Jaime GUERRERO
Oaxaca.- El Fiscal Especializado en Combate la Corrupción, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, reveló que para el combate a la corrupción en Oaxaca e investigar a los ex funcionarios del sexenio de Gabino Cué Monteagudo, procesados por presuntos desvíos de recursos, trabaja con 1 ministerio públicos, 1 policía de investigación y tiene de presupuesto asignado para éste 2018.
Eso exhibe la falta de cooperación de la Fiscalía General del Estado, a cargo del tristemente celebre, Rubén Vasconcelos Méndez, quien se ha dedicado a tareas de espionaje político contra su par.
Hasta el momento, en coordinación con la Contraloría del Estado, solo se ha logrado recuperar 2.5 millones de pesos de los recursos que presuntamente malversaron ex funcionarios del sexenio de Cué Monteagudo.
Iruegas Álvarez, admitió que la falta de personal ha rezagado los trabajos, porque solo hay 1 solo ministerio público en audiencia de detención y vinculación de proceso.
No obstante, se han tenido 10 audiencias posteriores a la vinculación de los ex funcionarios de Gabino Cué Monteagudo, están presenten en los informes justificados de recursos que se tienen que presentar en los amparos interpuestos.
Pese a ello, solo tiene 1 solo policía de investigación adscrito la Fiscalía Anticorrupción, mientras que hay más de 2 mil carpetas de investigación y averiguaciones previas. Iruegas Álvarez, explicó que en un procedimiento penal, indica que es el policía y no el MP, quien debe de generar los actos de investigación “y es complicado que con 1 policía se camine a una velocidad mayor”.
Aunado a ello, el presupuesto para este 2018, es de cero, no hay etiquetados recursos ni presupuesto.
Hasta el momento, en coordinación con la Contraloría del Estado, solo se ha logrado recuperar 2.5 millones de pesos de los recursos que presuntamente malversaron ex funcionarios del sexenio de Cué Monteagudo.
Pese a ello, aseguró que trabajan en acreditar ante el Ministerio Público, en la reparación del daño, pero por los amparos interpuesto no se ha podido llegar a ese momento, pero una vez que se revuelvan pedirán la reparación del daño, de ser condenada la persona.
Sin embargo, el Congreso del Estado, debe de aprobar la incorporación en el código penal, la incorporación de los delitos cometidos por servidores públicos, porque hasta el momento se tiene que esperar a una sentencia condenatoria.
De existir la extinción de dominio, explicó que no se entra al debate si es culpable o inocente hasta al final de juicio y así se le puede regresar al Estado de forma más rápido el dinero malversado.
No obstante, dentro de las limitantes que se tienen, al día de hoy se llevó a cabo un proceso reparatorio en el cual son 2.5 millones de pesos.