIII Legislatura, la solicitud de revocación del mandato del Síndico municipal, Pablo Anica Valentin, por impedir el funcionamiento del Ayuntamiento y la prestación de los Servicios necesarios como alumbrado, agua, recolección de basura, porque desde el 1 de enero, tiene retenidos vehículos oficiales en una casa particular.
Y es que han pasado 5 meses, sin embargo, Caballero Melo no ha podido desempeñar su cargo y en el proceso ha sido víctima de violencia política por parte de diversos actores locales, principalmente del Síndico Municipal, quien busca ocupar el cargo de presidente municipal.
En conferencia de prensa, acompañada de integrantes del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, recordó que desde el pasado 1 de enero, el Síndico Municipal, Pablo Anica Valentín, expresó que dejaba la primera concejalía solo por forma pero que él iba a ser la persona que iba a mandar en el municipio.
Ante los diversos hechos de violencia política, Samatha Caballero presentó un Juicio de Derechos Ciudadanos ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) el cual acreditó como violencia política de género las acciones contra la presidenta municipal, hechos que ratificó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Una de las formas para obstaculizar el pleno desempeño del cargo de la presidenta municipal son los recursos económicos destinados para el municipio, los cuales no han sido enviados, a pesar de que el próximo primero de junio se cumplirá medio año de que la presidenta tomara el cargo.
De acuerdo a la presidenta Municipal, al bloquear los recursos, la Secretaría de Finanzas del Estado revíctimiza a la presidenta municipal y coadyuva a la violencia en su contra, lo cual impacta directamente en la población pues hasta a fecha no se han realizado obras ni avances en beneficio de la comunidad.
Por ello, interpuso un Juicio para la protección de derechos políticos electorales ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, quien al resolver el expediente TEEO/JDC/13/2017 determinó violencia política de género y ordenó restituir en su cargo a la Tesorera Municipal.
Esa resolución fue impugnada ante la Sala Xalapa del Poder Judicial de la Federación, quien determinó confirmar la sentencia del TEEO en el expediente SX-JE-25/2017 y acumulados SX-JE-26/2017 y SX-JE-27/2017.
En la sentencia, se vinculó al Gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, para generar condiciones a fin de ejerciera sus derechos políticos electorales, en la vertiente de ejercicio del cargo.
Con las resoluciones antes señaladas, se solicitó a la Secretaría de Finanzas ministrar los recursos económicos que corresponden a mi municipio por concepto de ramo 28 y 33 provenientes de la Federación. Ante dicha petición, primero de manera verbal, le indicaron a la munícipe, que por instrucciones superiores no era posible, posteriormente mediante oficio le indican que debían presentar un acta de cabildo municipal.
Caballero Melo refirió que el día 11 de mayo de 2017, al acudir a conocer la respuesta, en la Secretaría de Finanzas, verbalmente le manifestaron que no le iban a entregar los recursos por instrucciones superiores, por lo que al no haber ningún otro recurso que hacer valer, se vio en la necesidad de acudir con la presente demanda de controversia constitucional.