Francisco Vásquez
Oaxaca, México.- A tres meses del asesinato de 13 indígenas chontales en la región Sierra Sur, hasta la fecha la Fiscalía General del Estado no ha logrado la detención de los autores materiales e intelectuales de la masacre, asimismo, el gobierno de Oaxaca no ha otorgado el apoyo con el que se había comprometido a los deudos y sobrevivientes.
Datos oficiales señalan que el ataque armado ocurrió la tarde del 16 de julio, cuando un grupo de 26 habitantes del municipio de Santa María Ecatepec acudió a la parcela comunitaria a realizar trabajos de limpieza, la cual se ubica en el paraje conocido como Cerro de Cara a ocho kilómetros de la población, ahí presuntamente fueron emboscados por habitantes de San Lucas Ixcotepec, localidad perteneciente al municipio de San Carlos Yautepec.
Agresión derivada de un añejo conflicto agrario por la disputa de 3 mil 660 hectáreas de tierra que data de hace más de 30 años, del ataque hubo 13 sobrevivientes, tres de ellos heridos por armas de fuego, los cuales se internaron en el bosque y tuvieron que esperar a que cayera la noche para poder regresar a su pueblo.
Los familiares de las víctimas han alzado la voz para exigir justicia y castigo a los responsables de este crimen, además de que existe molestia entre los deudos de las víctimas, porque el gobierno estatal, que encabeza Alejandro Murat Hinojosa, no ha cumplido su compromiso de apoyar a las familias, así como la Fiscalía no ha capturado a los autores materiales e intelectuales de la masacre.
Según los afectados, el gobierno sólo pagó la atención médica durante la emergencia, después, ellos han tenido que costear sus viáticos, consultas, estudios y medicinas, aunado a que no hubo indemnización a las familias afectadas que perdieron sus cultivos ubicados en la zona del conflicto, a pesar de que fue un compromiso del gobierno.
En la última reunión de seguimiento a la investigación y esclarecimiento de los hechos violentos efectuada en el mes de agosto entre el Comité de Víctimas de Santa María Ecatepec y la Fiscalía General del Estado, la institución encargada de procurar justicia dijo ya tener “avances”, ahí pidieron a la Fiscalía que en base a sus atribuciones solicite la intervención inmediata de la Procuraduría General de la República (PGR), para que contribuya en las investigaciones.
También pidieron al gobierno de Oaxaca solicite la presencia permanente de elementos del Ejército mexicano en la zona del conflicto para brindar las garantías de seguridad a los familiares de las víctimas y demás habitantes del municipio de Santa María Ecatepec, ya que viven en la incertidumbre y miedo.
Segego minimizó conflicto
En este contexto, la Secretaría General de Gobierno (Segego) había minimizado el conflicto por tierras entre estas dos comunidades, ya que no estaba considerado entre las 29 disputas agrarias consideradas de alto riesgo por la Junta de Conciliación Agraria de esta dependencia, actualmente existen 364 pugnas territoriales activas, pero sólo 124 son atendidas en mesas de diálogo, donde ambas partes trabajan para lograr en acuerdo de conciliación.
Cabe señalar que los pobladores de Santa María Ecatepec mantienen conflictos con tres comunidades vecinas, en lo que respecta a Ixcotepec la disputa es por tres mil 660 hectáreas; con Asunción Tlacolulita es por nueve mil 775 hectáreas y con San Bartolo Yautepec por cuatro mil 409 hectáreas.
La otra versión
Por su parte, un día después de la masacre, mediante un comunicado, las autoridades de San Lucas Ixcotepec, señalaron que los comuneros de Santa María se encontraban armados y fueron ellos quienes iniciaron con la agresión verbal y armada, puesto que cuando los comuneros de Santa María realizan actividades en el territorio en conflicto, siempre hay personas armadas cuidando los alrededores de las parcelas.
Agregaron que, el conflicto se avivó desde septiembre de 2016, cuando la comunidad de Santa María Ecatepec bloqueó el libre tránsito a los comuneros de San Lucas Ixcotepec con dirección a la ciudad de Oaxaca y al Istmo de Tehuantepec, “además, en varias ocasiones obstruyeron el paso de mercancía da la tienda Conasupo y los medicamentos a la Unidad de Salud. Este bloqueo continuó hasta mayo de 2018”, refieren.
“Durante estos casi dos años, se ha intentado resolver la situación por la vía legal y de consenso a través del diálogo. Desde las oficinas de conciliación del gobierno del estado, con sede en Ciudad Administrativa, se han convocado a mesas de diálogo a las autoridades agrarias de ambas comunidades, donde las autoridades de Ecatepec no asistieron a varias de ellas, como consta en las minutas firmadas”, abundan.
Por ello, del asesinato de los 13 indígenas hicieron responsables a los tres órdenes de gobierno, debido a su indiferencia y omisión en la resolución de este tipo de conflictos. Lo que contradice la versión de San Lucas Ixcotepec son los peritajes de la Fiscalía General del Estado, los cuales señalan que ninguna de las 13 personas asesinadas portaba armas de fuego a la hora del ataque.
Cabe destacar que actualmente no hay diálogo entre las autoridades agrarias de ambas comunidades, asimismo, las autoridades gubernamentales continúan con su actitud omisa, lo que podría generar otro conflicto de igual o mayor magnitud.
