Por: Carlos E. Cué
El endurecimiento de la política migratoria de Mauricio Macri, que ha aprobado un decreto para expulsar con más facilidad a los extranjeros que delincan y evitar que entren en el país quienes tengan antecedentes, ha provocado un conflicto importante con Bolivia. Evo Morales, que criticó con dureza a Macri y le acusó de acercarse a las políticas de Donald Trump, envió una delegación a Buenos Aires liderada por el presidente del Senado, José Alberto Gonzáles, para mostrar su malestar y rebajar la tensión. “El temor de los bolivianos es que se desate una ola de persecución por portación de rostro, que se persiga a gente que viene a trabajar con la excusa de la lucha contra la delincuencia. Se ha exacerbado el tema, ha aparecido una ola de xenofobia pero en el Gobierno argentino nos aseguran que no es esa la intención del decreto. Estamos tratando de rebajar fantasmas, la reunión ha sido positiva”, asegura a EL PAÍS Gonzales después de encontrarse con el vicecanciller argentino, Pedro Villagra.
El Gobierno de Macri insiste en que no tiene ninguna intención de estigmatizar a los inmigrantes, que Argentina sigue siendo un país abierto –el preámbulo de su Constitución es muy claro al hablar de “todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”- pero algunas declaraciones, en especial de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, han aumentado la tensión con Bolivia, Perú y Uruguay, los países que más ciudadanos tienen en Argentina. Un diputado de este país, Alfredo Olmedo, llegó a pedir que se construyera un muro con Bolivia y Evo Morales explotó. “Hermanos presidentes latinoamericanos: seamos patria grande, no sigamos políticas migratorias del norte. Juntos por nuestra soberanía y dignidad’, lanzó en Twitter. “Las políticas discriminatorias que condenan la migración y la consideran causante de la delincuencia, narcotráfico, trata, terrorismo y freno al derecho al desarrollo, son un retroceso vergonzoso frente a los derechos conquistados por la lucha de nuestros pueblos”, remató.
Gonzales, que vivió varios años en Argentina como cónsul boliviano, se reunió con representantes de una comunidad enorme en el país austral, de 1,2 millones de personas, y detectó una gran preocupación. “Se ha exacerbado el tema, el rol de los medios es importante, las redes sociales contribuyen también. Eso inquieta a la gente. El Gobierno argentino insiste en que es una norma contra la delincuencia. Estamos tratando de despejar un poco esos fantasmas”. Gonzales apuntó a la mujer de Macri, Juliana Awada, propietaria de una conocida marca de ropa que trabaja mucho con bolivianos en sus talleres y fue acusada de utilizar algunos clandestinos. “Si tienen dudas de cómo trabajan los bolivianos, que le pregunten a Awada cuál es la calidad laboral de los costureros bolivianos”, explica.
Gonzales parece buscar ahora un apaciguamiento para evitar males mayores. Y sin embargo los bolivianos en Argentina están muy inquietos. María Blanco, referente de los bolivianos en Villa Celina, en Buenos Aires, explica que “el miedo es que te armen causas. Te puede expulsar por ocho años. Ya estamos viendo abusos de la policía, que entra en las quintas donde se producen verduras sin orden de allanamiento. Ahora va a ser peor. Esta nueva ley reaviva la xenofobia. Mis hijos nacieron acá. Este es su país. Pero siguen considerados bolivianos, la sociedad nos discrimina. Ahora van a empezar las clases, veremos qué pasa”, se inquieta.
“El problema real es la crisis”, señala Juan Vasquez, de Simbiosis Cultural, otro colectivo de bolivianos. “Hay mucha preocupación porque no hay trabajo. El textil, que es donde más trabajan los bolivianos, está muy mal porque se están abriendo las importaciones. Todos los talleres faltan de alguna manera a la norma. Ahora te pueden expulsar por cualquier cosa”, asegura.
“Muchos ciudadanos paraguayos, bolivianos y peruanos se comprometen como capitalistas o como mulas, como choferes o como parte de una cadena en los temas de narcotráfico”, dijo la ministra Bullrich, desatando la polémica. “Se dicen cosas que no son ciertas. Tenemos el dato oficial de sistema penitenciario bonaerense. De los 39.000 presos que hay en la provincia, solo 190 son bolivianos. Y solo 14 de ellos están ahí por narcotráfico. Esa es la realidad”, sentencia Gonzales. Bullrich insiste: “La ley es la misma que tiene Bolivia, exactamente igual para las personas que tienen antecedentes o cometieron delitos. No son bienvenidas. La ley no tiene nada que ver con la migración, sino con la delincuencia”. Las consecuencias prácticas de la norma se verán con el tiempo. Pero los bolivianos ya empiezan a notar una ola de xenofobia nunca vista en Argentina.
con información de internacional.elpais.com