VICENTE BELLO
México.- Súbitamente un comentario de Rocío Nahle García estremecía al Pleno de la Comisión Permanente: “Tenemos que ir a utilizar nuestras refinerías al 100 por ciento, nadie menciona eso, nadie lo menciona”. Y apostillaba la diputada federal de Morena: “Todo mundo habla de la importación y la importación, y nadie ha discutido que se debe disminuir el porcentaje de importación de gasolina”.
El gasolinazo era, desde el principio, el tema fundamental del sesionar de la Comisión Permanente. Pero, desde que irrumpió en la vida de la República este aumento del precio de las gasolinas, que se recuerde, nadie había hablado de la imperiosa necesidad de que las refinerías que ya tiene el país sean reactivadas a velocidad de vértigo. Y para ello es que proponía Nahle, desde la tribuna, que el Congreso de la Unión se meta en un periodo extraordinario de sesiones, para revisar todos las varias propuestas de modificación del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS).
El PAN ya planteó –y ayer lo refrendaba- que el IEPS sea recortado a la mitad: 50 por ciento; es decir, si el impuesto de marras hizo que las gasolinas y el diesel subieran en su precio más de 4 pesos por litro, entonces el aumento sólo rondaría los 2 pesos, para que la gasolina que anda por los 18.40 pesos, baje a 16.40. Y así la otra y el diesel.
El PRD salió desde que comenzó el año como madre ardiendo (fue uno de los que agarraron la pata a la vaca, cuando el PRI insufló la reforma a la ley de Ingresos de la Federación 2017 y a la Ley de Ingresos en Materia de Hidrocarburos para que quedase el Ieps insertado a los litros de gasolinas, a partir de este 1 de enero) con la propuesta de que el susodicho Ieps bajase al 10 por ciento, como estaba hasta 2015.
El Partido Movimiento Ciudadano propuso ayer que el Ieps sea recortado 37 por ciento. Y el Morena planteó este miércoles que sea recortado 60 por ciento.
De veras que en el Congreso muy poco hacen los diputados y senadores por recordar que, en el estado de Hidalgo, quedó un terrenote sin utilizar, y apenas con la barda, que costó millones de pesos. Era el sitio con que Felipe Calderón Hinojosa, entonces presidente de México, dijo que sería construida una refinería, para incrementar la producción de gasolina, que entonces (2009, año en que se hablaba de la construcción aquella) andaba por una importación del 47 por ciento.
Ocho años después, México importa el 64 por ciento de la gasolina que se consume; 90 por ciento, proveniente de refinerías de los Estados Unidos de América, según datos de la Secretaría de Energía.
Ayer, en la sesión de la Permanente, el senador Manuel Bartlett Díaz recriminó al Senado por haber asegurado que se instalaba una mesa de trabajo para revisar el tema de la seguridad interior, con fines de iniciar la discusión de cuatro iniciativas encaminadas a crear la Ley General de Seguridad Interior, con la que se pretendería militarizar al país.
Bartlett dijo: “Cuando tenía que haberse llevado a cabo hubo una cuestión ahí extraña, no se llevó a cabo la sesión y, sin embargo, en la tarde saca un boletín que dice que al término de la reunión, ¿verdad?, se estableció otra con carácter privado, que sostuvieron los representantes de las Cámaras de Diputados y Senadores, con carácter privado.
“Por lo que simplemente no se llevó a ninguna discusión y se prepara ya abiertamente el militarizar el país sin ninguna participación de ningún tipo, habiendo sido acordado al término de una reunión de carácter privado, y no es de carácter privado discutir si este país va a entrar en un proceso de régimen policiaco militar o no. Es una situación muy grave”.
El tema de la militarización del país encaja en el contexto del aumento de las gasolinas, del que se han derivado reclamos muy airados de grandes sectores de la población.
Por cierto, no pasó desapercibido ayer en el Congreso el gesto de rebeldía de la Coparmex, que ha comenzado a plantear soluciones literalmente iguales a las que ha estado proponiendo el partido de Andrés Manuel López Obrador.
Miguel Barbosa Huerta, senador del PRD, dijo, a propósito del tema de seguridad interior: “¿Se necesita una regulación? Sí. Los temas de seguridad pública siempre estarán a cargo de las autoridades civiles. Que no se piense que una ley de seguridad interior va a ser aquella que permita a los militares, que permita al Ejército manejar el proceso indagatorio y de investigación y de todo lo relacionado a la persecución de delitos.
En opinión de Rocío Nahle, todos esto forma parte de una estrategia planeada desde que comenzó el sexenio. Y ejemplificaba con lo del aumento de las gasolinas: “¿Qué quiere decir? Que esto ya lo tenían previsto, que esto no es porque vino del exterior, que esto no es porque aumentó el precio del petróleo, esto ya lo tenían previsto. Eso no es lo peor, lo peor es que todavía nos esperan tres gasolinazos más en febrero: el 4 de febrero, el 11 de febrero y el 18 de febrero, de acuerdo a lo que publicó a finales de diciembre la propia Secretaría de Hacienda”.
Y es en febrero, da la casualidad, en que el PRI tiene planeado aprobar la Ley General de Seguridad Interior, que voces como la de Manuel Bartlett califican como la ley de la militarización del país.
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