Jaime GUERRERO
Oaxaca.- De acuerdo a un diagnóstico del Gobierno del Estado, tan solo 15 organizaciones sociales (de mayor presencia en las regiones), demandan al Gobierno más de 3 mil millones de pesos en programas, obras, apoyos y recursos que pretenden canalizar para hacerlo llegar sus militantes o simpatizantes, para que al final se convierta en clientelismo político electoral.
Por lo pronto, el Gobierno del Estado, estableció en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2022, que las organizaciones sociales que operan en la entidad, se han radicalizado, eso las ha hecho crecer e identifica 425 organizaciones que operan en regiones del Estado.
Actualmente el PED se encuentra en el análisis de la LXIII Legislatura, varado al seno de la Comisión de Presupuesto y Programación, sin embargo, tendrá que ser presentado ante el pleno del Congreso, para su urgente aprobación.
Por lo pronto, la LXIII Legislatura exhortó al Gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, informarle el monto que destina en apoyos financieros a las organizaciones sociales, los criterios para su asignación, así como el nombre de las organizaciones beneficiadas y la periodicidad con la que se hace.
De acuerdo al coordinador de los diputados locales del PAN, hoy existe una grave y justificada sospecha que muchos de recursos se quedaron en bolsillos de un puñado de servidores públicos aliados de organizaciones.
“Cerremos las heridas de esa dolorosa historia que alimentó con recursos públicos el surgimiento de movimientos y organizaciones con un supuesto sustento social, pero que evidentemente solo buscaban la desestabilización del estado y estuvieron tuteladas por funcionarios de primer nivel que se sirvieron con la cuchara grande al repartir recursos sin control ni medida en contra del interés de la sociedad oaxaqueña”, demandó el panista.
Mendoza Reyes indicó que resulta paradójico que para preservar la paz y la democracia haya que incurrir en manejos poco transparentes e injustificados de recursos públicos, cuando el principio de la paz y de la democracia es justamente la obediencia de la ley y del mandato popular.
Urgió a que el diálogo y el acuerdo político -con arreglo al marco legal-, sea lo que defina la vida interna del estado y no la convicción política de hacer prevalecer el interés de unos pocos en agravio del interés de la mayoría.
Y es que dijo que el arranque del nuevo gobierno con Murat Hinojosa ha sido el banderazo de salida para que numerosas organizaciones sociales y gremiales manifiesten sus exigencias, muchas de ellas legítimas y transparentes, muchas de ellas no, mediante actos de presión política en distintos puntos de nuestro territorio.
Organizaciones redentoras
Y es que de acuerdo al diagnostico del Gobierno del Estado, tan solo el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) que dirige, Rufino Merino Zaragoza, ha exigido ante el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, 2 mil 100 millones de pesos en demanda “social” para sus agremiados y zona de su zona de influencia.
Mientras que el Frente Amplio de Lucha Popular (FALP) que dirige el violento, Gervasio García Martínez, ha solicitado más de 650 millones de pesos en programas, obra pública, entre otros esquemas de beneficios para sus agremiados.
Cabe destacar que actualmente García Martínez, fue desconocido por sus agremiados por presunta malversación de recursos que recibió en ejercicios fiscales pasados.
Las organizaciones sociales, provienen de todos los partidos políticos, principalmente del PRD, PT, MC, Morena, Magisterio, PSD, PUP, PRI, PAN, PES, Nueva Alianza. Todos incurren en el clientelismo.
De acuerdo con fuentes de la Secretaría General de Gobierno, son cerca de 80 los más activos, que cierran carreteras o calles; marchan o vandalizan periódicamente por recursos y exigiendo atención a sus demandas.
En el 2016, se reveló en medios de comunicación que desde el primer año del gobierno de Gabino Cué, se daba anualmente aproximadamente 325 millones de pesos a unas 50 organizaciones. Entre los más beneficiados se encontraban el MULT, Codeci y FALP, estas últimas las más radicales.
Lo mismo la priísta, Antorcha Campesina, que en el sexenio anterior mantuvo un “plantón” por más de medio año en el corredor exterior del Palacio de Gobierno para exigir solución al conflicto agrario entre San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama. Lo mismo, demandaba cumplimiento a sus demandas.
Recientemente, el ex diputado Jesús López Rodríguez, formó su propio Frente Democrático Popular, con el cual también exige recursos financieros para obras, principalmente en la región Mixteca.
Otras de las organizaciones del PRD, con mayor presencia en la región del Istmo de Tehuantepec, fue la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI), y uno de sus fundadores fue Héctor Sánchez López, cuya hermana, Gloria, es actualmente presidenta municipal de Juchitán.
Otras de las fracciones, es encabezada Roberto López Rosado, Leopoldo de Gyves, y sus hijos y sobrinos lo mismo tienen membretes con los cuales lucran con la pobreza.
Por otro lado, el PUP de Uriel Díaz Caballero, y la “23 de Octubre”, de Alejandro Escobar Sánchez y Saúl Pazos, hijo del finado líder, tiene su propia agenda y demandas.
En tanto, la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), es arropada por la diputada del PVEM, Nallely Hernández.
Comuna Oaxaca, de Flavio Sosa Villavicencio, César Mateos y Efraín Alinarez, han protagonizado movilizaciones y se han inmiscuido en conflictos políticos, agrarios y electorales que han derivado en la muerte de personas. Somo es el caso de Santiago Choapan, Santa María del Mar, San Agustín de las Juntas y San Sebastián Nopalera.
Lo mismo, Sosa Villavicencio, ha sostenido encuentros con el gobernador del estado, para plantear soluciones a sus demandas de diversa índole.
El Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca (FACMEO) es una agrupación arropada por la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, también la que lidera Germán Mendoza Nube, del Frente Popular Revolucionario (FPR), que lo mismo se ha reunido con Murat Hinojosa.
De su lado, Macario Otalo Padilla, líder del Frente Popular Revolucionario (FPR), que ha tenido también dos divisiones, una de las cuales es “Sol Rojo” y otras es el Frente Popular “14 de Junio”. No obstante, Otalo Padilla ha sostenido encuentros con el Gobierno del Estado.
En tanto, “Lubizha” Manuel Antonio López Pacheco, recientemente exigió al Gobierno del Estado, 50 millones de pesos para sus afiliados; para ello, cerró la gasolinera Fonapás el 8 de febrero. López Pacheco, ha sido señalado de presuntos desvío de recursos y rasurar el dinero de los beneficiarios, junto con su papá.
El Comité de Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi), de Abraham Ramírez, es característica por su violencia para exigir millonarios recursos y beneficios para sus afines y zona de influencia. Mientras que en la Cuenca el Comité de Defensa de Derechos Ciudadanos (Codeci), lo mismo cierra carreteras que “toma” casetas de cobro y autobuses para movilizarse.
PED diagnostica organizaciones
En medio de la vorágine monetaria que significan las organizaciones sociales, en el PED 2016-2022, de Murat Hinoojsa, establece que en buena medida la evolución de las organizaciones sociales se debe a la transformación de solicitudes en exigencias de atención a sus demandas, y la radicalización de las formas utilizadas para generar presión al gobierno a favor de sus objetivos, ello mediante actos o acciones que provocan la sensación de ingobernabilidad.
En su diagnóstico, el PED, indica que la mayoría de las organizaciones son de tipo político y social, que exigen: infraestructura básica, vivienda, proyectos productivos, apoyos agrícolas, educación, concesiones de transporte, becas, entre otros.
“El desarrollo político-social y económico de Oaxaca se ha visto identificado con la aparición de organizaciones de tipo político y social, principalmente”, plasma.
Sin embargo, concede que los principales conflictos que se presentan son postelectorales, con organizaciones sociales, de tipo agrario y sindicales.
No obstante, el PED atribuyó a las organizaciones sociales el surgimiento de conflictos en las comunidades, principalmente indígenas.
Y es que en el diagnóstico de “gobernabilidad y paz social” del PED 2016-2022, la administración de Alejandro Murat Hinojosa, señala que estos grupos organizados asumen la representación de los gobiernos municipales indígenas y se convierten en sus “portavoces” a pesar que son agentes externos a la comunidad.
“Esta correlación vuelve también a dichos agentes en intermediarios que solicitan e incluso exigen y reclaman apoyos en favor y a nombre de las propias comunidades, y ese circunstancia, cuando no encuentra respuesta a la totalidad de sus demandas, usualmente se traduce en situaciones de conflicto”.
Y es que para presionar al cumplimiento de demandas, lo mismo cierran carreteras “toma” casetas de cobro y autobuses para movilizarse, cierran vialidades en la capital, crean caos urbano y social, violentan derechos de terceros al impedir el libre tránsito, entre otras muchas acciones para que el Gobierno del Estado, cumpla a sus demandas.
