* El doctor Jorge Alberto Castro Solís, uno de los 11 cadáveres tirados en Boca del Río había sido secuestrado cinco días antes. Sujetos armados lo bajaron de su coche cuando se disponía a dejar a su hijo en el colegio. La tarde del sábado, antes de que fuera reclamado por la familia, el Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, difundió los tatuajes del cadáver pendiente de identificar para apoyarse en la opinión pública y lograr que lo reclamaran. Lo ubicó como “la persona de mayor relevancia en el grupo” de supuestos criminales por los tatuajes que tenía.
Por Laura Rojas
Ciudad de México (SinEmbargo/BlogExpediente).– Era doctor y fue privado de su libertad en Poza Rica la última de las once víctimas de la matanza de Boca del Río. Se llamó Jorge Alberto Castro Solís, hasta su muerte, director de una clínica particular.
La tarde del sábado, antes de que fuera reclamado por la familia, el Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, difundió los tatuajes del cadáver pendiente para apoyarse en la opinión pública y lograr que lo reclamaran.
Yunes reiteró que al menos cinco de las víctimas presentaban antecedentes penales y dio a entender que por ello se derivaba la muerte, más no dijo por cuáles delitos.
Pero Yunes manifestó que habían decidido hacer públicos los tatuajes del cadáver, ya que la familia no lo había reclamado, y dado la saña con la cual le dieron muerte era indicativo de que “podría ser una persona de mayor relevancia en este grupo”.
Dijo el Gobernador que “esta persona fue sometida a un trato más cruel que la demás víctimas y el que no haya sido identificado o reclamado nos da la hipótesis de que podría ser una persona relevante en estos hechos”.
Al circular los tatuajes en redes sociales, la familia del médico supo que se trataba de Jorge Alberto Castro Solís por los tatuajes que decían “Doctor Dom” y “Magaly”, el nombre de su esposa, asesinada a balazos el año pasado en Puebla, y de inmediato se comunicaron con la Fiscalía.
El Ejecutivo estatal confirmó que de las 11 víctimas varios no se habían presentado a sus domicilios entre cuatro y tres días atrás, por lo que descartó que hubieran sido hechos desencadenados el mismo martes de carnaval.
EL SECUESTRO
El médico Jorge Alberto Castro Solís, director de la Clínica particular Alem, de Poza Rica, fue privado de su libertad hace cinco días en la colonia Tepeyac. Sujetos armados lo bajaron de su coche cuando se disponía a dejar a su hijo en el colegio.
El doctor fue atacado con armas de fuego, testigos afirmaron que al menos le dieron tres balazos en brazos y piernas, en tanto que su hijo logró correr para ponerse a salvo en la escuela.
Desde entonces, la familia del doctor no sabía nada de su paradero, aunque se desconoce si pusieron formal denuncia por su desaparición; en redes sociales estuvieron muy activos dando a conocer información relacionada a su ausencia, incluso, pidieron a sus captores que llamaran para negociar el rescate a cambio de su liberación.
La esposa de la víctima, Lizeth Magali Quinteno Rivera, fue asesinada cuando manejaba su camioneta con rumbo a la ciudad de México, acompañada de su madre, quien también recibió un disparo en una mano.
Los hechos se presentaron en septiembre de 2016 sobre la carretera México-Tuxpan, dentro del estado de Puebla. Se dijo que había sido un intento de asalto, sin embargo, hay versiones de que sus agresores la siguieron durante varios kilómetros, desde que salió de su domicilio en Poza Rica, para asesinarla.
Este caso, como dijo el Gobernador Yunes Linares, el caso del Doctor Dom era de vital importancia para entender la matanza, por lo menos queda claro que no pudo haberse cometido sin la complicidad de sus policías, la herencia maldita de Arturo Bermúdez y de Javier Duarte de Ochoa.
EL PODER DEL CÁRTEL
Blogs especializados en narcotráfico, como Notinfomex, han ventilado que los responsables de la matanza fueron integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación, en una escalada de violencia después de que la Secretaría de Marina (Semar) lanzó una cacería por cielo, aire y tierra para encontrar a tres infantes del área de inteligencia privados de su libertad a principios de febrero pasado, en la zona norte del puerto jarocho.
Alrededor de esta desaparición han sido asesinadas al menos cinco personas presuntamente vinculados al cártel por civiles armados que, según versiones de testigos en la escena del crimen llegan en unidades no oficiales, pero con placas de la Semar.
El hecho más violento se dio el martes pasado de carnaval, durante la madrugada, cuando personal de la Semar arribó a una vivienda de interés social en el fraccionamiento Villa Rica de Veracruz, presunta casa de seguridad de la delincuencia, en donde los navales dieron muerte a dos presuntos sicarios en medio de una cruenta balacera.
En un comunicado, la Semar indicó que su personal “fue objeto de una agresión armada y en respuesta resultó herido un elemento naval y dos presuntos imputados perdieron la vida al resistir su agresión”. Antes de que pasaran 24 horas, la delincuencia ya tenía la respuesta, lanzando once cadáveres en la vía pública, con un mensaje: “si quieren guerra, guerra van a tener”, aunque no estaba firmado; el grupo hegemónico de la delincuencia en Veracruz y Boca del Río es el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que desde 2011 arrebató la plaza a Los Zetas a sangre y fuego.
Uno de sus operaciones más espectaculares, encaminada para despertar terror en los enemigos, fue el haber dado muerte a 35 personas, cuyos cadáveres posteriormente lanzaron en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, frente a Plaza Américas, hecho al que le siguieron al menos otras cuatro matanzas que hasta ahora están impunes.
CRIMINALIZAR COMO POLÍTICA
“Se matan malos contra malos”, “son delincuentes y por eso los matan”, “a los buenos veracruzanos no les pasa nada”, “el que nada debe, nada teme”, “todos sabemos quiénes son las manzanas podridas”, son frases que fueron repetidas constantemente por el anterior Gobernador, Javier Duarte de Ochoa, para tratar de justificar la escalada de violencia en su estado, y que en su momento, siendo oposición, el ahora gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, las rechazó y capitalizó electoralmente.
Ahora, en el poder, Yunes Linares recurre al mismo esquema: “Los homicidios son producto de un pugnas entre grupos de la delincuencia”, “los veracruzanos que trabajan y son gente de bien no tienen que preocuparse, se están matando entre ellos”, los once muertos de Boca del Río fueron producto “de una guerra entre delincuentes”, ha salido a decir reiteradamente.
Sin embargo, al darse a conocer que varios de ellos no cuentan con antecedentes penales, el sábado por la tarde Yunes Linares tuvo que recular y reconocer que cinco no tenían historial delictivo, más no ofreció disculpas a las familias agraviadas en la memoria de sus víctimas.
