Jaime GUERRERO | EL PIÑERO
El Senado y la Cámara de Diputados aprobaron el Comité de Evaluación del Poder Legislativo de aspirantes a jueces, magistrados y ministros que serán sometidos a elección en junio del 2025.
En la Cámara de Diputados el pleno aprobó, con 326 votos a favor y 112 en contra, el Comité de Evaluación que trabajará para calificar a los candidatos a jueces, ministros y magistrados.
En el Senado, el acuerdo se aprobó con 75 votos a favor y 40 votos en contra.
Los electos son Maday Merino Damián, quien es Licenciada en Derecho y maestra en Derecho Civil por la Universidad Autónoma de Tabasco, fue la primera mujer en presidir el Instituto Electoral de Tabasco.
Participó en el último proceso para elegir consejeros electorales del INE.
Maribel Concepción Méndez de Lara, Magistrada Tribunal Superior Agrario, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas y cuenta con una maestría en Gestión Pública del CIDE.
Ana Patricia Briseño Torres, Presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia, electa por mayoría en el Congreso de Sonora en 2023.
Andrés Norberto García Repper Favila, quien fue miembro del Comité Técnico de Evaluación de aspirantes a consejeros electorales en el proceso pasado.
María Gabriela Sánchez García, Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa.
Todos afines a Morena.
En la cámara de diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que por más que les insistió a los partidos de oposición para que presentaran a sus candidatos, estos rechazaron la invitación, manifestando que le hubiera gustado que los partidos políticos distintos a su coalición hubieran presentado perfiles para analizar y valorar.
Siento y creo que es una quinteta confiable, a pesar de que ha sido descalificada. Los resultados nos darán la razón en la selección de aspirantes a estos puestos”, expuso.
Rubén Moreira, coordinador del PRI, afirmó que no presentaron terna porque saben que es ilegal, al violarse las suspensiones dictadas por jueces, además de que los presentados son gente ligada al gobierno y al partido oficial.
La panista Paulina Rubio calificó como una farsa las propuestas del comité, algo que ya aprendió hacer de manera muy puntual Morena, que ya saben lo que es evaluar a la gente que sale pésimamente evaluada, como lo hicieron con las ternas del INE.
Agregó que hay integrantes del comité que fueron representantes de Morena en CDMX y también a personas que son simpatizantes del Partido del Trabajo (PT) en Sonora, “esas son las personas que ustedes pretenden que elijan quién va a estar en una boleta”.
El acuerdo aprobado por la cámara de Senadores, fue remitido a la Cámara de Diputados para que continúe su trámite legislativo y para que, a más tardar el 31 de octubre de 2024, pueda quedar instalado el Comité de Evaluación.
El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, refirió que la Constitución Política establece que cada Poder de la Unión debe integrar un Comité de Evaluación, para la selección de candidaturas que participarán en la elección de los distintos cargos que integran el Poder Judicial de la Federación.
Recordó que la Cámara de Senadores recibe las declinaciones de las personas juzgadoras que no buscarán participar en los comicios.
Informó entonces que, hasta las 12:32 horas, el Senado ha recibido la declinación de 78 juezas y jueces, y de 181 magistrados y magistrados; así como 15 juezas y jueces que, si bien declinan a participar en la responsabilidad que hoy tienen, aspirarán a un cargo diferente al que ostentan; además, de 16 magistradas y magistrados que están en la misma condición.
Enrique Inzunza Cázarez, de Morena, dijo que al Senado de la República le corresponde acatar la norma constitucional que le ordena integrar el Comité de Evaluación, el cual tiene a cargo el proceso de valoración de la idoneidad profesional y ética de quienes aspiran a ser personas juzgadoras. Por eso, a la Constitución Política se “le asume como ley fundamental o se pretextan argumentos pueriles”.
En contra, el senador Ricardo Anaya Cortés, del PAN, concedió que su grupo parlamentario no coincide del todo con la resolución del ministro Juan Luis González Alcántara de declarar parcialmente inconstitucional la reforma al Poder Judicial.
No obstante, sí comparten que la Corte es competente para resolver sobre la inconstitucionalidad de una reforma, y que el Legislativo no es el Constituyente de 1917, sino el Poder revisor que debe respetar principios fundacionales y derechos humanos.
Carolina Viggiano Austria, del PRI, denunció que la reforma se hizo para “apoderarse” del Poder Judicial, no para mejorar la justicia, por lo que declaró que su grupo parlamentario está en contra de este Comité de Evaluación, porque “todo el proceso es anticonstitucional, representa un retroceso, es antidemocrático y una mentira”.
El senado del PVEM, Luis Alfonso Silva Romo, señaló que “son falacias” los argumentos que dicen que a la elección de jueces, magistrados y ministros la va a controlar un partido, cuando es el pueblo quien en realidad los elegirá. “Hoy se está ante la lealtad de la Constitución o ante la deslealtad a la misma”.
Alejandro González Yáñez, del PT, afirmó que la Constitución vigente es inatacable, y por ende la elección de jueces, magistrados y ministros es viable, lo que significa que el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá es producto de la “corrupción”, por lo que llamó a los ciudadanos a elegir a las personas juzgadores como lo señala la norma y como lo pide el mandato popular.
Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, justificó que no acompañarían el acuerdo de integración del Comité de Evaluación para elegir a las personas juzgadoras, “porque no pueden legitimar esta simulación antidemocrática, mucho menos cuando se presentan perfiles con ligas probadas hacia el oficialismo y porque la selección se realizó a espaldas de los demás grupos parlamentarios”.
