Algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral –como es el caso de Lorenzo Córdova Vianello– enfrentan una batalla en dos frentes: acusan posibles fallas operativas por el recorte presupuestario para 2020 y se rehusan a recortar sus respectivos salarios para evitar que excedan a los del Presidente.
Las cifras oficiales indican que hay seis consejeros que ganan 64 por ciento más que Andrés Manuel López Obrador. Los consejeros también cuentan con prestaciones millonarias que superan por mucho a las del trabajador promedio, pero de acuerdo con el INE, “no hay abuso sino justa retribución”.
Efrén Flores
Ciudad de México (SinEmbargo).– Hace ocho meses, el Instituto Nacional Electoral (INE) promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los consejeros del organismo electoral buscaban mantener su nivel salarial de 2018, luego de que el Presidente de la República se recortara el salario en un 40 por ciento.
A principios de septiembre, la SCJN declaró “infundado” –sin descartar– el recurso de reclamo de los consejeros electorales. Ello implicó que los consejeros debían de acatar la Ley vigente y recortarse el salario, hasta que la Suprema Corte definiera la controversia promovida por el INE.
Sin embargo, hasta hace tres meses, al menos 130 funcionarios del órgano electoral –entre ellos el consejero Benito Nacif Hernández– promovieron amparos individuales para evitar la reducción de sus respectivos salarios.
De acuerdo con datos del INE al tercer trimestre de este año, seis consejeros electorales cobraron 177 mil 352.39 pesos mensuales libres de impuestos. Esta cantidad es 64 por ciento superior al sueldo neto estimado para el Presidente Andrés Manuel López Obrador: 108 mil 305.51 pesos al mes, según lo establecido en la “Nómina Transparente” de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
La Constitución de México (Artículo 127, fracción II) establece que “ningún servidor público podrá recibir remuneración […] mayor a la establecida para el Presidente de la República”. Pero también refiere (Artículo 123, apartado B, fracción VI) que “sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario en los casos previstos en las leyes”, reservados principalmente para el caso de obligaciones voluntariamente contraídas y cuotas institucionales.
Además, la Constitución establece (Artículo 127, fracción III) que un servidor público puede tener salarios más altos que su superior jerárquico cuando haya “condiciones generales de trabajo” que lo justifiquen, porque desempeña “un trabajo técnico calificado o por especialización en su función”, como en el caso de los consejeros electorales.
Sin embargo, ese mismo apartado indica que la retribución “no deberá exceder la mitad de la remuneración [54 mil 152.76 pesos para 2019] establecida para el Presidente de la República”.
Los consejeros electorales que ganan más que el Presidente y que incumplen con este límite constitucional son Adriana Margarita Favela Herrera, Benito Nacif Hernández, Ciro Murayama Rendón, Dania Paola Ravel Cuevas, Enrique Andrade González y Lorenzo Córdova Vianello.
En cambio los consejeros Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Beatriz Claudia Zavala Pérez, Jaime Rivera Velázquez, Jose Roberto Ruiz Saldaña y Marco Antonio Baños Martínez tienen ingresos netos por 92 mil 756.08 pesos mensuales; o bien, ganan 48 por ciento menos dinero que los otros seis consejeros electorales, de acuerdo con la información de salarios pagados por el INE al tercer trimestre de 2019.
LAS PRESTACIONES
Las reformas a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y al Manual de Remuneraciones del INE surtieron efecto negativo sobre las percepciones brutas de los consejeros electorales.
En comparación con 2018, la suma de montos por salario base, compensación garantizada, pago de fin de año y prima vacacional de los 11 consejeros para este año fue 19 por ciento menor (pasó de 3.7 a tres millones de pesos brutos al año).
De acuerdo con Lorenzo Córdova Vianello, estas reducciones de prestaciones “vulneran en mi perjuicio diversos derechos laborales y sociales”.
No obstante, la Junta General Ejecutiva del INE acordó este año (INE/JGE40/2019) que “las prestaciones contenidas en el Manual de Remuneraciones serán retroactivas al 1 de enero del 2019” y que a los altos mandos del INE, “quienes serán objeto de una reducción salarial”, les serán aplicables los nuevos tabuladores “sin menoscabo” de lo que resuelva la SCJN en la controversia constitucional promovida por el INE.
Con todo y reducción de prestaciones, y a pesar de ganar entre siete y 15 veces el salario promedio mensual (11 mil 391 pesos, según Inegi) de un trabajador con seguridad social, los consejeros electorales tienen beneficios superiores a los que la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece para la mayor parte de la población mexicana.
Como ejemplos están los aguinaldos, las primas quinquenales por antigüedad laboral y la prima vacacional.
El aguinaldo de un consejero electoral corresponde a “cuando menos 40 días de sueldo tabular” (65 mil 378.80 pesos al año), mientras que el de un trabajador común asciende a 15 días de salario ordinario (artículo 87 de la LFT).
Los consejeros también tienen bonos por cada cinco años de servicio, hasta llegar a un máximo de 25 años, por lo que pueden tener ingresos adicionales de entre 80 y 200 pesos por mes. En cambio, la mayor parte de los trabajadores acceden a una prima de antigüedad cuando renuncian de manera voluntaria a su trabajo (artículos 154 a 162 de la LFT). Dicha compensación es equiparable a 12 días de salario por año trabajado y aplica para quienes tienen un mínimo de 15 años de servicio.
En el caso de la prima vacacional, los consejeros electorales tienen derecho a cuando menos cinco días de sueldo base por cada periodo vacacional (20 días hábiles al año, en dos períodos de 10 días cada uno). Mientras ellos reciben un mínimo de 16 mil 345 pesos al año, el trabajador promedio tiene derecho a un máximo de 12 días de descanso con salario ordinario, más un 25 por ciento adicional (5 mil 103 pesos en promedio).
Las prestaciones económicas de los consejeros incluyen una paga máxima por defunción de 102 mil 680 pesos. Aunque también tienen derecho a estímulos por actuación y responsabilidad, así como a una gratificación de fin de año, al tercer trimestre de este año el INE no tuvo registro de gasto en estas dos partidas.
Como prestaciones “inherentes al puesto”, los 11 consejeros tienen derecho a un vehículo cada uno, así como gastos máximos de alimentación mensual por 11 mil 970 pesos.
También cuentan con cuatro tipos de seguro: colectivo de retiro (de entre 10 y 25 mil pesos), de gastos médicos mayores (por hasta 757 mil 707.50 pesos), de separación individualizado (de entre 14 mil 443 y 27 mil 375 pesos) e institucional (por una suma asegura básica de 40 meses).
LA PERSPECTIVA DEL INE
“En lo que tiene que ver con gastos siempre habrá área de oportunidad. […] Siempre estamos trabajando nosotros para buscar cómo mejorar la operación para ser más eficiente sin perder la eficacia”, dijo a SinEmbargo el Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina.
El funcionario detalló que hay gastos como el de vehículos y alimentos que responden al grado de responsabilidad y a las labores de los consejeros. Inclusive, la legislación complementaria al artículo 127 constitucional (artículo 3, fracción III de la LFRSP) refiere que la remuneración de los servidores públicos –incluidos sus beneficios sociales– “es proporcional a la responsabilidad del puesto”.
SinEmbargo también le pidió al INE que refiriera hasta qué punto se justifica o no la reducción salarial, ya que algunos consejeros ganan la mitad que otros y los puntos de vista se debaten entre los principios de austeridad y proporcionalidad salarial.
“La lógica de austeridad ha estado presente en el Instituto desde hace varios años, incluso sin la legislación recientemente expedida. En términos de derechos adquiridos por Condiciones Generales de Trabajo y de progresividad salarial no es justificable ningún tipo de reducción; la Cámara de Diputados al emitir el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio 2020, incluyó remuneraciones sin fundamento ni razonabilidad, y la SCJN señaló que la Ley de Remuneraciones que pretendió establecer bases para fijar los salarios es inconstitucional, por lo que hay un vacío legal que no ha sido cubierto por el legislativo”, respondió el área de comunicación social institucional.
“Si algunos consejeros ganan menos que otros –añadió– es un efecto provocado por resoluciones jurisdiccionales, no por virtud de los salarios fijados ni en el PEF, ni en los tabuladores institucionales”.
Cuestionado sobre las prestaciones “justificadas” (como vehículos y alimentos) y aquellas que exceden la Ley Federal del Trabajo (como los aguinaldos), si hay espacio para reducir prestaciones sin afectar los derechos de los consejeros y su desempeño como funcionarios, el organismo electoral contestó que “el INE tiene un régimen laboral especial, constituido por las Condiciones Generales de Trabajo, contenidas en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y de la Rama Administrativa y sus normas reglamentarias, por lo que la Ley Federal del Trabajo no es aplicable”.
También detalló que “al reducir o eliminar cualquier tipo de prestación se podrían afectar los derechos adquiridos otorgados por formar parte del Instituto, a través de sus Condiciones Generales de Trabajo”.
Por su parte, Edmundo Jacobo Molina dijo a SinEmbargo que el nivel salarial, las prestaciones y los beneficios de los altos mandos del INE son partidas presupuestarias que “se han venido controlando” y reduciendo “de una manera sistemática” en los últimos años.
“Es cierto que contamos sin duda con medidas de austeridad, pero también es cierto que el nivel de responsabilidad que tenemos algunos funcionarios de la institución, además con muchos años ya de desempeño en lo mismo, [justifican que] nos contratemos bajo ciertas condiciones porque consideramos que es apropiado que se respete”.
Jacobo Molina recordó que el tema de la reducción salarial y de prestaciones “ha sido tocado” con diputados federales, para un ajuste de parámetros salariales. En el INE “no hay abuso sino justa retribución”, concluyó el funcionario.
