México.- Filiberto es un exmilitar, excatequista y exinstructor de zumba, capturado en 2014 por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Elionahe Chávez Rivera, una joven de 32 años, y de otras cuatro niñas y adolescentes, todas del municipio de Tamuín, San Luis Potosí.
La captura de Filiberto fue producto de una investigación exhaustiva, pero no de las autoridades, sino de la familia de Elionahe.
El ministerio público, en cambio, siempre puso de pretexto la “falta de recursos” para realizar diligencias de búsqueda.
La familia tuvo que realizar su propia indagatoria e incluso contrató a un detective privado que consiguió la relación de llamadas telefónicas y mensajes de texto con los que el sospechoso acosaba a su víctima.
La familia de Elionahe también recabó videos de cámaras de vigilancia en donde se ve a Filiberto asechando el centro de trabajo de Elionahe y solo entonces las autoridades de San Luis Potosí decidieron capturarlo.
Ya detenido, Filiberto confesó el homicidio de Elionahe y de otras cuatro mujeres. Luego se retractó de esa confesión y alegó que fue torturado, pero en su primera declaración dijo dónde había depositado los cuerpos de sus víctimas y ahí los encontraron.
Por cierto, la localización de los cuerpos tampoco la realizó la Procuraduría estatal, sino nuevamente las familias de las jóvenes asesinadas.
“La autoridad les dijo ‘vayan a ver si lo que está diciendo Filiberto es cierto’ y sí, las familias fueron a esos lugares y le confirmaron a la autoridad que ahí había restos”, cuenta el abogado David Peña, abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humano que da acompañamiento a la familia de las víctimas.
Cuando las familias intervienen en la investigación, subraya el abogado, los casos avanzan, a pesar de la carencia absoluta de herramientas que tienen.
Sin embargo, cuando la autoridad interviene, la investigación se entorpece.
Un ejemplo: cuando la Procuraduría estatal acudió por los restos ubicados en Tamuín, sólo recogió algunos huesos, y el resto los dejó por presencia de “lodo”, tal como reportó el agente del Ministerio Público, Antonio Ortega Hernández, encargado de la diligencia.
Las autoridades tardaron dos años en volver al sitio y, cuando llegaron ya no encontraron nada.
También con el argumento de falta de instalaciones, la autoridad ha perdido las pocas evidencias que sí se lograron recuperar.
“La Procuraduría de San Luis Potosí no tiene un lugar adecuado para preservar la evidencia –asegura Peña– y entonces, cuando encuentran el cuerpo de Elionahe, su ropa la entregan a la familia, sin haberle practicado ningún estudio. Esa evidencia era fundamental para saber en qué lugares estuvo la víctima antes de ser asesinada, pudo haber fluidos del atacante, particularidades de la tierra, pintura… pero como la Procuraduría no resguardó la evidencia, se perdió”.
En el caso de otra de las víctimas de Filiberto, menor de edad, la autoridad recuperó seis huesos. Incineró cinco, sin consultarlo con nadie, y preservó uno para “investigar”. Luego perdieron el único hueso que habían guardado.
Con otra de las víctimas del mismo caso, su cuerpo fue encontrado cubierto con una colchoneta. La autoridad no hizo ningún estudio a la colchoneta y terminó pudriéndose.
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En noviembre de 2017, autoridades de Sinaloa recuperaron un cuerpo femenino de una fosa clandestina excavada en un llano, detrás del Hospital de la Mujer de Culiacán.
Tal como consta en los registros fotográficos del momento, el cadáver lo procesó personal de una funeraria privada, no peritos médicos o antropólogos forenses.
La explicación: en esta ciudad, capital del estado, no hay personal ni equipo suficiente para levantar todos los cadáveres que la violencia del crimen organizado va dejando.
“El levantamiento del cuerpo ni siquiera lo hacen los peritos o los de la Fiscalía de Homicidios, aunque estén ahí: lo hace personal de funerarias. Ellos son los que arrancan los cuerpos del suelo”, explica María Isabel Cruz, mamá de Yosimar García Cruz —un policía sinaloense desaparecido—, y fundadora del grupo estatal de familias buscadoras Sabuesos Guerreras.
Juan Carlos Saavedra, hermano de José Antonio, otro policía sinaloense desaparecido, precisa el hecho: “Cuando llegan (los de las funerarias), literalmente arrancan un pie o una mano con las palas, y eso no se hace”.
Debido a estos procedimientos, detalla Juan Carlos, paramédico de profesión, se alteran los resultados de las posteriores necropsias que se hacen a las víctimas, ya que a los cuerpos se les añaden nuevas lesiones y, como el personal de las funerarias no está capacitado, generan que las evidencias se contaminen, se pierdan o abandonen.
En marzo de 2018, el grupo Sabuesos Guerreras recuperó una cabellera de mujer, aún atada con una cinta, así como una vértebra humana, del mismo llano ubicado detrás del Hospital de la Mujer de Culiacán en el que meses antes fue hallado el cadáver de una mujer.
Hasta el momento no se sabe si la cabellera y la vértebra pertenecen a la víctima encontrada previamente o a otra persona. Pero en cualquiera de los dos casos, subrayan las familias de desaparecidos, se trata de evidencia abandonada por la autoridad que nunca llegó al laboratorio o a la carpeta de investigación.
La hipótesis oficial, no obstante, es otra: “ese es un lugar donde tiran basura. Entonces, puede ser que algún estilista cortó ese cabello y lo tiró ahí”, según Marco Antonio Hernández Avilés, director de la Policía de Investigación de Sinaloa.
Esa versión no se sustenta en ningún examen pericial.
Sólo entre 2010 y 2014, en México fueron recuperados —además de cadáveres— al menos 5 mil 272 “restos humanos”, es decir, fragmentos de cuerpos y huesos de 372 fosas clandestinas, según el estudio de la Universidad Iberoamericana publicado en 2017.
Pero es imposible saber a cuántos cuerpos pertenecen, porque no se hacen peritajes.
Y los fragmentos se acumulan. El grupo Sabuesos Guerreras recuperó 5 mil 217 fragmentos de huesos humanos apenas el 11 de junio de 2018.
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Desde hace cinco años, Mónica Orozco busca a su hijo Ulises, un joven desaparecido del que se supo por última vez cuando fue atacado por el personal de seguridad privada de un concierto al que acudió en el estado de Hidalgo, según se documentó en video.
Cuando Mónica pidió al Ministerio Público de Hidalgo que buscara en las minas cercanas a la zona del concierto para ver si estaba el cuerpo de su hijo, un policía de investigación le dijo que “si el cuerpo de mi hijo estuviera ahí, que dejara que lo sacaran los perros”
“En la vida se me va a olvidar”, dice.
Mónica reparte desde entonces carteles con la foto de su hijo y acude a los servicios forenses del país para buscar a Ulises.
El 15 de febrero de 2018, Mónica y otras dos madres de personas desaparecidas —una en el Estado de México y otra en la Ciudad de México— obtuvieron acceso al Forense de Morelos, el mismo que en 2010 excavó clandestinamente una fosa en el municipio de Tetelcingo, donde por más de tres años mantuvo ocultos un centenar de cadáveres, “como basura”.
El área denominada “Identificación Humana”, donde Mónica y las otras dos mamás fueron recibidas, es una oficina pequeña. Sus escritorios están adornados con cráneos de cerámica y encima de un archivero reposa una taza de café con un emblema nazi. De la puerta cuelga una bata manchada de sangre.
En ese escenario, la encargada del área les dijo que, a tres años del escándalo de Tetelcingo, todo el sistema para procesar restos humanos en Morelos ha sido modernizado, pero sólo hay información generada a partir de 2015. Los hijos de las tres mujeres desaparecieron entre 2010 y 2014.
“Les soy honesta –les explicó la funcionaria–: antes de 2015, la Unidad de Identificación Humana no existía, era distinta la forma de trabajar y no tenemos nada de los cuerpos encontrados antes de ese año. Los cuerpos de Tetelcingo pertenecen a esa época, pero aún no tenemos el catálogo completo”.
Aún así, la funcionaria les tomó sus datos personales y los de sus hijos desaparecidos y les prometió integrarlos al expediente de personas desaparecidas.
Sin embargo, para las madres no pasa desapercibido que en la oficina de “Identificación Humana” la carpeta en la que se guardan todos los reportes de personas desaparecidas reposan, literalmente, junto al bote de basura.
