Vicente Bello
Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó ayer la iniciativa de reforma a la Ley General de Educación que bajo la condición de “trato preferente” acababa de enviar el Ejecutivo Federal, con relación a la revalidación de estudios a migrantes.
Se afirmó en los considerandos que una vez que la apruebe también la Cámara de Diputados, la ley reformada estaría “garantizando que todas las personas que habitan en el país tengan las mismas oportunidades para transitar por todos los tipos y niveles del Sistema Educativo Nacional y agilizar la revalidación de estudios realizados en el extranjero”.
La reforma plantea también la garantía de que “todos los habitantes del país tengan las mismas oportunidades para transitar por todos los tipos y niveles del Sistema Educativo Nacional; al artículo 12, eleva a rango de ley la facultad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de establecer normas de control escolar que faciliten, en el caso de la educación básica, la inscripción, reinscripción, promoción, regularización, acreditación y certificación de estudios”.
Incluso, se facultará a la Secretaría de Educación Pública “a emitir un marco nacional de cualificaciones, dirigido a facilitar la movilidad de estudiantes en el sistema educativo; así como a autorizar a las instituciones particulares, con reconocimiento de validez oficial, y públicas a otorgar revalidaciones y equivalencias parciales de estudios de educación media superior y superior”.
Incluso, se mandata a la SEP y a todas las autoridades educativas del país a publicar en sus portales electrónicos la lista de instituciones autorizadas.
En su artículo 32 se “faculta a las autoridades educativas a implementar acciones dirigidas a atender, de manera preferente, a las personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, de identidad cultural, origen étnico o nacional o situación migratoria, entre otras”.
Artículo 33: “Se obliga a las autoridades educativas federal y locales a garantizar el acceso a la educación de las personas que no cuenten con documentos académicos o de identidad; así como cancelar la obligatoriedad de presentar actas de nacimiento o apostillas”.
Artículo 63: “Se establece que las autoridades educativas e instituciones que otorguen revalidaciones y equivalencias deberán promover la simplificación de dichos procedimientos, atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad”.
Hubo críticas, como la del senador Manuel Bartlett en cuyo curriculo figura haber sido el secretario de Educación Pública en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo. Bartlett dijo que “la reforma permite que las universidades privadas autoricen la validación de estudios en la educación superior, es decir, privatizar el procedimiento de validación o convalidación de estudios”.
