#Metadatos | En los últimos cinco años, el Gobierno mexicano ha puesto en operación varias interfases digitales para su consulta pública en los que trata de unificar y organizar la información sobre las víctimas de desaparición forzada, problemática de la que todavía no se cuenta con cifras oficiales.
En este periodo, se han diversificado las propuestas, desde la creación de una plataforma para difundir cédulas, hasta el más reciente creado tras el decreto del a Ley General en Materia de Desapariciones. Sin embargo, no cuentan con la información completa y para familiares y organizaciones civiles han contribuido a minimizar la problemática y omitir información.
Ivonne Ojeda de la Torre
Ciudad de México (SinEmbargo).– Durante el sexenio pasado, la Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR), inició –luego de varios años de que la crisis de desaparecidos fue negada por el Gobierno de México– el Programa de Difusión de Personas Desaparecidas con el que supuestamente se avanzaría en materia de accesibilidad y transparencia en cuanto a los datos sobre las miles víctimas de desaparición forzada en todo el país.
El programa incluyó el desarrollo de una plataforma digital que todavía es alimentada con cédulas de personas desaparecidas bajo en título de #HasVistoA. Sin embargo, desde sus inicios especialistas en la materia señalaron que no presentaba la información completa. A casi cinco años de su surgimiento, en la plataforma existen 2 mil 107 casos registrados de víctimas de desaparición forzada acumulados durante el sexenio anterior y el actual, todo en medio de una laguna informativa alimentada por omisiones, irregularidades y falta de información.
A pesar de que el portal es de consulta pública, en número de cédulas con el que cuenta es mínimo en comparación con la problemática real.
Este registro es una muestra de la desorganización que padece México desde hace años en cuanto a las bases de datos digitales, disponibles para su consulta pública sobre desapariciones forzadas, una problemática de la que todavía no se cuenta con una cifra oficial.
#HasVistoA opera en colaboración con las autoridades y la iniciativa privada a través de la plataforma web, las redes sociales y medios de comunicación digital, y coexiste con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), creado a partir del decreto de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas.
En entrevista con SinEmbargo, familiares de víctimas y colectivos señalan que este registro, a pesar de ser el más reciente, podría haber migrado información con inconsistencias de otras bases de datos.
LAS FALLAS
En Veracruz, el Registro Público de Personas Desaparecidas (REPUPEDES) se creó en el 2017, mismo año en que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz emitió la recomendación 01/2017 debido a que identificó irregularidades en 81 investigaciones de desaparecidos, además de “cumplimiento deficiente” en cuanto a la reparación en casos de violación de Derechos Humanos.
El portal fue promovido como una forma de organizar la información de las víctimas de desaparición forzadas en una de las entidades más afectadas por esta problemática. En la actualidad, este portal todavía presenta omisiones de información a pesar de que en julio de este año el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó a la Fiscalía General del Estado que actualizara este registro, todavía presenta problemas como ausencia de estadísticas y fichas incompletas de personas desaparecidas.
En entrevista con SinEmbargo, Lucía de los Ángeles Díaz Genao, coordinadora del Colectivo Solecito, señaló que el portal presenta omisiones graves y al menos 185 personas desaparecidas que no fueron incluidas en la base de datos, entre ellas, su hijo, Luis Guillermo quien desapareció desde el 2013.
“El registro (REPUPEDES) iba a ser un referente en ordenar las cifras y los nombres de los desaparecidos, pero resultó ser un fiasco, porque no ordenaron nada y las cifras nunca las dieron, nunca dieron cifras de los desaparecidos,” aseguró la activista.
Lucía de los Ángeles Díaz considera que la falta de información en la plataforma contribuyó a que en la cifra de desaparecidos en Veracruz se redujera, y que incluso las omisiones pudieron migrar al portal federal de desaparecidos creado a partir de la nueva ley.
“En la cifra que dio Alejandro Encinas (Subsecretario de Derechos Humanos) de 40 mil desaparecidos, algo así. En esa cifra Veracruz aparece con menos de mil desaparecidos. Esas omisiones que aparecen en el registro de Veracruz pasaron al otro y es lo mas seguro que se pasaron,” indicó.
Mientras que la negra que estima el colectivo Solecito rebasa las 16 mil personas desaparecidas, la coordinadora del colectivo señala que las autoridades intentaron minimizar la problemática al promover la plataforma digital como una solución al caos.
“Ese registro el Fiscal lo ponía como su gran logro, en ese momento era Jorge Winckler, él lo mencionaba como el gran logro, ahí se iban a poner todos los nombres de los que hubiera denuncia en ese delito. Yo me acuerdo que costó caro, no recuerdo, pero creo que 5 millones. Se suponía que ellos iban a alimentarlo con información y la sorpresa que nos llevamos ahora es que hay 185 personas que no aparecen en este registro entre ellos mi hijo, es imperdonable,” indicó la coordinadora.
Uno de los problemas que el colectivo ha detectado es la vinculación de información de un caso con otro, lo que es una muestra de la desorganización que prevalece en el portal.
“El registro es un caos a veces no aparece nada de datos, yo no me imagino qué valor tendrá eso en términos de información, un nombre sin ningún otro dato, no sabemos cómo llegó hasta ahí,” expresó.
La crisis de desaparecidos en Veracruz alcanza a los niveles más altos de la Fiscalía de Veracruz. El 3 de septiembre el Congreso de Veracruz resolvió remover temporalmente de la titularidad de la Fiscalía a Jorge Winckler Ortiz por no acreditar los exámenes de confianza, días más tarde, el 21 de septiembre se dio a conocer que un Juez de la entidad giró una orden de aprehensión en su contra por su posible implicación en el delito de secuestro.
Wickler fue señalado por diversos colectivos de familiares de desaparecidos en diversas ocasiones por entorpecer las investigaciones.
Según la coordinadora, el portal veracruzano terminó en una simple simulación en medio de lo que consideró “una catástrofe humanitaria de dimensiones colosales”.
EL CASO JALISCO
En el mes de marzo, el Gobierno de Jalisco puso en operación otro portal de este tipo al que llamó Sistema de información sobre Víctimas de desaparición (Sisovid). Esta entidad ocupa el tercer lugar en víctimas de desaparición forzada y este 2019 los casos se han multiplicado en comparación con el año anterior en el que inició una profunda crisis de violencia en todo el estado.
En entrevista con SinEmbargo, Anna Karolina Chimiak, coordinadora del área de incidencia del Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo (CEPAD) señaló que el contexto de Jalisco es agravado por la actitud del Gobierno del Estado, presidido por Enrique Alfaro Ramírez de minimizar la problemática incluso desde el empleo de la terminología para referirse a las víctimas de desaparición forzada.
“A lo largo de los años hemos visto una tendencia en cuanto a minimizar y en cierta forma también maquillar, ocultar la información sobre las personas desaparecidas puesto que en dicha plataforma se habló de más de 7 mil personas pero ni siquiera se las nombró “desaparecidas” sino “pendientes de localizar”
De acuerdo con al especialista en violaciones de derechos humanos, la plataforma Sisovid presenta discrepancias en las cifras que arroja sobre personas desaparecidas y las que identifica como “no localizadas”. Según las estimaciones del CEPAD, la cifra de desaparecidos en Jalisco pudo restar mil 500 debido a que en la plataforma se les designó como “no localizados” o “pendientes de localizar”.
“Se redujo la cifra de personas desaparecidas alrededor de mil 500 personas en la entidad. Supuestamente de basaban en la Ley federal en materia de desaparición donde se habla de que la persona no localizada es la persona cuya ausencia no se relaciona con ningún delito. Sin embargo conforme a la misma legislación cuando transcurren 72 horas hablamos presunción del delito, entonces esas personas ya deben de ser consideradas desaparecidas,” observó la coordinadora del Cepad.
De acuerdo con Karolina Chimiak, este año, la violencia recrudecida en la entidad ha generado nuevos riesgos para las familias de las víctimas de desaparición forzada que buscan a sus seres queridos a pesar de las inconsistencias en la información que proporciona el Sisovid y del rebase de las autoridades periciales quienes de acuerdo con Chimiak, necesitan nuevas capacitaciones para hacer frente a la crisis de violencia que enfrenta el estado.
“Este año hay mayor número de hallazgos en fosas clandestinas, en Jalisco de manera particular. En esa nuevas prácticas de inhumar y ocultar los cuerpos en zonas habitacionales y en casas de seguridad o casas de muerte es importante señalar el grado de sofisticación. Hay limitado uso de los equipos tecnológicos y nuevos riesgos en cuanto a la participación por parte de familiares de personas desaparecidas,” indicó la especialista.
LAS REDES SOCIALES
A pesar de la inversión en la creación de portales digitales para la difusión de información y su las problemáticas que presentan. Las familias de las víctimas toman la iniciativa y articulan redes a través de las redes sociales.
A lo largo de los años, colectivos, activistas y familiares de las víctimas, han creado grupos en redes como Facebook que fungen como canales de difusión. Fotografías y señas particulares de personas desaparecidas fluyen con mayor rapidez a través de estos canales que a través de las cédulas que difunde la Fiscalía general por medio del programa #HasVistoA.
Con el paso de los años, esta difusión ha incorporado protocolos para canalizar con mayor efectividad la información. Es el caso del empleo de hashtags como #HastaEncontrarles, #VivosLosQueremos, #TeBuscamos y otros más.
En este contexto, Metadatos monitoreó la actividad en Twitter de estas etiquetas y encontró que son empleadas en todo el país, pero sobre todo en entidades como Jalisco, Estado de México, y Veracruz en donde los casos son más frecuentes.
